1. POR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
Constatamos que las fuerzas de centro e izquierda han planteado la necesidad de una nueva Constitución para Chile. Unos han propuesto que esto se haga mediante la convocatoria a una asamblea constituyente, otros por mecanismos ratificados por la soberanía popular y otros mediante un proceso de diálogo social. Sin embargo, nos parece pertinente declarar que lo central es que aspiramos a que la nueva Constitución tenga los siguientes contenidos: garantías sobre la proporcionalidad del sistema electoral que terminen con la exclusión generada por el sistema binominal; garantías sobre el derecho a voto de las chilenas y chilenos en el exterior; posibilidad de los dirigentes sindicales de ser candidatos al Parlamento; reformas al Tribunal Constitucional para evitar que éste ejerza un carácter colegislador indebido; mayores facultades de iniciativa parlamentaria de ley; límites al concepto de Estado subsidiario para que no sea una barrera a la política de desarrollo productivo; restablecimiento del derecho del sector público sobre la constitución de empresas en áreas estratégicas para el desarrollo nacional; reconocimiento del carácter plurinacional y multicultural del Estado de Chile.
2. POR UNA CODELCO FUERTE Y DE TODOS LOS CHILENOS
Creemos necesario que Codelco mantenga su propiedad 100% en manos del Estado, asegurando de este modo, el rol fundamental de esta gran empresa en el financiamiento de la inversión social en salud, educación, vivienda y seguridad social. Pensamos que se debe fortalecer una gestión de excelencia que asegure su eficiencia, competitividad y sustentabilidad económica y ambiental. Sostenemos que debe fortalecerse la alianza estratégica entre los trabajadores y la empresa y de garantizar el pleno cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social para los trabajadores contratistas.
3. POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD GARANTIZADA PARA TODOS
Creemos que es indispensable fortalecer la educación pública escolar. Es un imperativo para el desarrollo de Chile, pero también para su avance democrático. Es importante que las reformas que se hagan mejoren la calidad de la educación, pero concordamos que este proceso de reforma debe hacerse escuchando la voz de los estudiantes, padres y profesores, en particular del Colegio de Profesores. Coincidimos en que la educación municipalizada en su estado actual no da para más si no se toman medidas de fondo con un papel más fuerte del Estado, por ende, concordamos avanzar en esa dirección. Es el único modo de igualar las oportunidades entre los que tienen y los que no tienen como pagar sus estudios. Concordamos en la necesidad de establecer un nuevo trato con las instituciones de educación superior estatales; y coincidimos en que este proceso debe hacerse considerando la opinión de la comunidad universitaria y de los rectores de las universidades. Concordamos impulsar, a partir de las universidades del Estado, la creación de una red de centros de formación técnica de carácter público. Y coincidimos en la necesidad de transformar el actual sistema de capacitación en un Sistema de Educación Integrada para los Trabajadores.
4. POR UN MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EN EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA
Tenemos que seguir incrementando la infraestructura hospitalaria y de la salud primaria. Concordamos en la necesidad y asumimos el compromiso de apoyar sostenidamente el incremento en los recursos de salud, hasta lograr una mejora sustantiva en el tratamiento de los pacientes que se atienden en el sistema público. Dichos recursos deben permitir una mejor dotación de especialistas, de equipamiento médico, infraestructura hospitalaria, de insumos y medicamentos. En lo inmediato es necesario contratar durante los cuatro años del gobierno próximo a 1.000 especialistas médicos para operar en los hospitales; crear 50 centros de excelencia clínica de nivel mundial, dotados de las más altas tecnologías en patologías que mayoritariamente no están incluidas en el AUGE; igualar el acceso a ambulancias a través de la creación de una red complementaria de acceso universal; incrementar de manera sustantiva la disponibilidad de medicamentos en los consultorios para que las familias de los sectores más vulnerables no tengan que incurrir en mayores gastos para el cuidado de su salud.
5. POR LA AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Nos proponemos respaldar y empujar una agenda de reforma laboral como al propuesta por la Central Unitaria de Trabajadores. Es necesario fortalecer la negociación colectiva, la sindicalización, y el cumplimiento efectivo de la Ley de Subcontratación. También debemos impulsar relaciones laborales más equilibradas; lograr garantías más claras y efectivas a la libertad sindical, así como al derecho a organizarse y a la huelga; generar regulaciones que se hagan cargo de las nuevas realidades laborales como la subcontratación y el trabajo temporal, de las realidades del trabajador agrícola, del temporero y del trabajador subcontratado. Se requiere una puesta al día con los avances del derecho internacional del trabajo; un aumento en las sanciones al abuso patronal; una política de fortalecimiento de los sindicatos; un nuevo régimen de relaciones laborales para los empleados públicos que no discrimine entre trabajadores públicos ni en contra de ellos, pero en diálogo con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales; una reforma para fortalecer la protección frente al despido; y el establecimiento del defensor laboral. Finalmente, existe la necesidad de fomentar una política salarial que establezca como objetivo el salario ético para todas y todos los chilenos.
6. POR UNA RECUPERACIÓN DEL CARÁCTER NACIONAL DEL AGUA
El agua es de importancia estratégica para el desarrollo de nuestro país y reconocemos las profundas inequidades que se han generado en torno a su acceso y disponibilidad. Reconocemos que el carácter nacional de uso público del agua no se encuentra adecuadamente garantizado en la institucionalidad actual. Por eso se hace necesario elevar a rango constitucional la disposición del Código de Civil que dispone que todas las aguas son bienes nacionales de uso público; disponer que la ley establecerá el procedimiento de constitución, reconocimiento, transferencia, transmisión, renuncia, extinción, caducidad y pérdida de los derechos de los particulares sobre las aguas; reconocer la facultad de reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas, cuando así lo exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental; y establecer un sistema de compensaciones hídricas, que significa que todo proyecto que ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental que demande agua, debe compensarlo o mitigarlo.
7. POR LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Es necesario establecer una política de fomento del diálogo democrático, basado en fondos públicos, sistemas de donaciones y subsidios al crédito para el establecimiento de medios de comunicación sin fines de lucro que permitan que la totalidad de los sectores políticos del país dispongan de medios de comunicación. También se debe crear, a partir de Televisión Nacional de Chile, un canal público para asegurar un instrumento público de libre acceso, con contenidos culturales y artísticos que otorgue espacios a todas las formas de pensar y con financiamiento que asegure su funcionamiento. Coincidimos en que una forma para ofrecer mejor programación y de garantizar la diversidad de contenidos y visiones para todos los chilenos y chilenas, es asegurar un mínimo de 50% de producción nacional en su programación. Así también, se debe proveer por parte del Estado un número determinado de frecuencias radioeléctricas, para que organizaciones de base y/o estudiantiles de todo Chile presenten proyectos de radios locales legales y accedan a su implementación y financiamiento a través de los diferentes fondos concursables.
8. POR UN PAÍS CON MÁS EQUIDAD Y MENOS DISCRIMINACIÓN
Debemos dar nuevos pasos para elevar las pensiones de los chilenos eliminando el efecto que tiene en las pensiones más bajas el descuento del 7% . Es necesario establecer una forma de financiamiento para el desarrollo del deporte en las escuelas públicas y en las poblaciones. Deben incrementarse los recursos destinados a las comunas más pobres. Coincidimos en la necesidad de continuar fortaleciendo el pilar solidario del sistema de pensiones. Requerimos legislar y establecer políticas públicas para eliminar las discriminaciones a los minusválidos. Es necesario colocar la calidad de vida de las familias más desposeídas y de clase media como centro de la preocupación de las políticas de defensa ante la delincuencia y la drogadicción. Finalmente hay que avanzar en la implementación del Convenio 169 de la OIT incluyendo la construcción de un Sistema de Consulta Institucionalizada, que contemple participación ciudadana y que recoja las experiencias de organismos internacionales.
9. POR MAYOR RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS
Es necesario avanzar en derechos humanos a través del establecimiento de una adecuada institucionalidad de los temas asociados al respeto de todos los derechos humanos. Se debe anular la Ley de Amnistía impuesta por la dictadura; ratificar todos los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha suscrito y que aún no han sido aprobados por el Parlamento; establecer la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad; circunscribir la competencia de la justicia militar a situaciones de guerra y a delitos cometidos en acto de servicio por los uniformados; fomentar la enseñanza del respeto a los derechos humanos en los establecimientos educacionales del país; y de modificar la Ley Antiterrorista para que no tenga el potencial de pasar a llevar los derechos civiles de los ciudadanos.
10. POR MAYOR RESPETO A LAS MUJERES
Hay que fomentar la participación política de las mujeres a través de la aprobación de la Ley de Cuotas que actualmente se tramita en el Congreso Nacional. Debe ser obligatorio que las empresas, especialmente a aquellas como las AFP, donde hay fondos de todos los chilenos, tengan a lo menos un tercio de mujeres en su directorio. Durante el próximo período presidencial se debe cumplir con el mismo criterio en todos los directorios públicos nombrados por el Presidente de la República. También debe ampliarse gradualmente el postnatal para llegar gradualmente a los seis meses y este derecho debe poder ser ejercido de manera compartida entre hombres y mujeres. Hay que fortalecer la fiscalización del correcto pago de las pensiones alimenticias de aquellos padres que viven sin sus hijos. Se debe establecer una política integral y multisectorial para combatir la violencia intrafamiliar que abarque prevención, protección, reparación y atención sicológica, incluyendo justicia eficaz y rehabilitación de víctimas y victimarios. Y tenemos que fortalecer las medidas preventivas respecto de las personas que están con impedimento de acercarse a sus familias o parejas, con el objeto de que no se cometan más femicidios. Finalmente, debemos eliminar las diferencias y discriminaciones que afectan a las mujeres en los planes de salud.
11. POR UN PAÍS REGIONALMENTE INTEGRADO Y UNA REGIÓN EN PAZ
Chile debe profundizar su participación en las instituciones continentales, regionales y subregionales de integración, con un claro contenido democrático, y debe continuar desempeñando el rol articulador entre las distintas realidades y diseños políticos de nuestro continente. Es necesario fortalecer las nuevas instituciones subregionales y regionales, así como la convergencia entre los diferentes procesos subregionales, como Mercosur y la CAN, con el SICA y los estados del Caribe. Además, debemos promover en la Unasur la construcción de un régimen sudamericano de paz y seguridad cooperativa.
12. POR UNA MAYOR PROTECCIÓN FRENTE A LOS ABUSOS FINANCIEROS
Es necesario que el BancoEstado se concentre en el fomento productivo, particularmente hacia las pymes y los emprendedores populares, buscando igualar las tasas de interés a las que acceden estas empresas a las de las grandes empresas. Hay que establecer mayor regulación sobre el sector financiero para evitar los abusos en tasas y cobros del retail y supermercados a los consumidores. También es necesario impulsar la prohibición en todos los sectores económicos de los cambios unilaterales de contratos; hacer una reforma profunda para fortalecer el Sernac, para extender su acción hacia el área financiera e incrementar su presencia en regiones; y fomentar mayores niveles de competencia en el mercado crediticio por la vía de la estandarización regulada de productos.
lunes, 21 de diciembre de 2009
sábado, 28 de noviembre de 2009
El Frente Amplio y del desarrollo de una izquierda plural
Manuel Luis Rodríguez U.
Una característica distintiva de la izquierda chilena a lo largo de su historia, ha sido su pluralidad, su rica diversidad, rasgo que asegura también el doble de dificultades a la hora de construir fuerzas y de promover estrategias políticas.
En el presente la izquierda se dispersa en numerosos referentes de distinto contenido y envergadura. La diversidad de programas, de posturas estratégicas y de políticas de alianza juega en ciertas coyunturas en favor del potenciamiento de la izquierda, de las izquierdas para ser mas exactos, y en otras alienta la división, la desconfianza y la pérdida de credibilidad ante la ciudadanía.
Desde esta perspectiva, después de la asamblea programática de abril, de la proclamación de Jorge Arrate y del lanzamiento de una campaña consistente y con contenidos antineoliberales, la formación del Frente Amplio como referente del socialismo allendista constituye un paso histórico digno de ser valorado.
Un amplio y creciente número de socialistas, hastiados del aparato partidario socialista tradicional, se abre a la perspectiva de construir un referente político denominado Frente Amplio, cuyas primeras manifestaciones hemos visto ya al calor de la campaña presidencial de Jorge Arrate.
Parece no existir espacio en esta izquierda plural y moderna, para un “arratismo personalista” ni para las aventuras personales como lo vimos en el caso del MAS, sino para una expresión política organizada y coherente del socialismo del siglo xxi, abierto a las nuevas dimensiones sociales y culturales de esta época de cambios, y basado en procesos colectivos de construcción política e ideológica.
¡Qué falta que hace hoy una izquierda aun más potente e influyente en la política y en la sociedad y la cultura, entendiendo siempre que como la experiencia lo ha demostrado, se trata de no retroceder sino de avanzar, a veces a pasos lentos pero seguros y no olvidando nunca que “cuando se retrocede un milímetro en lo ideológico, se retrocede un kilómetro en lo político”…y viceversa…!
Una izquierda clara e irrenunciablemente anticapitalista, rupturista y antineoliberal, portadora de un proyecto de cambios sociales y estructurales que apunten hacia un modelo de socialismo propio de la realidad latinoamericana.
En una época en que el progresismo liberal o neoliberal hace estragos en la conciencia crítica de los chilenos, ante la crisis terminal del modelo neoliberal de mercado, Chile necesita y requiere de una izquierda amplia y plural que integre a socialistas y comunistas, a cristianos y ateos, a racionalistas y materialistas, a revolucionarios y marxistas, es decir, a las más diversas expresiones del rico legado político, social, ideológico y cultural de las izquierdas.
