Escrito por oficina de prensa PCChile
23 de Marzo de 2010
Impactantes y motivadoras experiencias, junto a propuestas creativas surgieron en un importante encuentro que sostuvieron en la Municipalidad de San Miguel, los diputados comunistas Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez con alcaldes y concejales, a propósito de la catástrofe nacional que asoló nuestro país.
A la reunión asistieron, además, el geofísico y sismólogo Armando Cisternas y el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudio Arriagada, alcalde de La Granja. La concejala de Coronel, Tania Concha, entre otras autoridades comunales de las regiones más afectadas por el sismo y tsunami del 27 de febrero pasado denunció que la empresa privada Essbío "no ha entregado ni una sola gota de agua para la población de Coronel, en una demostración palpable de inhumanidad e indiferencia ante la tragedia".
En Coronel se registraron 10 muertos e inmenso daños materiales, sobre todo en viviendas y diversos lugares quedaron absolutamente inservibles para instalar nuevamente casas habitaciones. Desde Lebu Gloria Valderas, concejala de la comuna de Lebu, denunció a su vez que el gobierno regional "no reconoce la ocurrencia de un tsunami en el puerto y sólo lo califica como "marejadas", pero a que se registran hasta el momento 6 muertos y 4 personas desaparecidas. La representante indicó que "es necesario plantear las consecuencias de esta catástrofe como una fortaleza para que Lebu deje de ser un territorio subsidiado e inicio un período de desarrollo productivo". Al respecto, expresó que la ministra del Trabajo estuvo en la zona y prometió 13 mil nuevos empleos. "Es indispensable que ellos vayan a construir un mejor puerto que el que teníamos", agregó. Un somero diagnóstico de la realidad en el sector pesquero indica que de las 181 naves existentes antes del sismo, 71 tienen daños graves, una con pérdida total, 39 con daños relativos y 70 con pérdida de su equipamiento.
Asimismo, en Lebu has 100 viviendas destruidas, 300 inhabitables, 300 no catastradas hasta el momento y 100 con daños importantes. "Por el momento, el problema más importante es proveer de un caudal al río que se secó como consecuencia del sismo. El CORE hizo entrega de apenas 30 mil millones de pesos para todas las comunas de la provincia, cantidad que se gastó en su gran mayoría". La concejala afirmó que se necesitan 20 millones de dólares para reconstituir Lebu, ciudad donde se registra una cesantía de 23% y que está amenaza con nuevos derrumbes hacia el río apenas se inicien las lluvias invernales. Gloria Valderas afirmó que las empresas privadas de servicios como Essbío y Frontel no reaccionaron en ayuda de la población y descansaron en la labor de la municipalidad y los bomberos. Al respecto, señaló que la Armada, el Ejército y el gobierno no garantizaron la seguridad de la población durante la emergencia.
Desde Constitución El concejal de Constitución Carlos Zúñiga reseñó la realidad de una de las comunas más golpeadas por el sismo y el tsunami. "Una comuna de 56 mil habitantes que viven de la actividad forestal, turística, pesca y de la agricultura de subsistencia". La empresa Celulosa Arauco que tiene 1.100 trabajadores directos y 6.000 indirectos se encuentra paralizada y si la cesantía llegaba, antes de la catástrofe, al 10.4%, alcanzará al 35%. "En el plano de Constitución hay dos mil viviendas destruidas, en el cerro O'Higgins, se habían construido cinco bloques que dejaron sin casas a un centenar de personas. Las pérdidas totales en viviendas alcanzan a las cuatro mil y las víctimas fatales a 90 personas, hasta el momento y 45 desaparecidas. En el importante sector pesquero de la zona, el puerto construido durante el gobierno popular de Salvador Allende se partió en tres partes y se estaba estudiando convertirlo en puerto pesquero al año 2012, pero ahora se desconocen los planes del actual gobierno al respecto.
En Constitución hay 20 escuelas, 10 en el plano y 12 rurales, de las cuales 6 son municipales y 4 resultaron dañadas, además del liceo para 1.200 alumnos que tiene que ser demolido en un 50%. El 70% de los estudiantes no cuenta ahora con un establecimiento educacional. El concejal alertó sobre el hecho de que la asignación de recursos para reconstruir viviendas dañadas debe considerar que en el plano de la ciudad hay gran cantidad de adultos mayores de la clase media baja que vive de arriendos o de pensiones. El comercio local de encuentra prácticamente en el suelo. "Los comerciantes temen que, a propósito de la actual destrucción compren los terrenos grandes malls o cadenas de tiendas y arrojen a los pequeños y medianos comerciantes lejos del centro". La autoridad reclamó al menos subsidios para casas de 60 metros cuadrados como mínimo, tomando en cuenta que unas 2 mil personas se encuentran en los campos, en los cerros y la empresa Arauco está dispuesta a entregar 4 hectáreas a 7 kilómetros de Constitución para instalarlos. Actualmente se están entregando mediaguas apenas con un baño cada tres, sin duchas y el agua potable se les suministra en camiones aljibes. En materia de pesca había 100 botes, de los cuales 30 son recuperables, sobre todo a través de créditos o donativos para adquirir los aperos perdidos. La Poza, un sector muy postergado es en estos momentos el único puerto provisorio en lugar de Meguillines.El 30% del plano no será apto para habitar y tampoco en la rivera del río Maule.
El Colegio de Profesores está planteando iniciar las clases el 5 de abril, aunque el Liceo Politécnico debe ser destruido y tres de los 5 colegios particulares tienen severos daños. En la zona campesina, los colegios rurales tienen severos daños pero deben habilitarse cuanto antes porque aseguran la alimentación de los niños. En general hay 10 mil habitantes severamente afectados. Zúñiga reveló que durante la emergencia de la madrugada del sábado 27 de abril sólo aparecieron para tomar las primeras medidas, el alcalde, el concejal del PC, 5 funcionarios y los bomberos. Ellos mismos pidieron la colaboración de las fuerzas armadas, “pero para una misión de paz, de reconstrucción”. Propuestas Desde Constitución surge la propuesta de una ley de reconstrucción que incluya el no pago de contribuciones para los propietarios de las zonas amagadas, que sean eliminados de Dicom los deudores morosos, que se les prorroguen los pagos de créditos a los artesanos, micro, pequeños y medianos empresarios y comerciantes, al menos por un año.Asimismo, a quienes eran dueños de sus casas mediante subsidios, que se les conceda otro para que obtengan otra vivienda. Respecto al sector pesquero, se hace indispensable un subsidio especial para embarcaciones porque sólo en la caleta Pellines se necesitan 35 botes para reanudar las faenas.
En materia de mediaguas, en medio del debate nacional sobre su eficacia y real condición de “solución de emergencia” –que en la mayoría de los casos se convierte en vivienda definitiva- se destaca que esta zona es eminentemente maderera, por que “los habitantes de la ciudad y sus alrededores están en condiciones de construirlas con sus propias manos, sólo les faltaría zinc y pizarreño. El concejal Zúñiga denuncia con preocupación que la autoridad de la superintendencia de telecomunicaciones habría manifestado que la Radio Nuevo Mundo funciona en forma ilegal en Constitución. “La emisora, en la calle, se transformó en un instrumento esencial para el reencuentro de familias, información sobre personas y otras labores de comunicación entre la población y las autoridades”. El sistema local de comunicaciones se cayó al momento mismo del sismo. Palabra autorizada Entre los invitados al encuentro de concejales y alcaldes con los diputados del PC estuvo presente el geofísico y sismólogo Armando Cisternas quien llamó a “que los chilenos aprendamos a vivir con terremotos, en un país construido sobre sismos. Recordó la magnitud del producido en el año 60, muy superior al del 27 de febrero pasado.