La formación y el desarrollo del Frente Amplio puede ser visto también como un componente significativo en el proceso de acumulación de fuerzas de la izquierda en los años venideros.
Aliado del Juntos Podemos Mas que integra a comunistas, cristianos de izquierda y otros referentes, el Frente Amplio tiene delante suyo la formidable perspectiva de constituirse en un poderoso referente socialista, al interior de una izquierda plural que crece y se reconstituye, que hunde sus raíces en el movimiento social y sindical, que recoge las aspiraciones de los mas diversos sectores populares afectados por el sistema económico y político de dominación.
Una característica distintiva de la izquierda chilena a lo largo de su historia, ha sido su pluralidad, su rica diversidad, rasgo que asegura también el doble de dificultades a la hora de construir fuerzas y de promover estrategias políticas.
En el presente la izquierda se dispersa en numerosos referentes de distinto contenido y envergadura. La diversidad de programas, de posturas estratégicas y de políticas de alianza juega en ciertas coyunturas en favor del potenciamiento de la izquierda, de las izquierdas para ser mas exactos, y en otras alienta la división, la desconfianza y la pérdida de credibilidad ante la ciudadanía.
Desde esta perspectiva, después de la asamblea programática de abril, de la proclamación de Jorge Arrate y del lanzamiento de una campaña consistente y con contenidos antineoliberales, la formación del Frente Amplio como referente del socialismo allendista constituye un paso histórico digno de ser valorado.
Un amplio y creciente número de socialistas, hastiados del aparato partidario socialista tradicional, se abre a la perspectiva de construir un referente político denominado Frente Amplio, cuyas primeras manifestaciones hemos visto ya al calor de la campaña presidencial de Jorge Arrate.
Parece no existir espacio en esta izquierda plural y moderna, para un “arratismo personalista” ni para las aventuras personales como lo vimos en el caso del MAS, sino para una expresión política organizada y coherente del socialismo del siglo xxi, abierto a las nuevas dimensiones sociales y culturales de esta época de cambios, y basado en procesos colectivos de construcción política e ideológica.
¡Qué falta que hace hoy una izquierda aun más potente e influyente en la política y en la sociedad y la cultura, entendiendo siempre que como la experiencia lo ha demostrado, se trata de no retroceder sino de avanzar, a veces a pasos lentos pero seguros y no olvidando nunca que “cuando se retrocede un milímetro en lo ideológico, se retrocede un kilómetro en lo político”…y viceversa…!
Una izquierda clara e irrenunciablemente anticapitalista, rupturista y antineoliberal, portadora de un proyecto de cambios sociales y estructurales que apunten hacia un modelo de socialismo propio de la realidad latinoamericana.
En una época en que el progresismo liberal o neoliberal hace estragos en la conciencia crítica de los chilenos, ante la crisis terminal del modelo neoliberal de mercado, Chile necesita y requiere de una izquierda amplia y plural que integre a socialistas y comunistas, a cristianos y ateos, a racionalistas y materialistas, a revolucionarios y marxistas, es decir, a las más diversas expresiones del rico legado político, social, ideológico y cultural de las izquierdas.
La formación y el desarrollo del Frente Amplio puede ser visto también como un componente significativo en el proceso de acumulación de fuerzas de la izquierda en los años venideros.
Aliado del Juntos Podemos Mas que integra a comunistas, cristianos de izquierda y otros referentes, el Frente Amplio tiene delante suyo la formidable perspectiva de constituirse en un poderoso referente socialista, al interior de una izquierda plural que crece y se reconstituye, que hunde sus raíces en el movimiento social y sindical, que recoge las aspiraciones de los mas diversos sectores populares afectados por el sistema económico y político de dominación.
viernes, 20 de noviembre de 2009
LA INTERNACIONAL LIBERAL, INSTRUMENTO DESESTABILIZADOR EN AMÉRICA LATINA
Percy Alvarado
Martes 17 de Noviembre de 2009
El anuncio el 13 de noviembre pasado de que la Internacional Liberal, en la representación de su presidente Hans Van Baalen, había designado al golpista Roberto Micheletti como nuevo vicepresidente de dicha entidad, puso al desnudo nuevamente el carácter reaccionario de dicha institución.
Complaciente con presidente de facto, no escatimó elogios para quien es condenado mundialmente como violador de la institucionalidad en Honduras, al destacar en sus palabras en una rueda de prensa: "Fue un placer decirle al presidente Micheletti que el congreso del la Internacional Liberal hace dos semanas lo eligió como uno de sus vicepresidentes² (Š) ³Con su coraje, el presidente Micheletti ha hecho posible que el proceso de elección presidencial democrática (Š) tenga lugar el 29 de noviembre, ese es un enorme y valiente acto en favor de la democracia".
No contento al desnudar el compromiso de los liberales con el golpismo, añadió: "Mi organización enviará observadores a las elecciones presidenciales del 29 de noviembre, porque las elecciones libres y transparentes del 29 y el posterior nombramiento de un nuevo presidente completarán un proceso de retorno al orden constitucional en Honduras".
De esta forma, Van Baalen bendecía el compromiso de los derechistas miembros de su organización con los sectores norteamericanos interesados en cerrar cualquier vía para la restitución de Zelaya, mediante unas elecciones anticonstitucionales.
Usando los mismos argumentos que empleó para atacar al presidente nicaragüense Daniel Ortega, mintió con desparpajo, dando un espaldarazo a los golpistas: "Creo que la comunidad internacional no sabe mucho sobre Honduras o América Central, desafortunadamente. No mucha gente sabe que el ex presidente Zelaya quería obtener otro mandato, lo que está prohibido por la Constitución".
Poco después, al visitar Nicaragua Van Baalen prácticamente incitó a imitar la experiencia hondureña en ese país, al criticar la decisión de la CSJ, emitida el 19 de octubre pasado, de abrirle camino a su reelección presidencial. Con desenfadado intervencionismo, declaró a los medios: "El presidente Ortega debe entender que la Constitución nicaragüense está clara: no hay reelección consecutiva para un presidente".
Otro elemento a considerar sobre las sucias intenciones de Van Baalen fueron sus abiertas persuasiones injerencistas sobre los representantes de las fuerzas armadas nicaragüenses, particularmente con el jefe de FF AA, el general Omar Halleslevens, con vistas a evaluar la posibilidad de ejecutar una intentona golpista contra Daniel Ortega. Este intento fracasó, por la respuesta digna de los militares de respetar la Constitución.
Allí en Managua, Van Baalen conspiró con representantes de los partidos de derecha opositores al sandinismo, con vistas a establecer estrategias para impedir la reelección de Daniel Ortega o, en último caso, crear un frente unido para derrotarlo en las urnas en las elecciones venideras de 2011. Entre sus más cercanos conspiradores estuvieron varios miembros del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dirigido por el corrupto ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán, cuyo mandato transcurrió entre 1997 y 2002.
Haciendo una llamado a la unidad de los liberales nicas, pues estos se encuentran actualmente micro fraccionados en varias organizaciones como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN); el Partido Liberal Independiente (PLI) y Movimiento Vamos con Eduardo, Van Baalen dijo que esta era una de las vías para lograr el éxito en las próximas elecciones de 2011.
Otro de sus anfitriones en Nicaragua fue Eduardo Montealegre, millonario y uno de los más activos opositores al gobierno sandinista, confabulado hasta los tuétanos con los golpistas hondureños y quien es el líder del Movimiento Vamos con Eduardo. Montealegre fue el candidato de la derecha derrotado por Ortega en las lecciones del 2006 y quien reconoció a Van Baalen las intenciones de derrotar a Ortega por cualquier vía.
Van Baalen, irrespetando los asuntos internos de Nicaragua, llamó a desestabilizar el país con sistemáticas protestas. Al respecto, expresó: "Todos los demócratas y todos los liberales en este momento deben ir a las calles, obviamente de una manera pacífica". De esta forma, Van Baalen santificó las anunciadas protestas del próximo 21 de noviembre para condenar un supuesto fraude cometido por el FSLN en las elecciones municipales de noviembre del 2008 y enfrentar el legítimo derecho de Ortega de reelegirse.
La conferencia internacional sobre "Socialismo y populismo, como creadores de pobreza", auspiciada por la Fundación Friedrich Naumann, la Internacional Liberal, la Red Liberal de América Latina (RELIAL) y el Movimiento Vamos con Eduardo, fue el marco propicio para que Emil Kirjas, Secretario General de la Internacional Liberal (IL), iniciara los ataques contra Daniel Ortega promovidos por Van Baalen en su actual visita. Este encuentro, desarrollado en septiembre de 2008 en Managua, tuvo un marcado carácter injerencista en los asuntos internos de Nicaragua y se enfocó a la promoción de planes desestabilizadores contra el gobierno de ese país, en el que incluso Kirjas llamó a Ortega a renunciar por llevar al país "por un camino erróneo".
En esa oportunidad, la Internacional Liberal convocó a todos a participar en las elecciones municipales de noviembre de 2008, a la par que fustigó a los países que como Cuba y Venezuela, han escogido el camino del socialismo.
Volviendo a la actual campaña injerencista promovida por Van Baalen durante su visita a Nicaragua, éste acusó al gobierno nica de haberlo presionado para abandonar el país. Según él, el vicecanciller y secretario de Cooperación Externa de la cancillería nicaragüense, Valdrack Jaentschke, le pidió abandonar el país y se abstuviera de su actividad injerencista.
Sumándose al rol provocador de Hans Van Baalen, el ex primer ministro belga Guy Verhofstadt, realizó ofensivas declaraciones en apoyo de su congénere de la injerencista organización, al declarar: "Si Daniel Ortega no está preparado para aceptar la libertad de expresión y las críticas, entiende poco la democracia y no merece un nuevo mandato".
Por su parte, el ex candidato presidencial Edmundo Jarquín y líder del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), una de las organizaciones comprometidas en el complot desestabilizador en Nicaragua, se sumó a las virulentas acusaciones proferidas por los provocadores miembros de la Internacional Liberal, al declarar: "La arrogancia con la que autoridades de la cancillería se refieren a Holanda solamente porque un dirigente político de ese país reiteró la creciente preocupación de la comunidad internacional por la situación política nicaragüense forma parte de un error de más fondo y que los nicaragüenses vamos a pagar muy caro".
LA INTERNACIONAL LIBERAL
La Internacional Liberal es una agrupación mundial de partidos de corte liberal, fundada en la ciudad inglesa de Oxford en 1947 y que mantiene su sede en Londres.
Los supuestos principios que unen a los partidos que la integran son: los derechos humanos, las elecciones libres y justas y la democracia multipartita, la justicia social, la tolerancia, la economía de libre mercado, el libre comercio, la sostenibilidad medioambiental y un fuerte sentido de la solidaridad internacional.
Sin embargo, estos principios se aplican internacionalmente según la conveniencia de sus ideólogos y responden a los intereses de los grupos de poder económico en cada país miembro, usándose su defensa como elementos desestabilizadores en aquellos países cuyos gobiernos apuestan por otras opciones políticas ajenas al liberalismo. En tal sentido, la Internacional Liberal ha sido un instrumento empleado por las fuerzas reaccionarias y contrarrevolucionarias en países como Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, para sabotear y desestabilizar la vida nacional en esas naciones.
Entre los partidos más influyentes se encuentran el Deutsche Gruppe der LI y el Partido Democrático Libre (Alemania), el Foro Liberal (Austria), Mouvement Réformateur y Vlaamse Liberalen en Democraten (Bélgica), Partido Liberal de Canadá, Det Radikale Venstre y el Partido Liberal Danés (Dinamarca), Libertad y Democracia, y la Unión Mallorquina (España), Partido Centrista de Finlandia y Svenska Folkpartiet (Finlandia), Unión para la Democracia Francesa (Francia), Nederlandse Groep, Democraten 66, Partido Popular por la Libertad y la Democracia (Holanda), Alianza de los Demócratas Libres (Hungría), Shinui y el Israeli Group (Israel), Partido Liberal (Noruega), Partido Alianza de Irlanda del Norte, Liberal International British Group y Partido Liberal Demócrata (Reino Unido), Partido Democrático Ruso Yabloko (Rusia), Partido Popular Liberal (Suecia), Partido Radical Democrático Suizo y Partido Liberal Suizo (Suiza),
En América Latina se valen de grupúsculos desestabilizadores y contrarrevolucionarios, como el caso de Cuba. Donde financian, organizan y dirigen las actividades del Partido Liberal de Cuba, Partido Solidaridad Democrática y la Unión Liberal Cubana.
Cuenta la Internacional Liberal con un vasto tinglado de organizaciones para llevar a cabo sus objetivos como la Alianza de Liberales y Demócratas para Europa (ALDE), el Grupo Liberal Demócrata del Consejo de Europa (LDR), la Federación Internacional de la Juventud Liberal (IFLRY), la Red Internacional de Mujeres Liberales, el Partido Europeo Liberal Demócrata Reformista, la Red Liberal de África, el Council of Asian Liberals and Democrats, la Fundación Friedrich Naumann de Alemania, la Fundación Dr. Y. Foerder, la Fondación Luigi Einaudi, el Centro Liberal Internacional de Suecia, el Neue Zürcher Zeitung, el Instituto Democrático Nacional, organización con lazos con el Partido Demócrata de Estados Unidos, y la Red Liberal de América Latina.
LA INTERNACIONAL LIBERAL Y EL CASO CUBA.
En el caso de Cuba, la Internacional Liberal ha desarrollado una activa campaña desestabilizadora apoyando a grupos de quinta columnistas dentro del país, a quienes financian e coordinación con entidades del gobierno norteamericano. Toda la actividad de estos reducidos grupos que se auto titulan partidos, tiene un rol provocador y comprometido a las campañas internacionales de difamación hacia la Revolución Cubana.