El experto explicó que las estrictas normas antisísmicas que se aplicaban desde la década de los 60 y que fueron descentralizadas y su control entregado a manos privadas. Comentó que el Servicio Hidro-Oceanográfico de la Armada (SHOA) debería estar bajo la fiscalización de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI). El especialista adelantó que hay preocuparse de los cálculos que estiman bastante probable un próximo sismo de gran magnitud en la zona norte del país. Por lo mismo, opinó que “es una irresponsabilidad que en la costa de Iquique se haya construido la Intendencia de la región y un hospital de emergencia a metros de la playa. “Chile, siendo un país sísmico se olvida rápidamente de cada uno de los terremotos en cada ciclo. Debemos garantizar las construcciones antisísmicas y propender a que tengamos más profesionales del área, como por ejemplo, ocurre en países como Japón. Los geofísicos y sismólogos se cuentan con los dedos de la mano en nuestro país”. Finalmente, Cisternas advirtió que la red sísmica nacional se ha burocratizado en el último período y no hay renovación de instrumentos con alta tecnología, asimismo, insistió que En las llamadas “zonas inundables” no deben autorizarse construcciones de ningún tipo”. Alberto Neumann
El concejal de Valparaíso, Alberto Neumann explicó que hay 40 mil damnificados en la zona, lo que redunda en una urgente necesidad de techo y trabajo para estas personas. Hay 26 fallecidos y 6 desaparecidos. Los sectores más amagados están en Llolleo, San Antonio y la isla de Juan Fernández. En total hay 20 mil viviendas dañas y el turismo local ha sufrido un fuerte impacto.Destacó la necesidad de enfrentar el tema desde las perspectivas de la prevención y la emergencia. Respecto a la reconstrucción, indicó que debe incluir una nueva normativa, ajustes legislativos y recursos que incluyan al Estado y al mercado. Comentó que el actual debate sobre el costo varía entre 17 a 20 mil millones de dólares de uno de los estudios formales sobre el tema, hasta los 30 mil millones anunciados por el gobierno, pese a que hay informes sobre un a cifra no superior a los 8 mil millones de dólares, porque hay que considerar los seguros comprometidos que alcanzarían a otros 8 mil millones de dólares.Sobre las reasignaciones presupuestarias anunciadas por el Gobierno por 883 millones, el 20-30% es para el sector público y el 70% para el privado. Neumann propuso que se revisara el tema del royalty a las empresas mineras y a los impuestos., así como un ajuste tributario temporal y alteró sobre el anuncio oficial de poner en venta en el mercado “activos prescindibles”, es decir, las empresas fiscales que aún se mantienen, incluido tal vez el 20% de Codelco. El concejal porteño recordó que la ley 16.282 sobre sismos y catástrofes y la de construcciones y urbanismo se reactualizaron en el año 1977 y los planos reguladores quedaron rápidamente en manos de los municipios.
El propio Miguel Flores, subsecretario del actual gobierno reconoció la necesidad de reformular la legislación municipal. Afirmó que a su juicio, el Gobierno no está asistiendo como corresponde a los municipios, sobre todo en materia de mediaguas, labor que está entregada mayoritariamente a empresas privadas como Un techo para Chile. La Asociación de Municipalidades El presidente de la Achimun, Claudio Arriagada, alcalde de La Granja también hizo una crítica a la labor realizada por el gobierno saliente y el actual respecto a la reacción ante la catástrofe. Recordó la incomunicación en que vivió el país aunque existen 16 millones de equipos de telefonía celular en manos de los ciudadanos. Respecto a la forma en que se está enfrentando la emergencia, confía en que ministra de la Vivienda, Magdalena Matte se pondrá rápidamente al día y comprenderá la necesidad de activar los dispositivos para solucionar los problemas.
Sobre el tema educacional, llamó la atención de enfrentar la crisis pensando en la infraestructura, el plantel docente y los alumnos más que en los sostenedores y las subvenciones. Desastre en la capital Los concejales de la Región Metropolitana coincidieron en calificar de “un terremoto mentiroso” el sismo porque las consecuencias no se avizoran fácilmente en Santiago. Los mayores estragos se registran en el patrimonio histórico, liceos emblemáticos, hospitales y los interiores de casas, además de ciertas edificaciones de departamentos. Tamara Hommel, de Pudahuel llamó la atención sobre la necesidad de incluid en la Ley de Protección civil los planes ante una emergencia. Expresó que es indispensable definir el carácter de la reconstrucción desde el punto de vista de clase, de las organizaciones sociales y la movilización. Por lo mismo, llamó a defender, por ejemplo, el hospital Félix Bulnes, gravemente dañado, que es un patrimonio del Bicentenario y corre el riesgo de ser demolido.