Uno de estos grupos, la Unión Liberal Cubana, dirigido por el contrarrevolucionario y agente de la CIA, Carlos Alberto Montaner, ha ejecutado diversas campañas tendenciosas encaminadas a endilgarle a Cuba supuestas violaciones de los derechos humanos.
La ULC, por ejemplo, promovió dentro de la Internacional Liberal la propuesta del contrarrevolucionario Oswaldo Payá para el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 2003.
Uno de los grupúsculos ahijados de la Internacional Liberal es el Partido Liberal de Cuba (PLC), el que le envió a sus amos una carta fechada el 7 de noviembre de 2006, en ocasión de celebrarse el XIV Congreso de la IL, en la que destaca solicitando el apoyo de ésta:"Los liberales cubanos, y muchos otros demócratas cubanos, estamos seguros del éxito de esta reunión y esperamos que, contando también con la ayuda internacional, los nobles postulados de la libertad se abran paso en el futuro de nuestra sufrida isla."
Mentira tras mentira, arguyen en la carta una supuesta represión por parte del gobierno, ocultado que es el propio pueblo quien responde enérgicamente a sus provocaciones. En este sentido, expresaron: "El gobierno de La Habana trata de aplastar violentamente cualquier expresión de libertad. Las oficialmente establecidas brigadas paramilitares de respuesta rápida irrumpen en las viviendas de los activistas pro democracia, vejándolos y golpeándolos impunemente. Toda la estructura de nuestro partido en la isla ha sido víctima de estos actos violatorios."
La actividad injerencista en los asuntos cubanos de la Internacional Liberal, quedó evidenciada en la amañada visita a la Unidad Liberal de la República de Cuba, en octubre de 2009, por parte de Emil Kirjas, Secretario General de la Internacional Liberal y Martín Angeby, Secretario General del Centro Internacional Liberal Sueco (SILC).
Aquí fracasaron sus maniobras azuzadoras hacia la contrarrevolución, tal como sucedió un mes después en Nicaragua.
A instancias de la Internacional Liberal fueron inscritos dentro de la misma los grupúsculos contrarrevolucionarios el Partido Liberal de Cuba (PLC) y el Partido Solidaridad Democrática (PSD), a los que orientó unirse en la auto denominada Convergencia Liberal Cubana (CLC). El 2 de septiembre de 2007, la CLC anunciaba en su Nuevo Documento de Base que sus objetivos eran: "Para el futuro democrático de Cuba es primordial trabajar y construir un país institucional que garantice auténticos procesos democráticos dentro de comportamientos rigurosamente éticos."
Su desconocimiento de la democracia real que promueve la sociedad socialista en Cuba se enmarca dentro del discurso ideológico de los detractores de la realidad cubana, interesados en falsear, confundir y minar desde adentro la fortaleza ideológica del pueblo. Por su discurso político, pues, los supuestos liberales cubanos no persiguen otra cosa que el retorno al capitalismo y acabar con la sociedad edificada a partir del primero de enero de 1959, que eliminó la politiquería, la exclusión social, las enormes brechas entre ricos y pobres, la pobreza y el hambre, el analfabetismo y la insalubridad, así como otros males sociales.
CARLOS ALBERTO MONTANER Y LA CIA.
El adalid de la sucia labor ideológica en América Latina y, particularmente, en Cuba, ha sido Carlos Alberto Montaner, de origen cubano y nacido en 1943. Con residencia en España y en Miami, este escritor y periodista servidor a los intereses de la detracción y la guerra ideológica contra Cuba, tiene oscuros y indecorosos orígenes en su labor contrarrevolucionaria, que lo han hecho navegar entre el terrorismo, el espionaje a favor de la CIA y la mentira como forma de lucrar y mantener una holgada vida.
Entre las obras de corte contrarrevolucionario y provocador se encuentran Viaje al corazón de Cuba, Cómo y por qué desapareció el comunismo, Libertad: la clave de la prosperidad, y las novelas Perromundo y 1898: La Trama.
Su labor encaminada a minar a la Revolución Cubana lo llevó a crear en 1990, por instrucciones expresas de la CIA, la Unión Liberal Cubana, afiliando a su irrepresentativa organización a la Internacional Liberal, ocupando el cargo de vicepresidente de la misma desde 1992.
Carlos Alberto Montaner ha sido desenmascarado por sus vínculos ancestrales con la CIA, particularmente por el avezado periodista e investigador canadiense Jean Guy Allard, tomando como referencia a un cable de la UPI de aquella época, de quien citamos algunos párrafos de un artículo escrito por el mismo el 29 de abril de 2008: "Carlos Alberto Montaner, el comentarista anticubano radicado en Madrid, que acaba de participar en la Embajada yanqui en España a una reunión mafiosa, perteneció a las Unidades Militares Cubanas de la US Army, conformadas por la CIA a principios de los años 60. Se decía en 1963 ³leader² de estas tropas mercenarias - en las cuales se encontraba también Luis Posada Carriles. Lo revela un cable de la agencia norteamericana UPI del 20 de julio de este mismo año."
"El cable de UPI señalaba textualmente que ³Carlos Alberto Montaner, un líder de las Unidades Militares Cubanas dijo ayer que acciones anti-Castro empezarán desde una base secreta en el Caribe".
"La descripción corresponde exactamente a las unidades militares constituidas a partir de abril 1962 por la CIA en vista a infiltraciones de sabotaje en Cuba. Posada Carriles fue uno de estos mercenarios reclutados por la agencia y entrenado al uso de explosivos, a las técnicas de secuestro, tortura y eliminación de sospechosos en el marco de las operaciones sucias promovidas por Washington contra Cuba."
"En septiembre de 1960, cuando la muy joven Revolución cubana se encontraba ya agredida con fuerza por Estados Unidos, Carlos Alberto Montaner, hijo de papa frustrado, viajaba a Estados Unidos para ofrecer sus servicios al Frente Revolucionario Democrático (FRD), organización contrarrevolucionaria subordinada a la CIA que dirigía desde la Florida ³Tony² Varona."
"El FRD había sido creado por el operativo CIA E. Howard Hunt (el del Watergate) expresamente para desarrollar acciones terroristas. En esta tarea para la cual seleccionaba elementos refractarios a los cambios e informantes de la dictadura bastistiana, Hunt colaboraba estrechamente con su socio David Atlee Philips."
"El 30 de diciembre de 1960, el diario habanero Hoy, citando a investigadores antiterroristas de la época, anunciaba el arresto de varios miembros de esta organización traidora. Entre los terroristas capturados se encontraba Carlos Alberto Montaner, sorprendido el día 26 en su domicilio de Calle 88ª, número 309, en posesión de un arsenal de artefactos incendiarios."
"El periódico Revolución del 18 de enero de 1961, en su página cuatro, anunció que en la causa 6-61, radicada por los delitos de estragos y tenencia de materias inflamables en que aparecían como acusados: Carlos Alberto Montaner Suris, Alfredo Carrión Obeso, Néstor Manuel Piñango Pérez y Víctor Jorge Fernández Romero fueron sancionados a 20 años de reclusión, respectivamente".
Carlos Alberto Montaner escapó de la prisión de baja seguridad y llegó a Miami el 8 de septiembre de 1961. Luego se jactaría de su pertenencia al grupo terrorista FRD, encabezado por Antonio Varona y evaluado por la CIA como uno de los grupos más promisorios en sus planes de guerra sucia contra la Revolución naciente. Allí se alió a terroristas de la calaña de José Ignacio Rasco y Rafael "Warry" Sánchez.
Posteriormente, ya radicado en España, Montaner mantuvo contacto permanente con los terroristas de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), radicados en Miami, a quienes abriría paso para sus contactos con el derechista José María Aznar y el Partido Popular. Aunque Carlos Alberto Montaner tuvo su época de gloria con el Partido Popular en la era de Aznar, su estrella va actualmente en declive pues los nuevos dirigentes de ese partido, a la cabeza de María Dolores de Cospedal, lo ven como un instrumento discontinuado, de cuestionable pasado y también a causa de sus posiciones públicamente extremistas que comprometen al PP.
El papel de patrocinador de la subversión mediática contra Cuba y los países progresistas del continente, por encargo de la CIA, lo desempeñó Montaner apoyándose en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Office of Cuba Broadcasting (OCB), la USAID, la NED y otras oscuras entidades del imperio.
Pero Carlos Alberto Montaner no se rinde ante el abandono que le han hecho la CIA y el Partido Popular de España y ha buscado nuevos horizontes para su maltrecha sed de protagonismo. Esta vez ha enfilado sus cañones contra las naciones del ALBA.
Durante una visita que realizó a Honduras junto a otro papagayo de las derechas, el peruano Álvaro Vargas Llosa, Montaner celebró con euforia la supuesta derrota del chavismo en Honduras y aplaudió a los golpistas encabezados por Micheletti. Sin ambages, declaró: "El tirón chavista de toma de poder fracasó en Honduras. (Š). ³Yo me imagino que cuando el castro chavismo se convenza de que fracasó lo que quisieron hacer en Honduras con el presidente Zelaya, (Š) lo probable es que busquen una nueva vía".
Acusando a Cuba y a Venezuela del resurgimiento de la violencia en la nación catracha šignorando la violencia criminal de los golpistas contra el pueblo hondureño, se atrevió a predecir que "habrá un proceso de desestabilización, que puede incluir atentados selectivos, un grupo guerrillero (Š) Cualquier camino que conduzca al conflicto lo van a utilizar".
LOS ATAQUES CONTRA VENEZUELA
La Revolución Bolivariana encabezada por Hugo Chávez tampoco ha escapado a los ataques de la Internacional Liberal y de sus acólitos como Carlos Alberto Montaner.
El 3 de abril de 2005 se dio a conocer la participación de la CIA en el golpe de estado contra Chávez en abril de 2002. Un mes antes de la asonada, entre el 10 y el 12 de marzo, Montaner estuvo en Caracas con un doble propósito; contribuir a la campaña desinformativa anti bolivariana previa al golpe y conspirar con los planes golpistas de manera directa. Según H Cook, diplomático yanqui acreditado en Caracas,
Según un informe recientemente desclasificado, H. Cook, funcionario de la embajada estadounidense en Caracas remitió un informe a Washington en que decía: "Montaner se habría reunido en un restaurante de Caracas con un grupo de personalidades venezolanas y cubanas entre las que se encontraban Pedro Carmona Estanga presidente de Fedecamaras; Roberto Fontanillas; Nazario Viveros; Fausto Masó y los periodistas Marianella Salazar; Patricia Poleo; Marta Colomina; Roberto Giusti (El Universal) y Antonio Herrera (Venacham)".
La labor conspirativa de Montaner en Caracas en los días anteriores al golpe, en asociación con la agente CIA Roció Guijarro y el CEDICE, ambos también vinculados a la NED, se centró en contactar a las figuras públicas que aparecerían al frente del golpe como el propio Pedro Carmona Estanga y Patricia Poleo.
Por esa fecha, y como parte de la labor desinformativa previa al golpe, Carlos Alberto Montaner publicó un tendencioso artículo titulado ¿Quién le pone el cascabel a Chávez?, cargado de mensajes subliminales para crear un espectro de aceptación a la venidera asonada.
Dentro de las estrategias y el concubinato de la CIA con todo su andamiaje de guerra ideológica, se llevó a cabo un encuentro en marzo de 2008 en Rosario, Argentina, en el que se encontraron nada menos que varios miembros de la Internacional Liberal con Roger Noriega, José María Aznar, los ex presidentes mejicano Vicente Fox, el ecuatoriano Osvaldo Hurtado, el boliviano Jorge Quiroga y el uruguayo Luis Lacalle, entre otros, con el exclusivo propósito de arremeter contra Cuba, Bolivia y Venezuela.
Utilizando el marco del Seminario Los desafíos de América Latina, arremetieron contra Cuba, Venezuela y Bolivia como ejemplos de la anti democracia y el totalitarismo, al igual que realizaron una defensa a ultranza del modelo capitalista de mercado y satanizaron a los proyectos de izquierda.
Montaner llegó incluso a calificar a los movimientos progresistas de América Latina como "una izquierda nacionalista e intervencionista, incluso carnívora".
Las maniobras contrarrevolucionarias promovidas por los contrarrevolucionarios organizadores del evento tuvieron una digna respuesta por parte de un numeroso grupo de simpatizantes de Cuba y Venezuela, quienes apedrearon a uno de los ómnibus en que viajaba Carlos Alberto Montaner y sus acólitos en la esquina de Laprida y 27 de Febrero, en Rosario. Los gritos histéricos y cargados de miedo de Montaner, Mario Vargas Llosa, Wolfang Gerhardt, vicepresidente de la Internacional Liberal y del Presidente de la Friedrich Naumann-Stiftung Für die Freiheit, de Alemania, se dejaron escuchar por doquier.
Otro acontecimiento promovido por los golpistas aliados a la CIA e integrados en el CEDICE, en Venezuela, tuvo lugar en junio de 2009. La realización en Caracas del seminario Encuentro Internacional Libertad y Democracia: El Desafío Latinoamericano, fue otro abierto paso provocador contra Venezuela y contra los países del ALBA. Allí volvieron a concentrarse los principales promotores de la guerra sucia contra las fuerzas progresistas latinoamericanas y defensores de los modelos capitalistas de desarrollo.
Al viejo estilo de la CIA y el Mossad, los organizadores den encuentro inauguraron la Universidad Cedice-Cato, que tendrá la misión de fabricar disidentes y promotores de la subversión contrarrevolucionaria contra la revolución Bolivariana, como ya lo está haciendo con la Fundación Futuro Presente, de Yon Goicochea.
Varios asociados a la Internacional Liberal estuvieron presentes en el evento provocador, como Mario Vargas Llosa, la Atlas Economic Research Foundation, la Friedrich Naumann Stiftung Fuy Die Freiheit, la Red Liberal de América Latina (RELIAL), Otto Guevara, presidente del Movimiento Libertario de Costa Rica, la CEDICE venezolana, la Fundación Libertad, la Fundación Atlas, la Fundación Libertad (Argentina), la Fundación Democracia (Bolivia), la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), asociada al PP de España, la Fundación Iberoamericana Europea (FIE), el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (Colombia) y el Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE).
El más reciente ataque contra Venezuela, Cuba y los países del ALBA lo protagonizó el propio presidente de la Internacional Liberal (IL), Han Van Baalen, quien acaba de expresar durante su periplo centroamericano, lo siguiente:"Latinoamérica, además, es enormemente importante porque en estos momentos está siendo amenazada por el Œchavismo¹, hay que tener en cuenta que las amistades de Hugo Chávez son Irán, Cuba, los sandinistas de Nicaragua, son una coalición muy peligrosa para el mundo".
Para evidenciar, por último su maridaje con los golpistas hondureños, tanto a título personal como por parte de la Internacional y la pálida Unión Europea, declaró con prepotencia al referirse a los planes de deslegitimizar a Zelaya mediante las inconstitucionales elecciones del 29 de noviembre de 2009: "Yo soy miembro del Parlamento Europeo y como tal haré lo mejor para que la Unión Europea reconozca el proceso electoral completamente".
Como hemos visto, la Casa Blanca y sus aliados a nivel internacional están llevando a cabo un profundo, agresivo y sistemático plan desestabilizador contra Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y otras naciones progresistas de América Latina, empleando para ello todo su entarimado de recursos con los que cuentan, destacándose entre ellos la CIDH, la SIP y, particularmente, la Internacional Liberal.
Nuestros pueblos sabrán darle adecuada respuesta a cada nueva provocación, como lo hicieron los jóvenes rosarinos en el 2008, evitando que se profanara la ciudad natal del Che Guevara sin una respuesta popular. Carlos Alberto Montaner, por su parte, tendrá que reforzar su ya debilitado corazón de conspirador y papagayo, amenazado con infartarse tras cada derrota infringida por Cuba, Venezuela, Nicaragua y el movimiento progresista latinoamericano.
Martes 17 de Noviembre de 2009
El anuncio el 13 de noviembre pasado de que la Internacional Liberal, en la representación de su presidente Hans Van Baalen, había designado al golpista Roberto Micheletti como nuevo vicepresidente de dicha entidad, puso al desnudo nuevamente el carácter reaccionario de dicha institución.
Complaciente con presidente de facto, no escatimó elogios para quien es condenado mundialmente como violador de la institucionalidad en Honduras, al destacar en sus palabras en una rueda de prensa: "Fue un placer decirle al presidente Micheletti que el congreso del la Internacional Liberal hace dos semanas lo eligió como uno de sus vicepresidentes² (Š) ³Con su coraje, el presidente Micheletti ha hecho posible que el proceso de elección presidencial democrática (Š) tenga lugar el 29 de noviembre, ese es un enorme y valiente acto en favor de la democracia".
No contento al desnudar el compromiso de los liberales con el golpismo, añadió: "Mi organización enviará observadores a las elecciones presidenciales del 29 de noviembre, porque las elecciones libres y transparentes del 29 y el posterior nombramiento de un nuevo presidente completarán un proceso de retorno al orden constitucional en Honduras".
De esta forma, Van Baalen bendecía el compromiso de los derechistas miembros de su organización con los sectores norteamericanos interesados en cerrar cualquier vía para la restitución de Zelaya, mediante unas elecciones anticonstitucionales.
Usando los mismos argumentos que empleó para atacar al presidente nicaragüense Daniel Ortega, mintió con desparpajo, dando un espaldarazo a los golpistas: "Creo que la comunidad internacional no sabe mucho sobre Honduras o América Central, desafortunadamente. No mucha gente sabe que el ex presidente Zelaya quería obtener otro mandato, lo que está prohibido por la Constitución".
Poco después, al visitar Nicaragua Van Baalen prácticamente incitó a imitar la experiencia hondureña en ese país, al criticar la decisión de la CSJ, emitida el 19 de octubre pasado, de abrirle camino a su reelección presidencial. Con desenfadado intervencionismo, declaró a los medios: "El presidente Ortega debe entender que la Constitución nicaragüense está clara: no hay reelección consecutiva para un presidente".
Otro elemento a considerar sobre las sucias intenciones de Van Baalen fueron sus abiertas persuasiones injerencistas sobre los representantes de las fuerzas armadas nicaragüenses, particularmente con el jefe de FF AA, el general Omar Halleslevens, con vistas a evaluar la posibilidad de ejecutar una intentona golpista contra Daniel Ortega. Este intento fracasó, por la respuesta digna de los militares de respetar la Constitución.
Allí en Managua, Van Baalen conspiró con representantes de los partidos de derecha opositores al sandinismo, con vistas a establecer estrategias para impedir la reelección de Daniel Ortega o, en último caso, crear un frente unido para derrotarlo en las urnas en las elecciones venideras de 2011. Entre sus más cercanos conspiradores estuvieron varios miembros del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dirigido por el corrupto ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán, cuyo mandato transcurrió entre 1997 y 2002.
Haciendo una llamado a la unidad de los liberales nicas, pues estos se encuentran actualmente micro fraccionados en varias organizaciones como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN); el Partido Liberal Independiente (PLI) y Movimiento Vamos con Eduardo, Van Baalen dijo que esta era una de las vías para lograr el éxito en las próximas elecciones de 2011.
Otro de sus anfitriones en Nicaragua fue Eduardo Montealegre, millonario y uno de los más activos opositores al gobierno sandinista, confabulado hasta los tuétanos con los golpistas hondureños y quien es el líder del Movimiento Vamos con Eduardo. Montealegre fue el candidato de la derecha derrotado por Ortega en las lecciones del 2006 y quien reconoció a Van Baalen las intenciones de derrotar a Ortega por cualquier vía.
Van Baalen, irrespetando los asuntos internos de Nicaragua, llamó a desestabilizar el país con sistemáticas protestas. Al respecto, expresó: "Todos los demócratas y todos los liberales en este momento deben ir a las calles, obviamente de una manera pacífica". De esta forma, Van Baalen santificó las anunciadas protestas del próximo 21 de noviembre para condenar un supuesto fraude cometido por el FSLN en las elecciones municipales de noviembre del 2008 y enfrentar el legítimo derecho de Ortega de reelegirse.
La conferencia internacional sobre "Socialismo y populismo, como creadores de pobreza", auspiciada por la Fundación Friedrich Naumann, la Internacional Liberal, la Red Liberal de América Latina (RELIAL) y el Movimiento Vamos con Eduardo, fue el marco propicio para que Emil Kirjas, Secretario General de la Internacional Liberal (IL), iniciara los ataques contra Daniel Ortega promovidos por Van Baalen en su actual visita. Este encuentro, desarrollado en septiembre de 2008 en Managua, tuvo un marcado carácter injerencista en los asuntos internos de Nicaragua y se enfocó a la promoción de planes desestabilizadores contra el gobierno de ese país, en el que incluso Kirjas llamó a Ortega a renunciar por llevar al país "por un camino erróneo".
En esa oportunidad, la Internacional Liberal convocó a todos a participar en las elecciones municipales de noviembre de 2008, a la par que fustigó a los países que como Cuba y Venezuela, han escogido el camino del socialismo.
Volviendo a la actual campaña injerencista promovida por Van Baalen durante su visita a Nicaragua, éste acusó al gobierno nica de haberlo presionado para abandonar el país. Según él, el vicecanciller y secretario de Cooperación Externa de la cancillería nicaragüense, Valdrack Jaentschke, le pidió abandonar el país y se abstuviera de su actividad injerencista.
Sumándose al rol provocador de Hans Van Baalen, el ex primer ministro belga Guy Verhofstadt, realizó ofensivas declaraciones en apoyo de su congénere de la injerencista organización, al declarar: "Si Daniel Ortega no está preparado para aceptar la libertad de expresión y las críticas, entiende poco la democracia y no merece un nuevo mandato".
Por su parte, el ex candidato presidencial Edmundo Jarquín y líder del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), una de las organizaciones comprometidas en el complot desestabilizador en Nicaragua, se sumó a las virulentas acusaciones proferidas por los provocadores miembros de la Internacional Liberal, al declarar: "La arrogancia con la que autoridades de la cancillería se refieren a Holanda solamente porque un dirigente político de ese país reiteró la creciente preocupación de la comunidad internacional por la situación política nicaragüense forma parte de un error de más fondo y que los nicaragüenses vamos a pagar muy caro".
LA INTERNACIONAL LIBERAL
La Internacional Liberal es una agrupación mundial de partidos de corte liberal, fundada en la ciudad inglesa de Oxford en 1947 y que mantiene su sede en Londres.
Los supuestos principios que unen a los partidos que la integran son: los derechos humanos, las elecciones libres y justas y la democracia multipartita, la justicia social, la tolerancia, la economía de libre mercado, el libre comercio, la sostenibilidad medioambiental y un fuerte sentido de la solidaridad internacional.
Sin embargo, estos principios se aplican internacionalmente según la conveniencia de sus ideólogos y responden a los intereses de los grupos de poder económico en cada país miembro, usándose su defensa como elementos desestabilizadores en aquellos países cuyos gobiernos apuestan por otras opciones políticas ajenas al liberalismo. En tal sentido, la Internacional Liberal ha sido un instrumento empleado por las fuerzas reaccionarias y contrarrevolucionarias en países como Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, para sabotear y desestabilizar la vida nacional en esas naciones.
Entre los partidos más influyentes se encuentran el Deutsche Gruppe der LI y el Partido Democrático Libre (Alemania), el Foro Liberal (Austria), Mouvement Réformateur y Vlaamse Liberalen en Democraten (Bélgica), Partido Liberal de Canadá, Det Radikale Venstre y el Partido Liberal Danés (Dinamarca), Libertad y Democracia, y la Unión Mallorquina (España), Partido Centrista de Finlandia y Svenska Folkpartiet (Finlandia), Unión para la Democracia Francesa (Francia), Nederlandse Groep, Democraten 66, Partido Popular por la Libertad y la Democracia (Holanda), Alianza de los Demócratas Libres (Hungría), Shinui y el Israeli Group (Israel), Partido Liberal (Noruega), Partido Alianza de Irlanda del Norte, Liberal International British Group y Partido Liberal Demócrata (Reino Unido), Partido Democrático Ruso Yabloko (Rusia), Partido Popular Liberal (Suecia), Partido Radical Democrático Suizo y Partido Liberal Suizo (Suiza),
En América Latina se valen de grupúsculos desestabilizadores y contrarrevolucionarios, como el caso de Cuba. Donde financian, organizan y dirigen las actividades del Partido Liberal de Cuba, Partido Solidaridad Democrática y la Unión Liberal Cubana.
Cuenta la Internacional Liberal con un vasto tinglado de organizaciones para llevar a cabo sus objetivos como la Alianza de Liberales y Demócratas para Europa (ALDE), el Grupo Liberal Demócrata del Consejo de Europa (LDR), la Federación Internacional de la Juventud Liberal (IFLRY), la Red Internacional de Mujeres Liberales, el Partido Europeo Liberal Demócrata Reformista, la Red Liberal de África, el Council of Asian Liberals and Democrats, la Fundación Friedrich Naumann de Alemania, la Fundación Dr. Y. Foerder, la Fondación Luigi Einaudi, el Centro Liberal Internacional de Suecia, el Neue Zürcher Zeitung, el Instituto Democrático Nacional, organización con lazos con el Partido Demócrata de Estados Unidos, y la Red Liberal de América Latina.
LA INTERNACIONAL LIBERAL Y EL CASO CUBA.
En el caso de Cuba, la Internacional Liberal ha desarrollado una activa campaña desestabilizadora apoyando a grupos de quinta columnistas dentro del país, a quienes financian e coordinación con entidades del gobierno norteamericano. Toda la actividad de estos reducidos grupos que se auto titulan partidos, tiene un rol provocador y comprometido a las campañas internacionales de difamación hacia la Revolución Cubana.
Uno de estos grupos, la Unión Liberal Cubana, dirigido por el contrarrevolucionario y agente de la CIA, Carlos Alberto Montaner, ha ejecutado diversas campañas tendenciosas encaminadas a endilgarle a Cuba supuestas violaciones de los derechos humanos.
La ULC, por ejemplo, promovió dentro de la Internacional Liberal la propuesta del contrarrevolucionario Oswaldo Payá para el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 2003.
Uno de los grupúsculos ahijados de la Internacional Liberal es el Partido Liberal de Cuba (PLC), el que le envió a sus amos una carta fechada el 7 de noviembre de 2006, en ocasión de celebrarse el XIV Congreso de la IL, en la que destaca solicitando el apoyo de ésta:"Los liberales cubanos, y muchos otros demócratas cubanos, estamos seguros del éxito de esta reunión y esperamos que, contando también con la ayuda internacional, los nobles postulados de la libertad se abran paso en el futuro de nuestra sufrida isla."
Mentira tras mentira, arguyen en la carta una supuesta represión por parte del gobierno, ocultado que es el propio pueblo quien responde enérgicamente a sus provocaciones. En este sentido, expresaron: "El gobierno de La Habana trata de aplastar violentamente cualquier expresión de libertad. Las oficialmente establecidas brigadas paramilitares de respuesta rápida irrumpen en las viviendas de los activistas pro democracia, vejándolos y golpeándolos impunemente. Toda la estructura de nuestro partido en la isla ha sido víctima de estos actos violatorios."