El concejal de Conchalí Ricardo Montero llamó la atención que todos los municipios de la Región Metropolitana están desfinanciados y que las organizaciones sociales no están suficientemente activas por lo cual, junto a las labores que le conciernen a las juntas de vecinos, es necesario implementar Comités de Damnificados para enfrentar directamente los problemas con participación plena de los afectados ante las autoridades. Claudia Pascual, de Santiago, informó que de las 67 mil casas, solo se han catastrado 22 mil, registrándose 3 mil viviendas dañadas; de los cuatro consultorios de salud, dos permanecen todavía cerrados, así como dos jardines infantiles. “El terremoto mostró la pobreza escondida en la capital –afirmó- destacando la presencia entre estos damnificaciones de una gran mayoría de adultos mayores solos, el hacinamiento de hasta 4 generaciones en una vivienda, así como la precaria situación de los 12 mil migrantes, entre peruanos, ecuatorianos, bolivianos y de otras nacionalidades. Hace falta coordinar la labor de las juntas de vecinos y otras organizaciones sociales y la necesidad de llevar adelante un catastro completo de los afectados y su estratificación social que incluya desde artesanos, pequeños comerciantes y sus problemas de vivienda, salud, educación y sistema vial. Sobre la mala construcción de edificios modernos alteró que los departamentos de obras municipales chequean las autorizaciones a través de meros documentos, sin seguimiento de las construcciones. “Esta es una práctica impuesta desde los tiempos que el alcalde de Santiago era Jaime Ravinet”, aseguró. También afirmó que el Registro de certificadores Estructurales están manos privadas. Asimismo, el Serviu y los departamentos de obra deben incorporar debates participativos para resolver las demandas inmobiliarias, “no más proyectos inmobiliarios especulativos”, expresó la concejala. También planteó propuestas concretas para iniciar la reconstrucción, entre ellas la revisión de los planos reguladores, el no pago de contribuciones ni de los permisos de reconstrucción de demoliciones, que deben pagar los propietarios de los inmuebles afectados. Recordó que el actual estado de excepción ante catástrofes autoriza la requisa de maquinarias, como retroexcavadoras y otras, así como de alimentos para la población damnificada. Claudia Pascual estima necesario dar subsidios especiales a las zonas patrimoniales, incluidos los monumentos nacionales. Sobre el valor del suelo, se mantiene muy oneroso y debe darse preeminencia a la construcción de viviendas sociales y, para ello, crear un poder comprador del ministerio de la Vivienda.
Finalmente llamó a revisar la actual ficha de Protección Social que ha mostrado sus omisiones y carencia en esta emergencia. La concejala de Maipú Nadia Avalos destacó que el sismo fue simbolizado en los medios de comunicación a través del edificio Don Matías que se desplomó, pero la tragedia es mucho mayor. Llamó la atención sobre la carencia en Chile de una profesión que es especialmente necesario, la de ingeniero estructural calculista. Explicó que afortunadamente el agua potable es municipal en la comuna de Maipú e instó a defender esta situación ante las intenciones de ciertos empresarios para privatizarla. Al respecto, afirmó que la coordinación entre vecinos se está consolidando para enfrentar a las inmobiliarias y que las responsabilidades municipales ante la acción de las inmobiliarias es meramente administrativa. Desde Curanilahue El concejal Leonidas Peña denunció que el liceo municipal de Curanilahue está con daño estructural y el hospital con graves daños. Considerando que hay 3 mil personas en los planes de empleo, la desocupación sigue aumentando. El suministro de agua potable ha llegado al 90% de la población y existe un solo albergue para damnificados. Refiriéndose al tema de las mediaguas, recordó que tras el sismo en Tocopilla del año 2005, la gente continúa viviendo en ellas pese a que se trataba de una emergencia. Los trabajadores El consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Guillermo Salinas denunció que ciertos empresarios están abusando de los artículos 159 y 151 para realizar despidos arbitrarios e injustificados. Además, se aplica la norma de cierre o adelantamiento de faenas y hay casos como ASMAR, en la Región del Bio Bio que mantiene la incertidumbre sobre el futuro para miles de trabajadores. La CUT propone postergar el convenio de trabajadores y empresarios con el gobierno para capacitación de trabajadores durante períodos de baja producción, que se extienda por un año más, pese a que fue instaurado el sistema durante la crisis económica del año pasado.
También se plantea reformular el seguro de desempleo y coordinar la capacitación con la reconstrucción del país. Afirmó que el actual programa de generación de empleos debe ser reemplazado por una labor de mayor fiscalización y asegurar un ingreso mínimo y una solución previsional para los beneficiados por el PGM. Instó a observar el comportamiento del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) respecto a los pequeños campesinos para agilizar la comercialización, los canales de regadía y la producción para impedir una crisis alimentaria. Respecto a la CORFO, afirmó que debe asumir proyectos productivos. Los jóvenes El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Julio Sarmiento, abundó en las actividades del brigadismo y el voluntariado que movilizó a las de 20 estudiantes secundarios y universitarios. Reveló que en el caso de la instalación de mediaguas, la empresa Un Techo para Chile no se hace responsable, sino que ello recae en cada municipio. Llamó la atención que las nuevas viviendas tienen dos techos por lo cual pueden ampliarse y ello conlleva a convertirlas en una solución casi definitiva. Sarmiento anunció que las universidades públicas, estatales, han acordado “apadrinar” las zonas afectadas e indicó que la educación superior debe asumir un rol en la reconstrucción del país y que, actualmente, están enviando equipos técnicos para trabajar en ciudades como Parral y Retiro en la Sexta Región y en Lota y Paredones
23 de Marzo de 2010
Impactantes y motivadoras experiencias, junto a propuestas creativas surgieron en un importante encuentro que sostuvieron en la Municipalidad de San Miguel, los diputados comunistas Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez con alcaldes y concejales, a propósito de la catástrofe nacional que asoló nuestro país.