La actividad injerencista en los asuntos cubanos de la Internacional Liberal, quedó evidenciada en la amañada visita a la Unidad Liberal de la República de Cuba, en octubre de 2009, por parte de Emil Kirjas, Secretario General de la Internacional Liberal y Martín Angeby, Secretario General del Centro Internacional Liberal Sueco (SILC).
Aquí fracasaron sus maniobras azuzadoras hacia la contrarrevolución, tal como sucedió un mes después en Nicaragua.
A instancias de la Internacional Liberal fueron inscritos dentro de la misma los grupúsculos contrarrevolucionarios el Partido Liberal de Cuba (PLC) y el Partido Solidaridad Democrática (PSD), a los que orientó unirse en la auto denominada Convergencia Liberal Cubana (CLC). El 2 de septiembre de 2007, la CLC anunciaba en su Nuevo Documento de Base que sus objetivos eran: "Para el futuro democrático de Cuba es primordial trabajar y construir un país institucional que garantice auténticos procesos democráticos dentro de comportamientos rigurosamente éticos."
Su desconocimiento de la democracia real que promueve la sociedad socialista en Cuba se enmarca dentro del discurso ideológico de los detractores de la realidad cubana, interesados en falsear, confundir y minar desde adentro la fortaleza ideológica del pueblo. Por su discurso político, pues, los supuestos liberales cubanos no persiguen otra cosa que el retorno al capitalismo y acabar con la sociedad edificada a partir del primero de enero de 1959, que eliminó la politiquería, la exclusión social, las enormes brechas entre ricos y pobres, la pobreza y el hambre, el analfabetismo y la insalubridad, así como otros males sociales.
CARLOS ALBERTO MONTANER Y LA CIA.
El adalid de la sucia labor ideológica en América Latina y, particularmente, en Cuba, ha sido Carlos Alberto Montaner, de origen cubano y nacido en 1943. Con residencia en España y en Miami, este escritor y periodista servidor a los intereses de la detracción y la guerra ideológica contra Cuba, tiene oscuros y indecorosos orígenes en su labor contrarrevolucionaria, que lo han hecho navegar entre el terrorismo, el espionaje a favor de la CIA y la mentira como forma de lucrar y mantener una holgada vida.
Entre las obras de corte contrarrevolucionario y provocador se encuentran Viaje al corazón de Cuba, Cómo y por qué desapareció el comunismo, Libertad: la clave de la prosperidad, y las novelas Perromundo y 1898: La Trama.
Su labor encaminada a minar a la Revolución Cubana lo llevó a crear en 1990, por instrucciones expresas de la CIA, la Unión Liberal Cubana, afiliando a su irrepresentativa organización a la Internacional Liberal, ocupando el cargo de vicepresidente de la misma desde 1992.
Carlos Alberto Montaner ha sido desenmascarado por sus vínculos ancestrales con la CIA, particularmente por el avezado periodista e investigador canadiense Jean Guy Allard, tomando como referencia a un cable de la UPI de aquella época, de quien citamos algunos párrafos de un artículo escrito por el mismo el 29 de abril de 2008: "Carlos Alberto Montaner, el comentarista anticubano radicado en Madrid, que acaba de participar en la Embajada yanqui en España a una reunión mafiosa, perteneció a las Unidades Militares Cubanas de la US Army, conformadas por la CIA a principios de los años 60. Se decía en 1963 ³leader² de estas tropas mercenarias - en las cuales se encontraba también Luis Posada Carriles. Lo revela un cable de la agencia norteamericana UPI del 20 de julio de este mismo año."
"El cable de UPI señalaba textualmente que ³Carlos Alberto Montaner, un líder de las Unidades Militares Cubanas dijo ayer que acciones anti-Castro empezarán desde una base secreta en el Caribe".
"La descripción corresponde exactamente a las unidades militares constituidas a partir de abril 1962 por la CIA en vista a infiltraciones de sabotaje en Cuba. Posada Carriles fue uno de estos mercenarios reclutados por la agencia y entrenado al uso de explosivos, a las técnicas de secuestro, tortura y eliminación de sospechosos en el marco de las operaciones sucias promovidas por Washington contra Cuba."
"En septiembre de 1960, cuando la muy joven Revolución cubana se encontraba ya agredida con fuerza por Estados Unidos, Carlos Alberto Montaner, hijo de papa frustrado, viajaba a Estados Unidos para ofrecer sus servicios al Frente Revolucionario Democrático (FRD), organización contrarrevolucionaria subordinada a la CIA que dirigía desde la Florida ³Tony² Varona."
"El FRD había sido creado por el operativo CIA E. Howard Hunt (el del Watergate) expresamente para desarrollar acciones terroristas. En esta tarea para la cual seleccionaba elementos refractarios a los cambios e informantes de la dictadura bastistiana, Hunt colaboraba estrechamente con su socio David Atlee Philips."
"El 30 de diciembre de 1960, el diario habanero Hoy, citando a investigadores antiterroristas de la época, anunciaba el arresto de varios miembros de esta organización traidora. Entre los terroristas capturados se encontraba Carlos Alberto Montaner, sorprendido el día 26 en su domicilio de Calle 88ª, número 309, en posesión de un arsenal de artefactos incendiarios."
"El periódico Revolución del 18 de enero de 1961, en su página cuatro, anunció que en la causa 6-61, radicada por los delitos de estragos y tenencia de materias inflamables en que aparecían como acusados: Carlos Alberto Montaner Suris, Alfredo Carrión Obeso, Néstor Manuel Piñango Pérez y Víctor Jorge Fernández Romero fueron sancionados a 20 años de reclusión, respectivamente".
Carlos Alberto Montaner escapó de la prisión de baja seguridad y llegó a Miami el 8 de septiembre de 1961. Luego se jactaría de su pertenencia al grupo terrorista FRD, encabezado por Antonio Varona y evaluado por la CIA como uno de los grupos más promisorios en sus planes de guerra sucia contra la Revolución naciente. Allí se alió a terroristas de la calaña de José Ignacio Rasco y Rafael "Warry" Sánchez.
Posteriormente, ya radicado en España, Montaner mantuvo contacto permanente con los terroristas de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), radicados en Miami, a quienes abriría paso para sus contactos con el derechista José María Aznar y el Partido Popular. Aunque Carlos Alberto Montaner tuvo su época de gloria con el Partido Popular en la era de Aznar, su estrella va actualmente en declive pues los nuevos dirigentes de ese partido, a la cabeza de María Dolores de Cospedal, lo ven como un instrumento discontinuado, de cuestionable pasado y también a causa de sus posiciones públicamente extremistas que comprometen al PP.
El papel de patrocinador de la subversión mediática contra Cuba y los países progresistas del continente, por encargo de la CIA, lo desempeñó Montaner apoyándose en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Office of Cuba Broadcasting (OCB), la USAID, la NED y otras oscuras entidades del imperio.
Pero Carlos Alberto Montaner no se rinde ante el abandono que le han hecho la CIA y el Partido Popular de España y ha buscado nuevos horizontes para su maltrecha sed de protagonismo. Esta vez ha enfilado sus cañones contra las naciones del ALBA.
Durante una visita que realizó a Honduras junto a otro papagayo de las derechas, el peruano Álvaro Vargas Llosa, Montaner celebró con euforia la supuesta derrota del chavismo en Honduras y aplaudió a los golpistas encabezados por Micheletti. Sin ambages, declaró: "El tirón chavista de toma de poder fracasó en Honduras. (Š). ³Yo me imagino que cuando el castro chavismo se convenza de que fracasó lo que quisieron hacer en Honduras con el presidente Zelaya, (Š) lo probable es que busquen una nueva vía".
Acusando a Cuba y a Venezuela del resurgimiento de la violencia en la nación catracha šignorando la violencia criminal de los golpistas contra el pueblo hondureño, se atrevió a predecir que "habrá un proceso de desestabilización, que puede incluir atentados selectivos, un grupo guerrillero (Š) Cualquier camino que conduzca al conflicto lo van a utilizar".
LOS ATAQUES CONTRA VENEZUELA
La Revolución Bolivariana encabezada por Hugo Chávez tampoco ha escapado a los ataques de la Internacional Liberal y de sus acólitos como Carlos Alberto Montaner.
El 3 de abril de 2005 se dio a conocer la participación de la CIA en el golpe de estado contra Chávez en abril de 2002. Un mes antes de la asonada, entre el 10 y el 12 de marzo, Montaner estuvo en Caracas con un doble propósito; contribuir a la campaña desinformativa anti bolivariana previa al golpe y conspirar con los planes golpistas de manera directa. Según H Cook, diplomático yanqui acreditado en Caracas,
Según un informe recientemente desclasificado, H. Cook, funcionario de la embajada estadounidense en Caracas remitió un informe a Washington en que decía: "Montaner se habría reunido en un restaurante de Caracas con un grupo de personalidades venezolanas y cubanas entre las que se encontraban Pedro Carmona Estanga presidente de Fedecamaras; Roberto Fontanillas; Nazario Viveros; Fausto Masó y los periodistas Marianella Salazar; Patricia Poleo; Marta Colomina; Roberto Giusti (El Universal) y Antonio Herrera (Venacham)".
La labor conspirativa de Montaner en Caracas en los días anteriores al golpe, en asociación con la agente CIA Roció Guijarro y el CEDICE, ambos también vinculados a la NED, se centró en contactar a las figuras públicas que aparecerían al frente del golpe como el propio Pedro Carmona Estanga y Patricia Poleo.
Por esa fecha, y como parte de la labor desinformativa previa al golpe, Carlos Alberto Montaner publicó un tendencioso artículo titulado ¿Quién le pone el cascabel a Chávez?, cargado de mensajes subliminales para crear un espectro de aceptación a la venidera asonada.
Dentro de las estrategias y el concubinato de la CIA con todo su andamiaje de guerra ideológica, se llevó a cabo un encuentro en marzo de 2008 en Rosario, Argentina, en el que se encontraron nada menos que varios miembros de la Internacional Liberal con Roger Noriega, José María Aznar, los ex presidentes mejicano Vicente Fox, el ecuatoriano Osvaldo Hurtado, el boliviano Jorge Quiroga y el uruguayo Luis Lacalle, entre otros, con el exclusivo propósito de arremeter contra Cuba, Bolivia y Venezuela.
Utilizando el marco del Seminario Los desafíos de América Latina, arremetieron contra Cuba, Venezuela y Bolivia como ejemplos de la anti democracia y el totalitarismo, al igual que realizaron una defensa a ultranza del modelo capitalista de mercado y satanizaron a los proyectos de izquierda.
Montaner llegó incluso a calificar a los movimientos progresistas de América Latina como "una izquierda nacionalista e intervencionista, incluso carnívora".
Las maniobras contrarrevolucionarias promovidas por los contrarrevolucionarios organizadores del evento tuvieron una digna respuesta por parte de un numeroso grupo de simpatizantes de Cuba y Venezuela, quienes apedrearon a uno de los ómnibus en que viajaba Carlos Alberto Montaner y sus acólitos en la esquina de Laprida y 27 de Febrero, en Rosario. Los gritos histéricos y cargados de miedo de Montaner, Mario Vargas Llosa, Wolfang Gerhardt, vicepresidente de la Internacional Liberal y del Presidente de la Friedrich Naumann-Stiftung Für die Freiheit, de Alemania, se dejaron escuchar por doquier.
Otro acontecimiento promovido por los golpistas aliados a la CIA e integrados en el CEDICE, en Venezuela, tuvo lugar en junio de 2009. La realización en Caracas del seminario Encuentro Internacional Libertad y Democracia: El Desafío Latinoamericano, fue otro abierto paso provocador contra Venezuela y contra los países del ALBA. Allí volvieron a concentrarse los principales promotores de la guerra sucia contra las fuerzas progresistas latinoamericanas y defensores de los modelos capitalistas de desarrollo.
Al viejo estilo de la CIA y el Mossad, los organizadores den encuentro inauguraron la Universidad Cedice-Cato, que tendrá la misión de fabricar disidentes y promotores de la subversión contrarrevolucionaria contra la revolución Bolivariana, como ya lo está haciendo con la Fundación Futuro Presente, de Yon Goicochea.
Varios asociados a la Internacional Liberal estuvieron presentes en el evento provocador, como Mario Vargas Llosa, la Atlas Economic Research Foundation, la Friedrich Naumann Stiftung Fuy Die Freiheit, la Red Liberal de América Latina (RELIAL), Otto Guevara, presidente del Movimiento Libertario de Costa Rica, la CEDICE venezolana, la Fundación Libertad, la Fundación Atlas, la Fundación Libertad (Argentina), la Fundación Democracia (Bolivia), la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), asociada al PP de España, la Fundación Iberoamericana Europea (FIE), el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (Colombia) y el Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE).
El más reciente ataque contra Venezuela, Cuba y los países del ALBA lo protagonizó el propio presidente de la Internacional Liberal (IL), Han Van Baalen, quien acaba de expresar durante su periplo centroamericano, lo siguiente:"Latinoamérica, además, es enormemente importante porque en estos momentos está siendo amenazada por el Œchavismo¹, hay que tener en cuenta que las amistades de Hugo Chávez son Irán, Cuba, los sandinistas de Nicaragua, son una coalición muy peligrosa para el mundo".
Para evidenciar, por último su maridaje con los golpistas hondureños, tanto a título personal como por parte de la Internacional y la pálida Unión Europea, declaró con prepotencia al referirse a los planes de deslegitimizar a Zelaya mediante las inconstitucionales elecciones del 29 de noviembre de 2009: "Yo soy miembro del Parlamento Europeo y como tal haré lo mejor para que la Unión Europea reconozca el proceso electoral completamente".
Como hemos visto, la Casa Blanca y sus aliados a nivel internacional están llevando a cabo un profundo, agresivo y sistemático plan desestabilizador contra Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y otras naciones progresistas de América Latina, empleando para ello todo su entarimado de recursos con los que cuentan, destacándose entre ellos la CIDH, la SIP y, particularmente, la Internacional Liberal.
Nuestros pueblos sabrán darle adecuada respuesta a cada nueva provocación, como lo hicieron los jóvenes rosarinos en el 2008, evitando que se profanara la ciudad natal del Che Guevara sin una respuesta popular. Carlos Alberto Montaner, por su parte, tendrá que reforzar su ya debilitado corazón de conspirador y papagayo, amenazado con infartarse tras cada derrota infringida por Cuba, Venezuela, Nicaragua y el movimiento progresista latinoamericano.
martes, 10 de noviembre de 2009
La aspiradora de votos
Manuel Luis Rodríguez U (Coyuntura Politica Pta. Arenas)
En un escenario presidencial cada vez mas competitivo e impredecible, la elección presidencial de primera vuelta comenzará a operar como una aspiradora de votos. Y no solo en primera vuelta, sino sobre todo en segunda vuelta.
La publicación inminente de la encuesta CEP esta semana, cerrará el ciclo de las encuestas decisivas y dejará la percepción pública que solo dos candidatos pasarán a segunda vuelta, y que por lo tanto, los demás postulantes presidenciales son solo candidatos al demoledor efecto del voto util. Aunque todos sabemos que la utilidad del voto en primera vuelta, no es la misma que en segunda vuelta.
En un escenario presidencial cerrado y estrecho, la lógica implacable del voto util que es lo mismo que el “voto a ganador” puede ocasionar efectos desvastadores en campañas, conglomerados, adherentes y partidos, ya que obliga a remar contra la corriente… en realidad, a remar contra la “aspiradora de votos” que hacen funcionar los dos candidatos que pasan a segunda vuelta.
En segunda vuelta, Sebastian Piñera y Eduardo Frei tratarán de ofrecernos los discursos mas edulcorados e inclusivos para tratar de capturar el máximo de votos: Piñera para convencer al electorado de centro que le resulta siempre esquivo, y Frei para convencer al electorado de izquierda y concertacionista que lo ha mirado con recelo.
Las encuestas no son sin embargo, el único oráculo de predicción de los resultados. Hemos entrado en la época de oro de los analistas, los vendedores de pomada, los opinólogos y los manipuladores de cifras, capaces de decirnos que estamos ganando cuando los números indican que perdemos y de convencernos que vamos perdiendo mientras los porcentajes dicen que vamos adelante.
En la implacable maquinaria propagandistica de las campañas multi-millonarias, el ciudadano “comun y corriente” se nos aparece como un minusculo peon sometido a los calculos de marketeros y diseñadores de imagen, acostumbrados a la frasecita hueca de 10 segundos que servira como cuña para la television…y por lo tanto, el ciudadano se enfrenta al dilema de votar o de anular… de hacer que su voto sea util para expresar su rechazo y sus adhesiones más sinceras y profundas.
La trampa de este juego comunicacional y matemático (encuestas + publicidad + encuestas + publicidad…) está en que unos y otros seleccionan determinados hechos de la realidad y los colocan en el centro de la escena como si fueran el hecho principal. Todo el país supo de los dimes y diretes de Piñera y Marco en el foro de Talca, pero ningun canal de televisión nos mencionó las propuestas hechas por los 4 candidatos sobre regionalización.
En campaña aprendemos a desconfiar de cada titular y de cada noticia de primera plana, porque seguro que silencian y ocultan algo que no nos quieren destacar.
Manuel Luis Rodríguez U.
http://coyunturapolitica.wordpress.com/2009/11/09/la-aspiradora-de-votos/
En un escenario presidencial cada vez mas competitivo e impredecible, la elección presidencial de primera vuelta comenzará a operar como una aspiradora de votos. Y no solo en primera vuelta, sino sobre todo en segunda vuelta.
La publicación inminente de la encuesta CEP esta semana, cerrará el ciclo de las encuestas decisivas y dejará la percepción pública que solo dos candidatos pasarán a segunda vuelta, y que por lo tanto, los demás postulantes presidenciales son solo candidatos al demoledor efecto del voto util. Aunque todos sabemos que la utilidad del voto en primera vuelta, no es la misma que en segunda vuelta.
En un escenario presidencial cerrado y estrecho, la lógica implacable del voto util que es lo mismo que el “voto a ganador” puede ocasionar efectos desvastadores en campañas, conglomerados, adherentes y partidos, ya que obliga a remar contra la corriente… en realidad, a remar contra la “aspiradora de votos” que hacen funcionar los dos candidatos que pasan a segunda vuelta.
En segunda vuelta, Sebastian Piñera y Eduardo Frei tratarán de ofrecernos los discursos mas edulcorados e inclusivos para tratar de capturar el máximo de votos: Piñera para convencer al electorado de centro que le resulta siempre esquivo, y Frei para convencer al electorado de izquierda y concertacionista que lo ha mirado con recelo.
Las encuestas no son sin embargo, el único oráculo de predicción de los resultados. Hemos entrado en la época de oro de los analistas, los vendedores de pomada, los opinólogos y los manipuladores de cifras, capaces de decirnos que estamos ganando cuando los números indican que perdemos y de convencernos que vamos perdiendo mientras los porcentajes dicen que vamos adelante.
En la implacable maquinaria propagandistica de las campañas multi-millonarias, el ciudadano “comun y corriente” se nos aparece como un minusculo peon sometido a los calculos de marketeros y diseñadores de imagen, acostumbrados a la frasecita hueca de 10 segundos que servira como cuña para la television…y por lo tanto, el ciudadano se enfrenta al dilema de votar o de anular… de hacer que su voto sea util para expresar su rechazo y sus adhesiones más sinceras y profundas.
La trampa de este juego comunicacional y matemático (encuestas + publicidad + encuestas + publicidad…) está en que unos y otros seleccionan determinados hechos de la realidad y los colocan en el centro de la escena como si fueran el hecho principal. Todo el país supo de los dimes y diretes de Piñera y Marco en el foro de Talca, pero ningun canal de televisión nos mencionó las propuestas hechas por los 4 candidatos sobre regionalización.
En campaña aprendemos a desconfiar de cada titular y de cada noticia de primera plana, porque seguro que silencian y ocultan algo que no nos quieren destacar.
Manuel Luis Rodríguez U.
http://coyunturapolitica.wordpress.com/2009/11/09/la-aspiradora-de-votos/
miércoles, 4 de noviembre de 2009
Texto completo del acuerdo militar entre EEUU y Colombia
La remisión de este material fue gracias a Eva Golinger.
Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América
Índice
Preámbulo
Artículo I Definiciones
Artículo II Consultas bilaterales sobre defensa y seguridad
Artículo III Objetivo de la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad
Artículo IV Acceso, uso y propiedad de las instalaciones y ubicaciones convenidas
Artículo V Procedimientos de autorización de ingreso y sobrevuelo de aeronaves
Artículo VI Pago de tarifas y otros cargos
Artículo VII Respeto por las leyes nacionales
Artículo VIII Estatus del personal
Artículo IX Documentación para entrar, salir y viajar
Artículo X Importación, exportación, adquisición y utilización de bienes y fondos
Artículo XI Construcción
Artículo XII Contratación y contratistas
Artículo XIII Servicios públicos
Artículo XIV Facilitación administrativa
Artículo XV Uniformes y armas
Artículo XVI Seguridad
Artículo XVII Licencias de conducción, matrículas, seguros de
vehículos y licencias profesionales
Artículo XVIII Trato fiscal
Artículo XIX Reclamaciones
Artículo XX Servicios postales y comunicaciones
Artículo XXI Medio ambiente, salud y seguridad
Artículo XXII Facilitación de los observadores aéreos
Artículo XXIII Implementación, evaluación y enmienda
Artículo XXIV Solución de controversias
Artículo XXV Entrada en vigor y duración
Preámbulo
El Gobierno de la República de Colombia ("Colombia") y el Gobierno de los Estados Unidos de América ("los Estados Unidos"), en adelante "las Partes" o "la Parte", según convenga:
En el marco del Acuerdo de Asistencia Militar entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, suscrito en Bogotá el 17 de abril de 1952 ("el Acuerdo de 1952"); de laConvención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, suscrita en Viena el 18 de abril de 1961("la Convención de Viena"); del Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afín entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América, suscrito en Bogotá el 23 de julio de 1962 ("el Convenio de 1962"); del Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a una Misión del Ejército, una Misión Naval y una Misión Aérea de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos de América en la República de Colombia, suscrito en Bogotá el 7 de octubre de 1974 ("el Acuerdo de Misiones Militares de 1974"); de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988; de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita en Nueva York el 15 de noviembre de 2000; de las convenciones sobre la lucha contra actividades terroristas, suscritas en el marco de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, de las cuales ambos países son signatarios; de la Resolución 1373 de 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; de la Carta Democrática Interamericana de 2001; y de laPolítica de Defensa y Seguridad Democrática de la República de Colombia;
Teniendo en cuenta la Declaración de Cartagena, sobre la producción, el tráfico y la demanda de drogas ilícitas, suscrita en Cartagena el 15 de febrero de 1990, y la Declaración de San Antoniosobre la cooperación regional en la lucha contra el problema mundial de las drogas y los delitos relacionados, suscrita en San Antonio el 27 de febrero de 1992;
Observando el Anexo al Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afín entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América, suscrito en Bogotá el 30 de agosto de 2004, que establece un programa bilateral de control de narcóticos, incluido un programa integral contra el narcotráfico, las actividades terroristas y otras amenazas contra la seguridad nacional de Colombia;
De conformidad con el Memorando de Entendimiento para una Relación Estratégica de Seguridad para Promover la Cooperación entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América, suscrito en Bogotá el 14 de marzo de 2007;
Teniendo en cuenta el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para Suprimir el Tráfico Ilícito por Mar (conocido como "el Acuerdo de Interdicción Marítima"), suscrito en Bogotá el 20 de febrero de 1997 y el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América Relativo al Programa de Supresión del Tráfico Ilícito Aéreo de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas ("Acuerdo Air Bridge Denial"), suscrito en Bogotá el 20 de diciembre de 2007;
Reconociendo el historial de cooperación bilateral, así como la importancia de promover y facilitar la cooperación regional para contrarrestar las amenazas persistentes a la paz y la estabilidad, como el terrorismo, el problema mundial de las drogas, la delincuencia organizada transnacional y la proliferación de armas pequeñas y ligeras;
Reconociendo la necesidad de fortalecer la relación estratégica de seguridad entre las Partes, estrechar la cooperación bilateral en materia de defensa y seguridad, así como para enfrentar las amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia;
Afirmando que esa cooperación se funda en el pleno respeto por la soberanía de cada Parte y por los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas;
Observando la labor que lleva a cabo continuamente durante los últimos años el Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa Colombia - Estados Unidos y su Comité de Dirección, el cual sirve de marco general para orientar la cooperación entre las Partes;
Con el deseo de suscribir un acuerdo que fortalezca la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre las Partes; y
Reconociendo la importancia del fortalecimiento de la interoperabilidad de las Fuerzas Militares de Colombia a través del incremento de su capacidad de cooperar bilateral o multilateralmente con otras fuerzas militares;
Han convenido en lo siguiente:
Artículo I
Definiciones
A efectos del presente Acuerdo:
a) Por "personal civil" se entiende los empleados civiles o personas formalmente asignadas alDepartamento de Defensa de los Estados Unidos que se encuentren en Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo, así como los empleados civiles de otros departamentos u organismos del Gobierno de los Estados Unidos que estén en Colombia apoyando directamente una misión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo.
b) Por "personal militar" se entiende los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que estén en Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo.
c) Por "personal de los Estados Unidos" se entiende el personal militar y el personal civil de los Estados Unidos que estén en Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo.
d) Por "contratistas de los Estados Unidos" se entiende las personas naturales o jurídicas que hayan concertado contratos con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para proporcionar bienes y prestar servicios para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo.
e) Por "empleados de contratista de los Estados Unidos" se entiende las personas naturales que sean empleados por un contratista de los Estados Unidos que estén en Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo.
f) Por "observadores aéreos" se entiende los representantes de Colombia o de terceros Estados que, previa autorización de Colombia y por invitación de los Estados Unidos, participen enmisiones aéreas que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo.
g) Por "instalaciones y ubicaciones convenidas" se entiende los sitios, emplazamientos e infraestructura cuyo acceso y uso sea autorizado por Colombia a los Estados Unidos para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo.
h) Por "partes operativas" se entiende el Ministerio de Defensa de Colombia y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
i) Por "personas a cargo" se entiende los cónyuges del personal de los Estados Unidos, o hijos de dicho personal que dependen de ellos para su manutención, así como aquellas personas que por razones de tipo legal, financiero o de salud dependen del personal de los Estados Unidos, son mantenidos por ellos, residen con dicho personal, y que se encuentran en territorio de Colombia bajo órdenes de viaje del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que autorizan su presencia en Colombia, para las actividades que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo.
j) Por "bienes" se entiende, entre otros bienes muebles, los productos, equipos, materiales y suministros que guarden relación con el presente Acuerdo.
k) Por "aeronave de Estado de los Estados Unidos", se entiende una aeronave así designada por los Estados Unidos ante las autoridades colombianas, que lleve a cabo actividades mutuamente acordadas en el marco del presente Acuerdo.
l) Por "buque de Estado de los Estados Unidos", se entiende un buque así designado por los Estados Unidos ante las autoridades colombianas, que lleve a cabo actividades mutuamente acordadas en el marco del presente Acuerdo.