A la reunión asistieron, además, el geofísico y sismólogo Armando Cisternas y el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudio Arriagada, alcalde de La Granja. La concejala de Coronel, Tania Concha, entre otras autoridades comunales de las regiones más afectadas por el sismo y tsunami del 27 de febrero pasado denunció que la empresa privada Essbío "no ha entregado ni una sola gota de agua para la población de Coronel, en una demostración palpable de inhumanidad e indiferencia ante la tragedia".
En Coronel se registraron 10 muertos e inmenso daños materiales, sobre todo en viviendas y diversos lugares quedaron absolutamente inservibles para instalar nuevamente casas habitaciones. Desde Lebu Gloria Valderas, concejala de la comuna de Lebu, denunció a su vez que el gobierno regional "no reconoce la ocurrencia de un tsunami en el puerto y sólo lo califica como "marejadas", pero a que se registran hasta el momento 6 muertos y 4 personas desaparecidas. La representante indicó que "es necesario plantear las consecuencias de esta catástrofe como una fortaleza para que Lebu deje de ser un territorio subsidiado e inicio un período de desarrollo productivo". Al respecto, expresó que la ministra del Trabajo estuvo en la zona y prometió 13 mil nuevos empleos. "Es indispensable que ellos vayan a construir un mejor puerto que el que teníamos", agregó. Un somero diagnóstico de la realidad en el sector pesquero indica que de las 181 naves existentes antes del sismo, 71 tienen daños graves, una con pérdida total, 39 con daños relativos y 70 con pérdida de su equipamiento.
Asimismo, en Lebu has 100 viviendas destruidas, 300 inhabitables, 300 no catastradas hasta el momento y 100 con daños importantes. "Por el momento, el problema más importante es proveer de un caudal al río que se secó como consecuencia del sismo. El CORE hizo entrega de apenas 30 mil millones de pesos para todas las comunas de la provincia, cantidad que se gastó en su gran mayoría". La concejala afirmó que se necesitan 20 millones de dólares para reconstituir Lebu, ciudad donde se registra una cesantía de 23% y que está amenaza con nuevos derrumbes hacia el río apenas se inicien las lluvias invernales. Gloria Valderas afirmó que las empresas privadas de servicios como Essbío y Frontel no reaccionaron en ayuda de la población y descansaron en la labor de la municipalidad y los bomberos. Al respecto, señaló que la Armada, el Ejército y el gobierno no garantizaron la seguridad de la población durante la emergencia.
Desde Constitución El concejal de Constitución Carlos Zúñiga reseñó la realidad de una de las comunas más golpeadas por el sismo y el tsunami. "Una comuna de 56 mil habitantes que viven de la actividad forestal, turística, pesca y de la agricultura de subsistencia". La empresa Celulosa Arauco que tiene 1.100 trabajadores directos y 6.000 indirectos se encuentra paralizada y si la cesantía llegaba, antes de la catástrofe, al 10.4%, alcanzará al 35%. "En el plano de Constitución hay dos mil viviendas destruidas, en el cerro O'Higgins, se habían construido cinco bloques que dejaron sin casas a un centenar de personas. Las pérdidas totales en viviendas alcanzan a las cuatro mil y las víctimas fatales a 90 personas, hasta el momento y 45 desaparecidas. En el importante sector pesquero de la zona, el puerto construido durante el gobierno popular de Salvador Allende se partió en tres partes y se estaba estudiando convertirlo en puerto pesquero al año 2012, pero ahora se desconocen los planes del actual gobierno al respecto.