Artículo II
Consultas bilaterales sobre defensa y seguridad
Las Partes convienen en continuar las consultas bilaterales sobre defensa y seguridad en el Grupo de Trabajo Bilateral (GTB) de Defensa Colombia - Estados Unidos para promover la relación estratégica entre las Partes.
Artículo III
Objetivo de la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad
1. En el espíritu del Preámbulo de este Acuerdo y de conformidad con los acuerdos bilaterales y multilaterales pertinentes de los cuales Colombia y los Estados Unidos sean parte, en particular aquellos atinentes a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y con sujeción al ordenamiento jurídico de cada una de las Partes, éstas acuerdan profundizar su cooperación en áreas tales como interoperabilidad, procedimientos conjuntos, logística y equipo, entrenamiento e instrucción, intercambio de inteligencia, capacidades de vigilancia y reconocimiento, ejercicios combinados, y otras actividades acordadas mutuamente, y para enfrentar amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia.
2. Las actividades mutuamente acordadas, mencionadas anteriormente, requerirán ser autorizadas por y coordinadas con las autoridades colombianas pertinentes, quienes podrán tomar las medidas de seguimiento que correspondan. La información derivada de tales actividades será compartida por las Partes de acuerdo con los acuerdos existentes y los futuros acuerdos. Estas actividades mutuamente acordadas no excederán lo establecido en los acuerdos de cooperación bilaterales y multilaterales firmados por las Partes y respetarán las normas colombianas. Para tal fin, las Partes podrán suscribir uno o más acuerdos de implementación que establezcan un mecanismo ágil y eficiente para la autorización, coordinación y seguimiento según la naturaleza de las actividades.
3. Las Partes se comprometen a fortalecer y apoyar iniciativas de cooperación regionales y globales para el cumplimiento de los fines del presente Acuerdo.
4. Las Partes cumplirán sus obligaciones derivadas del presente Acuerdo de manera que concuerde con los principios de la igualdad soberana, de la integridad territorial de los Estados y de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.
5. Las Partes, a través de sus Partes Operativas, tienen la intención de suscribir un acuerdo de implementación en el que se establezcan las líneas y características de la cooperación que los Estados Unidos podrán otorgar a Colombia, para mejorar sus capacidades para el desarrollo de actividades en el marco del presente Acuerdo.
Artículo IV
Acceso, uso y propiedad de las instalaciones y ubicaciones convenidas
1. El Gobierno de Colombia, de conformidad con su legislación interna, cooperará con los Estados Unidos, para llevar a cabo actividades mutuamente acordadas en el marco del presente Acuerdo y continuará permitiendo el acceso y uso a las instalaciones de la Base Aérea Germán Olano Moreno, Palanquero; la Base Aérea Alberto Pawells Rodríguez, Malambo; el Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo; el Fuerte Militar Larandia, Florencia; la Base Aérea Capitán Luis Fernando Gómez Niño, Apíay; la Base Naval ARC Bolívar en Cartagena; y la Base Naval ARC Málaga en Bahía Málaga; y permitiendo el acceso y uso de las demás instalaciones y ubicaciones en que convengan las Partes o sus Partes Operativas. Para tal fin, las Partes Operativas establecerán un mecanismo de coordinación para autorizar el número y categoría de las personas (personal de los Estados Unidos, contratistas de los Estados Unidos, empleados de los contratistas de los Estados Unidos y observadores aéreos) y el tipo y la cantidad de equipos que no excederá la capacidad de las instalaciones y ubicaciones convenidas.
2. Las autoridades de Colombia, sin cobro de alquiler ni costos parecidos, permitirán a los Estados Unidos el acceso y uso de las instalaciones y ubicaciones convenidas y a las servidumbres y derechos de paso sobre bienes de propiedad de Colombia que sean necesarios para llevar a cabo las actividades dentro del marco del presente Acuerdo, incluida la construcción convenida. Los Estados Unidos sufragarán todos los gastos de funcionamiento y de conservación necesarios que se relacionen con la utilización de las instalaciones y ubicaciones convenidas.
3. El personal de los Estados Unidos, los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos tendrán acceso y la capacidad de moverse libremente dentro y entre las instalaciones y ubicaciones mutuamente convenidas que se requieran para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el numeral 5 de este artículo.
4. Los edificios, las estructuras inamovibles y los montajes construidos por los Estados Unidos serán para su uso, salvo acuerdo en contrario entre las Partes o sus Partes Operativas, hasta la entrega de los mismos a Colombia, en concordancia con lo dispuesto por el numeral 7 de este artículo.
5. Para poner en práctica las disposiciones de los numerales 1, 2, 3 y 4 del presente artículo, las Partes, a través de sus Partes Operativas, tienen la intención de suscribir uno o más acuerdos de implementación en los cuales se establecerán los protocolos de seguridad y los términos y condiciones para el acceso a dichas instalaciones y ubicaciones, así como a los edificios, las estructuras inamovibles y los montajes construidos por los Estados Unidos para su uso.
6. Colombia conservará el derecho de propiedad y título con respecto a las instalaciones y ubicaciones convenidas, incluyendo los edificios, las estructuras inamovibles y los montajes conectados a la tierra.
7. Una vez haya concluido el uso de cualquier instalación o ubicación convenida, o de parte de la misma, incluidas las instalaciones construidas, mejoradas, modificadas o reparadas conforme al presente Acuerdo, los Estados Unidos entregarán dichas instalaciones a Colombia, en el estado de uso en que éstas se encuentren. Los Estados Unidos no contraerán ningún gasto por concepto de esa entrega. Los Estados Unidos no estarán obligados a desinstalar cualquier instalación, edificio o mejora de los mismos que se haya construido con sus propios fondos, a menos que se haya acordado esa condición en el momento de la construcción. Las Partes o sus Partes Operativas se consultarán acerca de las condiciones para la devolución de cualquier instalación o ubicación convenida, incluyendo, donde hubiere lugar, consultas sobre la posible compensación por las mejoras u obras de construcción.
Artículo V
Procedimientos de autorización de ingreso y sobrevuelo de aeronaves
1. Las aeronaves de Estado de los Estados Unidos serán autorizadas para entrar al territorio colombiano, de conformidad con la normatividad colombiana.
2. Las Partes suscribirán un acuerdo de implementación en el que se establecerán los procedimientos para la entrada, sobrevuelo y aterrizaje; se designarán los aeropuertos internacionales para el ingreso y salida del país; y se establecerá un mecanismo para determinar el número estimado de vuelos que harán uso de los aeropuertos internacionales, de conformidad con la normatividad colombiana.
3. Cada Parte designará un punto de contacto para coordinar las solicitudes de entrada, sobrevuelo y aterrizaje para las aeronaves de Estado de los Estados Unidos que operen en el marco del presente Acuerdo.
4. Cuando se requiera, las aeronaves de estado de los Estados Unidos que lleven a cabo actividades mutuamente acordadas en el espacio aéreo colombiano tendrán un observador aéreo de Colombia a bordo, de conformidad con los procedimientos mutuamente acordados por las Partes Operativas. Las funciones de dichos observadores y las calidades necesarias de los mismos, se establecerán en el acuerdo de implementación previsto en el artículo III del presente Acuerdo.
Artículo VI
Pago de tarifas y otros cargos
1. Las aeronaves de Estado de los Estados Unidos, cuando se encuentren en el territorio de Colombia, no estarán sujetas al pago de derechos, incluidos los de navegación aérea, sobrevuelo, aterrizaje y parqueo en rampa. Los Estados Unidos pagarán las tarifas estándar establecidas por las empresas comerciales por los servicios requeridos y recibidos. Colombia hará todos los esfuerzos necesarios para que los Estados Unidos paguen tarifas no superiores a aquellas que pagan las Fuerzas Militares de Colombia por los servicios solicitados y recibidos de empresas comerciales.
2. Los buques de Estado de los Estados Unidos recibirán el mismo tratamiento y privilegios que los buques de guerra, y en consecuencia no estarán sujetos al pago de tasas de señalización marítima y fondeo. Los Estados Unidos pagarán las tarifas establecidas en los puertos concesionados por los servicios solicitados y recibidos de las empresas comerciales.
3. Los Estados Unidos certificarán ante las autoridades colombianas que los buques y aeronaves de Estado de los Estados Unidos que se encuentren en Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo cumplen con los estándares internacionales aplicables, incluidos los estándares pertinentes de medio ambiente, salud, sanidad y seguridad.
4. De conformidad con el derecho consuetudinario internacional y la práctica, las aeronaves y buques de Estado de los Estados Unidos no se someterán a abordaje e inspección.
5. Sujeto a disponibilidad de fondos, en el marco de la cooperación bilateral y de conformidad con el artículo IV del Acuerdo de 1952, Colombia sufragará los pagos de peajes de las vías no concesionadas y del componente estatal de las concesionadas, por el uso de la infraestructura que realicen los Estados Unidos para el logro de actividades en el marco del presente Acuerdo. Las Partes tienen la intención de suscribir un acuerdo de implementación para asegurar la circulación expedita de los vehículos por los puntos de peajes en las vías.
Artículo VII
Respeto por las leyes nacionales
El personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo respetarán las leyes de Colombia y se abstendrán de realizar cualquier actividad que sea incompatible con ellas y con el presente Acuerdo. Los Estados Unidos informarán al personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo acerca de las leyes, usos y costumbres colombianas pertinentes.
Artículo VIII
Estatus del personal
1. De conformidad con los artículos 5 y 11 del Acuerdo de Misiones Militares de 1974, Colombia otorgará al personal de los Estados Unidos y a las personas a cargo los privilegios, exenciones e inmunidades otorgadas al personal administrativo y técnico de una misión diplomática, bajo la Convención de Viena.
2. En relación con la presencia de personal militar de Colombia en los Estados Unidos, para llevar a cabo actividades relacionadas con la cooperación bilateral, dentro del marco del presente Acuerdo, las Partes reafirman lo previsto en el Artículo V del Acuerdo de 1952. Los Estados Unidos brindarán a dicho personal militar de Colombia, las cortesías usualmente disponibles para el personal militar de los Estados Unidos de rango similar, hasta el máximo permitido por la ley de los Estados Unidos.
3. De conformidad con el numeral 1 del presente artículo, Colombia garantizará que sus autoridades verificarán, en el menor tiempo posible, el estatus de inmunidad del personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo, que sean sospechosos de una actividad criminal en Colombia y los entregarán a las autoridades diplomáticas o militares apropiadas de los Estados Unidos en el menor tiempo posible. Por su parte, los Estados Unidos tomarán todos los pasos necesarios para asegurar que el personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo, de que trata el presente numeral por supuestos crímenes cometidos en territorio colombiano, sean investigados con la cooperación de las autoridades colombianas y, si se amerita, sean procesados con todo el rigor de la ley. Adicionalmente, los Estados Unidos informarán periódicamente a las autoridades colombianas y atenderán, en el marco de sus capacidades, los requerimientos de información que éstas formulen sobre el desarrollo de las investigaciones y procesamientos que se adelanten en contra del personal de los Estados Unidos o sus personas a cargo que hayan cometido supuestos delitos en territorio colombiano, así como la decisión final de las investigaciones o procesamientos.
4. Colombia reconoce la importancia del control disciplinario que ejercen las autoridades de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos sobre el personal militar de los Estados Unidos. En concordancia con el artículo 12 del Acuerdo de Misiones Militares de 1974, los Estados Unidos podrán ejercer autoridad disciplinaria sobre el personal militar de los Estados Unidos en Colombia.
5. Las autoridades pertinentes de los Estados Unidos considerarán con el debido interés cualquier solicitud de renuncia a la inmunidad en las causas que las autoridades de Colombia consideren de especial importancia.
6. Las Partes se brindarán mutua asistencia con fundamento en los acuerdos vigentes, para realizar investigaciones de los supuestos crímenes cometidos por el personal de los Estados Unidos o sus personas a cargo que se encuentren en Colombia para los propósitos de este Acuerdo. Las Partes buscarán establecer y fortalecer procedimientos para dicha asistencia mutua, incluso, si fuere apropiado, con la conclusión de acuerdos adicionales.
7. Teniendo en cuenta que al personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo, Colombia les otorga una visa preferencial de servicio, estarán exonerados de obtener permisos laborales y de residencia por concepto de las actividades que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo.
Artículo IX
Documentación para entrar, salir y viajar
1. Las autoridades de Colombia permitirán al personal de los Estados Unidos, el ingreso y permanencia hasta por 90 días, a menos que se acuerde mutuamente de otra manera, para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo. Con tal propósito este personal registrará sus entradas y salidas del territorio colombiano, con la debida documentación de identidad (militar o civil) expedida por los Estados Unidos, sin la necesidad de presentar pasaporte o visa. El personal civil y las personas a cargo que no sean titulares de pasaporte de los Estados Unidos podrán ingresar con visa de cortesía.
2. Las autoridades de Colombia permitirán a los contratistas de los Estados Unidos y a los empleados de los contratistas de los Estados Unidos, el ingreso y permanencia hasta por 90 días, a menos que se acuerde mutuamente de otra manera, para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo. Para este efecto, cuando entren y salgan del territorio colombiano, los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos presentarán el respectivo pasaporte en el momento del registro migratorio.
3. Las autoridades de Colombia facilitarán los procedimientos de migración para la entrada y salida sin demora de Colombia del personal de los Estados Unidos, las personas a cargo, los contratistas de los Estados Unidos, los empleados de los contratistas de los Estados Unidos y los observadores aéreos que entren o salgan de Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo.
4. Para poner en práctica las disposiciones de este artículo, las Partes tienen la intención de suscribir un acuerdo de implementación, en el cual se definirán: las características de los documentos de identificación; los trámites migratorios expeditos para el personal de nacionalidad estadounidense; los criterios para el ingreso de nacionales de terceros países; los puertos de ingreso y salida; los términos para obtener el visado correspondiente; los parámetros necesarios para hacer efectivo el registro y control migratorio; y las condiciones para prolongar el término de permanencia estipulado para los ciudadanos estadounidenses. En ningún caso se excederán los límites establecidos por la normatividad migratoria colombiana en cuanto a permanencia sin visa en el territorio nacional.