En Constitución hay 20 escuelas, 10 en el plano y 12 rurales, de las cuales 6 son municipales y 4 resultaron dañadas, además del liceo para 1.200 alumnos que tiene que ser demolido en un 50%. El 70% de los estudiantes no cuenta ahora con un establecimiento educacional. El concejal alertó sobre el hecho de que la asignación de recursos para reconstruir viviendas dañadas debe considerar que en el plano de la ciudad hay gran cantidad de adultos mayores de la clase media baja que vive de arriendos o de pensiones. El comercio local de encuentra prácticamente en el suelo. "Los comerciantes temen que, a propósito de la actual destrucción compren los terrenos grandes malls o cadenas de tiendas y arrojen a los pequeños y medianos comerciantes lejos del centro". La autoridad reclamó al menos subsidios para casas de 60 metros cuadrados como mínimo, tomando en cuenta que unas 2 mil personas se encuentran en los campos, en los cerros y la empresa Arauco está dispuesta a entregar 4 hectáreas a 7 kilómetros de Constitución para instalarlos. Actualmente se están entregando mediaguas apenas con un baño cada tres, sin duchas y el agua potable se les suministra en camiones aljibes. En materia de pesca había 100 botes, de los cuales 30 son recuperables, sobre todo a través de créditos o donativos para adquirir los aperos perdidos. La Poza, un sector muy postergado es en estos momentos el único puerto provisorio en lugar de Meguillines.El 30% del plano no será apto para habitar y tampoco en la rivera del río Maule.
El Colegio de Profesores está planteando iniciar las clases el 5 de abril, aunque el Liceo Politécnico debe ser destruido y tres de los 5 colegios particulares tienen severos daños. En la zona campesina, los colegios rurales tienen severos daños pero deben habilitarse cuanto antes porque aseguran la alimentación de los niños. En general hay 10 mil habitantes severamente afectados. Zúñiga reveló que durante la emergencia de la madrugada del sábado 27 de abril sólo aparecieron para tomar las primeras medidas, el alcalde, el concejal del PC, 5 funcionarios y los bomberos. Ellos mismos pidieron la colaboración de las fuerzas armadas, “pero para una misión de paz, de reconstrucción”. Propuestas Desde Constitución surge la propuesta de una ley de reconstrucción que incluya el no pago de contribuciones para los propietarios de las zonas amagadas, que sean eliminados de Dicom los deudores morosos, que se les prorroguen los pagos de créditos a los artesanos, micro, pequeños y medianos empresarios y comerciantes, al menos por un año.Asimismo, a quienes eran dueños de sus casas mediante subsidios, que se les conceda otro para que obtengan otra vivienda. Respecto al sector pesquero, se hace indispensable un subsidio especial para embarcaciones porque sólo en la caleta Pellines se necesitan 35 botes para reanudar las faenas.
En materia de mediaguas, en medio del debate nacional sobre su eficacia y real condición de “solución de emergencia” –que en la mayoría de los casos se convierte en vivienda definitiva- se destaca que esta zona es eminentemente maderera, por que “los habitantes de la ciudad y sus alrededores están en condiciones de construirlas con sus propias manos, sólo les faltaría zinc y pizarreño. El concejal Zúñiga denuncia con preocupación que la autoridad de la superintendencia de telecomunicaciones habría manifestado que la Radio Nuevo Mundo funciona en forma ilegal en Constitución. “La emisora, en la calle, se transformó en un instrumento esencial para el reencuentro de familias, información sobre personas y otras labores de comunicación entre la población y las autoridades”. El sistema local de comunicaciones se cayó al momento mismo del sismo. Palabra autorizada Entre los invitados al encuentro de concejales y alcaldes con los diputados del PC estuvo presente el geofísico y sismólogo Armando Cisternas quien llamó a “que los chilenos aprendamos a vivir con terremotos, en un país construido sobre sismos. Recordó la magnitud del producido en el año 60, muy superior al del 27 de febrero pasado.
El experto explicó que las estrictas normas antisísmicas que se aplicaban desde la década de los 60 y que fueron descentralizadas y su control entregado a manos privadas. Comentó que el Servicio Hidro-Oceanográfico de la Armada (SHOA) debería estar bajo la fiscalización de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI). El especialista adelantó que hay preocuparse de los cálculos que estiman bastante probable un próximo sismo de gran magnitud en la zona norte del país. Por lo mismo, opinó que “es una irresponsabilidad que en la costa de Iquique se haya construido la Intendencia de la región y un hospital de emergencia a metros de la playa. “Chile, siendo un país sísmico se olvida rápidamente de cada uno de los terremotos en cada ciclo. Debemos garantizar las construcciones antisísmicas y propender a que tengamos más profesionales del área, como por ejemplo, ocurre en países como Japón. Los geofísicos y sismólogos se cuentan con los dedos de la mano en nuestro país”. Finalmente, Cisternas advirtió que la red sísmica nacional se ha burocratizado en el último período y no hay renovación de instrumentos con alta tecnología, asimismo, insistió que En las llamadas “zonas inundables” no deben autorizarse construcciones de ningún tipo”. Alberto Neumann
El concejal de Valparaíso, Alberto Neumann explicó que hay 40 mil damnificados en la zona, lo que redunda en una urgente necesidad de techo y trabajo para estas personas. Hay 26 fallecidos y 6 desaparecidos. Los sectores más amagados están en Llolleo, San Antonio y la isla de Juan Fernández. En total hay 20 mil viviendas dañas y el turismo local ha sufrido un fuerte impacto.Destacó la necesidad de enfrentar el tema desde las perspectivas de la prevención y la emergencia. Respecto a la reconstrucción, indicó que debe incluir una nueva normativa, ajustes legislativos y recursos que incluyan al Estado y al mercado. Comentó que el actual debate sobre el costo varía entre 17 a 20 mil millones de dólares de uno de los estudios formales sobre el tema, hasta los 30 mil millones anunciados por el gobierno, pese a que hay informes sobre un a cifra no superior a los 8 mil millones de dólares, porque hay que considerar los seguros comprometidos que alcanzarían a otros 8 mil millones de dólares.Sobre las reasignaciones presupuestarias anunciadas por el Gobierno por 883 millones, el 20-30% es para el sector público y el 70% para el privado. Neumann propuso que se revisara el tema del royalty a las empresas mineras y a los impuestos., así como un ajuste tributario temporal y alteró sobre el anuncio oficial de poner en venta en el mercado “activos prescindibles”, es decir, las empresas fiscales que aún se mantienen, incluido tal vez el 20% de Codelco. El concejal porteño recordó que la ley 16.282 sobre sismos y catástrofes y la de construcciones y urbanismo se reactualizaron en el año 1977 y los planos reguladores quedaron rápidamente en manos de los municipios.
El propio Miguel Flores, subsecretario del actual gobierno reconoció la necesidad de reformular la legislación municipal. Afirmó que a su juicio, el Gobierno no está asistiendo como corresponde a los municipios, sobre todo en materia de mediaguas, labor que está entregada mayoritariamente a empresas privadas como Un techo para Chile. La Asociación de Municipalidades El presidente de la Achimun, Claudio Arriagada, alcalde de La Granja también hizo una crítica a la labor realizada por el gobierno saliente y el actual respecto a la reacción ante la catástrofe. Recordó la incomunicación en que vivió el país aunque existen 16 millones de equipos de telefonía celular en manos de los ciudadanos. Respecto a la forma en que se está enfrentando la emergencia, confía en que ministra de la Vivienda, Magdalena Matte se pondrá rápidamente al día y comprenderá la necesidad de activar los dispositivos para solucionar los problemas.
Sobre el tema educacional, llamó la atención de enfrentar la crisis pensando en la infraestructura, el plantel docente y los alumnos más que en los sostenedores y las subvenciones. Desastre en la capital Los concejales de la Región Metropolitana coincidieron en calificar de “un terremoto mentiroso” el sismo porque las consecuencias no se avizoran fácilmente en Santiago. Los mayores estragos se registran en el patrimonio histórico, liceos emblemáticos, hospitales y los interiores de casas, además de ciertas edificaciones de departamentos. Tamara Hommel, de Pudahuel llamó la atención sobre la necesidad de incluid en la Ley de Protección civil los planes ante una emergencia. Expresó que es indispensable definir el carácter de la reconstrucción desde el punto de vista de clase, de las organizaciones sociales y la movilización. Por lo mismo, llamó a defender, por ejemplo, el hospital Félix Bulnes, gravemente dañado, que es un patrimonio del Bicentenario y corre el riesgo de ser demolido.
El concejal de Conchalí Ricardo Montero llamó la atención que todos los municipios de la Región Metropolitana están desfinanciados y que las organizaciones sociales no están suficientemente activas por lo cual, junto a las labores que le conciernen a las juntas de vecinos, es necesario implementar Comités de Damnificados para enfrentar directamente los problemas con participación plena de los afectados ante las autoridades. Claudia Pascual, de Santiago, informó que de las 67 mil casas, solo se han catastrado 22 mil, registrándose 3 mil viviendas dañadas; de los cuatro consultorios de salud, dos permanecen todavía cerrados, así como dos jardines infantiles. “El terremoto mostró la pobreza escondida en la capital –afirmó- destacando la presencia entre estos damnificaciones de una gran mayoría de adultos mayores solos, el hacinamiento de hasta 4 generaciones en una vivienda, así como la precaria situación de los 12 mil migrantes, entre peruanos, ecuatorianos, bolivianos y de otras nacionalidades. Hace falta coordinar la labor de las juntas de vecinos y otras organizaciones sociales y la necesidad de llevar adelante un catastro completo de los afectados y su estratificación social que incluya desde artesanos, pequeños comerciantes y sus problemas de vivienda, salud, educación y sistema vial. Sobre la mala construcción de edificios modernos alteró que los departamentos de obras municipales chequean las autorizaciones a través de meros documentos, sin seguimiento de las construcciones. “Esta es una práctica impuesta desde los tiempos que el alcalde de Santiago era Jaime Ravinet”, aseguró. También afirmó que el Registro de certificadores Estructurales están manos privadas. Asimismo, el Serviu y los departamentos de obra deben incorporar debates participativos para resolver las demandas inmobiliarias, “no más proyectos inmobiliarios especulativos”, expresó la concejala. También planteó propuestas concretas para iniciar la reconstrucción, entre ellas la revisión de los planos reguladores, el no pago de contribuciones ni de los permisos de reconstrucción de demoliciones, que deben pagar los propietarios de los inmuebles afectados. Recordó que el actual estado de excepción ante catástrofes autoriza la requisa de maquinarias, como retroexcavadoras y otras, así como de alimentos para la población damnificada. Claudia Pascual estima necesario dar subsidios especiales a las zonas patrimoniales, incluidos los monumentos nacionales. Sobre el valor del suelo, se mantiene muy oneroso y debe darse preeminencia a la construcción de viviendas sociales y, para ello, crear un poder comprador del ministerio de la Vivienda.
Finalmente llamó a revisar la actual ficha de Protección Social que ha mostrado sus omisiones y carencia en esta emergencia. La concejala de Maipú Nadia Avalos destacó que el sismo fue simbolizado en los medios de comunicación a través del edificio Don Matías que se desplomó, pero la tragedia es mucho mayor. Llamó la atención sobre la carencia en Chile de una profesión que es especialmente necesario, la de ingeniero estructural calculista. Explicó que afortunadamente el agua potable es municipal en la comuna de Maipú e instó a defender esta situación ante las intenciones de ciertos empresarios para privatizarla. Al respecto, afirmó que la coordinación entre vecinos se está consolidando para enfrentar a las inmobiliarias y que las responsabilidades municipales ante la acción de las inmobiliarias es meramente administrativa. Desde Curanilahue El concejal Leonidas Peña denunció que el liceo municipal de Curanilahue está con daño estructural y el hospital con graves daños. Considerando que hay 3 mil personas en los planes de empleo, la desocupación sigue aumentando. El suministro de agua potable ha llegado al 90% de la población y existe un solo albergue para damnificados. Refiriéndose al tema de las mediaguas, recordó que tras el sismo en Tocopilla del año 2005, la gente continúa viviendo en ellas pese a que se trataba de una emergencia. Los trabajadores El consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Guillermo Salinas denunció que ciertos empresarios están abusando de los artículos 159 y 151 para realizar despidos arbitrarios e injustificados. Además, se aplica la norma de cierre o adelantamiento de faenas y hay casos como ASMAR, en la Región del Bio Bio que mantiene la incertidumbre sobre el futuro para miles de trabajadores. La CUT propone postergar el convenio de trabajadores y empresarios con el gobierno para capacitación de trabajadores durante períodos de baja producción, que se extienda por un año más, pese a que fue instaurado el sistema durante la crisis económica del año pasado.
También se plantea reformular el seguro de desempleo y coordinar la capacitación con la reconstrucción del país. Afirmó que el actual programa de generación de empleos debe ser reemplazado por una labor de mayor fiscalización y asegurar un ingreso mínimo y una solución previsional para los beneficiados por el PGM. Instó a observar el comportamiento del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) respecto a los pequeños campesinos para agilizar la comercialización, los canales de regadía y la producción para impedir una crisis alimentaria. Respecto a la CORFO, afirmó que debe asumir proyectos productivos. Los jóvenes El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Julio Sarmiento, abundó en las actividades del brigadismo y el voluntariado que movilizó a las de 20 estudiantes secundarios y universitarios. Reveló que en el caso de la instalación de mediaguas, la empresa Un Techo para Chile no se hace responsable, sino que ello recae en cada municipio. Llamó la atención que las nuevas viviendas tienen dos techos por lo cual pueden ampliarse y ello conlleva a convertirlas en una solución casi definitiva. Sarmiento anunció que las universidades públicas, estatales, han acordado “apadrinar” las zonas afectadas e indicó que la educación superior debe asumir un rol en la reconstrucción del país y que, actualmente, están enviando equipos técnicos para trabajar en ciudades como Parral y Retiro en la Sexta Región y en Lota y Paredones
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