5. El personal de los Estados Unidos, sus personas a cargo, los contratistas de los Estados Unidos, los empleados de los contratistas de los Estados Unidos y los observadores aéreos que ingresen y salgan de Colombia, para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo, estarán exentos de pagos por entrada y salida del país u otros impuestos de salida, a menos que utilicen aeropuertos comerciales.
Artículo X
Importación, exportación, adquisición y utilización de bienes y fondos
1. De conformidad con el Artículo IV, numeral 2, del Acuerdo de 1952 y el literal (a) del Artículo IV del Acuerdo de 1962, Colombia exonerará a los Estados Unidos y a los contratistas de los Estados Unidos, salvo los ciudadanos colombianos y los extranjeros con residencia permanente en Colombia, de todas las tarifas, aranceles, impuestos y demás tributos que de otra forma se gravarían en Colombia, por la importación, adquisición y utilización de bienes en Colombia y sobre los fondos que se utilicen en Colombia para las actividades que se efectúen de conformidad con el presente Acuerdo. El título de propiedad de dichos bienes seguirá perteneciendo a los Estados Unidos, sus contratistas o las personas que se encuentren en Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo, según el caso, y dichos bienes podrán sacarse de Colombia en cualquier momento.
2. Los Estados Unidos presentarán las declaraciones de aduanas de los bienes importados o exportados para las actividades que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo, los cuales obtendrán el levante automático, en virtud del cual no serán objeto de inspección. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que las autoridades competentes de Colombia puedan ejercer, previa coordinación entre las Partes, a través de canales diplomáticos.
3. En virtud de lo establecido en el numeral 1 del Artículo VIII del presente Acuerdo, el equipaje, los efectos personales, productos u otros bienes que sean para uso personal, del personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo, y que se importen o utilicen en Colombia o se exporten de Colombia, están exentos de derechos de importación y exportación, aranceles, impuestos, matriculación y autorización de vehículos y demás tributos, que de otra forma se causarían en Colombia. Esos bienes muebles podrán cederse a otro personal de los Estados Unidos, o sus personas a cargo, exentos de derechos, aranceles, impuestos y tributos similares. En el caso de que dichos bienes se cedan en Colombia a personas o entidades a las que no corresponda la exoneración de derechos, aranceles, impuestos y otros gravámenes, los mismos los pagarán las personas que reciban dichos bienes, conforme a las leyes y los reglamentos locales.
4. En concordancia con el literal (b) del Artículo IV del Acuerdo de 1962, Colombia exonerará al personal de los Estados Unidos que esté presente en Colombia, para las actividades que se desarrollen en el marco del presente Acuerdo, de impuestos en la compra, propiedad, uso y disposición de bienes para su propio uso.
Artículo XI
Construcción
1. Las construcciones nuevas y modificaciones mayores en las instalaciones y ubicaciones convenidas requerirán el consentimiento de la Parte Operativa colombiana. Las autoridades de Colombia permitirán que los Estados Unidos, con la debida consideración de las operaciones existentes y planificadas, emprendan reparaciones, mejoras, modificaciones y remociones menores para satisfacer las necesidades que se relacionen con las actividades desarrolladas en el marco del presente Acuerdo.
2. En el caso de que las especificaciones internas no concuerden con las de los Estados Unidos, las Partes Operativas se consultarán para resolver el asunto de forma práctica.
3. Con base en lo dispuesto en el numeral 1 del presente Artículo y en los planes y estudios técnicos proporcionados por los Estados Unidos, la Parte Operativa de Colombia será responsable de facilitar la expedición de los permisos y/o licencias requeridos por las autoridades competentes de Colombia. Los impuestos u otros tributos asociados a las construcciones serán asumidos por Colombia.
Artículo XII
Contratación y contratistas
1. Respetando la ley colombiana y de conformidad con las leyes y reglamentos de los Estados Unidos, los Estados Unidos podrán adjudicar contratos para la adquisición de artículos o servicios en Colombia, incluidas las obras de construcción. Los Estados Unidos podrán adjudicar contratos a cualquier oferente y llevar a cabo obras de construcción y otros servicios con su propio personal. De conformidad con la política de los Estados Unidos de que el procedimiento de solicitud de contrato sea abierto y plenamente competitivo, los Estados Unidos recibirán con agrado las ofertas que presenten los contratistas colombianos o los contratistasresidentes en Colombia. Los contratistas de los Estados Unidos podrán emplear a nacionales de los Estados Unidos o de otros países.
2. Las controversias contractuales se resolverán de conformidad con las cláusulas correspondientes de los contratos respectivos. Los Estados Unidos instarán a los contratistas de los Estados Unidos a que obtengan y mantengan los seguros necesarios u otras garantías necesarias que permitan atender el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se generen con ocasión de la ejecución de los contratos y conforme a la normatividad colombiana.
3. Los Estados Unidos instarán a los contratistas de los Estados Unidos a que obtengan y mantengan los seguros necesarios u otras garantías necesarias que permitan atender las reclamaciones por responsabilidad civil extracontractual.
4. En cualquier contrato adjudicado en relación con las actividades dentro del marco del presente Acuerdo, los Estados Unidos incluirán disposiciones que informen al contratista que su conducta en el pasado, así como las observaciones que sobre ésta tenga Colombia, será considerada antes de adjudicar futuros contratos relacionados con actividades que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo.
Artículo XIII
Servicios públicos
Los Estados Unidos y los contratistas de los Estados Unidos podrán usar agua, electricidad y otros servicios públicos para la construcción, mejora y utilización de las instalaciones y ubicaciones convenidas para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo. Cada una de las Fuerzas Militares colombianas seguirá siendo titular de sus respectivas cuentas de los servicios públicos, por lo que asumirán los derechos u otros gravámenes que puedan cobrarse de manera adicional en las facturas. Los Estados Unidos y los contratistas de los Estados Unidos pagarán exclusivamente los valores correspondientes a los servicios públicos efectivamente solicitados y consumidos. Los Estados Unidos y los contratistas de los Estados Unidos pagarán las mismas tarifas legalmente establecidas para los militares colombianos por los servicios públicos solicitados y recibidos. Las autoridades de Colombia, previa solicitud, ayudarán a las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos a obtener suministros de agua, electricidad y otros servicios públicos.
Artículo XIV
Facilitación administrativa
Los Estados Unidos, el personal de los Estados Unidos, los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos que estén llevando a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo, recibirán de las autoridades colombianas toda la colaboración necesaria con respecto a la tramitación sin demora de todos los procedimientos administrativos.
Artículo XV
Uniformes y armas
1. El personal de los Estados Unidos estará autorizado a usar uniforme de conformidad con el Artículo 8 del Acuerdo de Misiones Militares de 1974.
2. El personal de los Estados Unidos podrá portar armas para actividades que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo, de conformidad con los procedimientos acordados por las Partes Operativas en un acuerdo de implementación y con el debido respeto de la normatividad colombiana.
Artículo XVI
Seguridad
Las autoridades de los Estados Unidos y Colombia se consultarán y adoptarán las medidas necesarias para velar por la seguridad del personal de los Estados Unidos, sus personas a cargo, los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos y los bienes de los Estados Unidos. Las autoridades de Colombia tienen la responsabilidad por la seguridad física de las instalaciones y ubicaciones convenidas. Las Partes Operativas desarrollarán protocolos y establecerán responsabilidades para la seguridad, acceso y uso de las instalaciones, y equipos para los cuales los Estados Unidos requieren medidas de seguridad especiales.
Artículo XVII
Licencias de conducción, matrículas, seguros de vehículos y licencias profesionales
1. De conformidad con la normatividad colombiana, para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo, las autoridades colombianas aceptarán la validez, sin exámenes ni cobros, de las licencias o permisos de conducción de vehículos, buques o aeronaves expedidos por las autoridades competentes de los Estados Unidos al personal de los Estados Unidos, los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos, que se encuentren temporalmente presentes en Colombia. Los vehículos tácticos de propiedad de los Estados Unidos y operados por éstos, que se encuentren temporalmente presentes en Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo, estarán exentos de inspecciones técnicas, de licencias y matriculación por las autoridades de Colombia pero llevarán las debidas identificaciones.
2. El personal de los Estados Unidos, las personas a cargo y los contratistas de los Estados Unidos obtendrán seguros acordes con las leyes de Colombia para los vehículos de su propiedad, incluido seguro de responsabilidad civil extracontractual.
3. En conexión con las actividades efectuadas en relación con el presente Acuerdo, las autoridades de Colombia aceptan como válidas las credenciales y licencias profesionales expedidas por las autoridades competentes de los Estados Unidos al personal de los Estados Unidos, los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos.
Artículo XVIII
Trato fiscal
1. En virtud de lo establecido en el numeral 1 del Artículo VIII del presente Acuerdo, para efectos fiscales, los períodos en los que el personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo se encuentren en Colombia por razón de las actividades efectuadas conforme al presente Acuerdo, no se considerarán períodos de residencia ni de domicilio.
2. En virtud de lo establecido en el numeral 1 del Artículo VIII del presente Acuerdo y del Artículo IV literal b) del Convenio de 1962, los ingresos que perciba el personal de los Estados Unidos por los servicios prestados para el desarrollo de las actividades relacionadas con el presente Acuerdo no estarán sometidos a los gravámenes de Colombia. Los ingresos provenientes de fuera de Colombia del personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo que gocen de la condición de no residentes en Colombia no estarán sometidos a gravámenes de Colombia.
3. En virtud de lo establecido en el Artículo IV del Convenio de 1962, los fondos usados por los Estados Unidos, incluidos los fondos recibidos por los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos, en conexión con las actividades desarrolladas en el marco del presente Acuerdo, están exentos de cualquier gravamen de Colombia.
4. En virtud de lo establecido en el numeral 1 del Artículo, VIII del presente Acuerdo, Colombia exonerará al personal de los Estados Unidos y a sus personas a cargo, de los gravámenes por concepto de la propiedad, posesión, uso o cesión a otro personal de los Estados Unidos y personas a cargo, o la transferencia por defunción, de bienes que se encuentren en Colombia sólo por la presencia de esas personas en Colombia con relación al presente Acuerdo.
5. Nada de lo establecido en este Artículo se aplicará a los colombianos o los residentes en Colombia.
Artículo XIX
Reclamaciones
1. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del presente Acuerdo es la profundización de la cooperación para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, entre otros, cada Parte se compromete a asumir los costos por daños, pérdida o destrucción de su respectiva propiedad o por la muerte o lesión del personal militar de sus respectivas fuerzas u otro personal de sus Gobiernos que ocurran en el cumplimiento de tareas oficiales relacionadas con actividades que se desarrollen en el marco del presente Acuerdo, de conformidad con su normatividad respectiva. Lo anterior sin perjuicio de las reclamaciones que puedan presentar los terceros, como se establece en el numeral 2 del presente Artículo. Cualquier controversia que surja con relación a este Artículo será resuelta de conformidad con el Artículo XXIV de este Acuerdo.
2. Los Estados Unidos pagarán conforme a sus leyes y reglamentos aplicables indemnizaciones para conciliar las reclamaciones justificadas de terceros. Esas reclamaciones se presentarán a las autoridades que estén a cargo de actividades de los Estados Unidos en Colombia llevadas a cabo en el marco del presente Acuerdo. Las autoridades de los Estados Unidos tramitarán dichas reclamaciones sin demora, de conformidad con las leyes y los reglamentos de los Estados Unidos.
Artículo XX
Servicios postales y comunicaciones
1. Las autoridades de Colombia reconocen que los Estados Unidos pueden recolectar, transportar y distribuir documentos y correspondencia, para el personal de los Estados Unidos, sus personas a cargo, los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos, fuera de la red postal colombiana, sin trámite o concesión de licencias y sin costo alguno, siempre que ello no constituya prestación de servicios postales en Colombia. Estos documentos y correspondencia podrán llevar estampillas de los Estados Unidos siempre y cuando no ingresen al sistema postal colombiano. Los documentos y la correspondencia oficial tendrán el tratamiento equivalente de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Convención de Viena en cuanto a inviolabilidad, inspección y detención.
2. Los Estados Unidos podrán establecer estaciones receptoras por satélite para la difusión de radio y televisión, sin trámite o concesión de licencias y sin costo alguno para los Estados Unidos. Dichas difusiones podrán transmitirse a las instalaciones y ubicaciones convenidas por mutuo acuerdo entre las Partes, en consulta con las autoridades competentes.
3. La Parte Operativa de Colombia, de conformidad con la legislación colombiana, permitirá a los Estados Unidos el uso de la infraestructura de red de telecomunicaciones requerida, como sedefine "telecomunicaciones" en la Constitución y la Convención de 1992 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para el logro de las actividades que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo y sin trámite o concesión de licencias y sin costo alguno, para los Estados Unidos. Las frecuencias de radio y el espectro de telecomunicaciones que se utilizarán serán objeto de consultas entre las Partes teniendo en cuenta las capacidades disponibles.
Artículo XXI
Medio ambiente, salud y seguridad
Las Partes convienen en aplicar el presente Acuerdo de forma compatible con la protección del medio ambiente y la salud y seguridad de las personas.
Artículo XXII
Facilitación de los observadores aéreos
Previa autorización de las autoridades colombianas, las autoridades de los Estados Unidosfacilitarán la estadía de los observadores aéreos de terceros países en las instalaciones y ubicaciones convenidas, e, inter alia, informarán a los observadores aéreos de terceros paísesacerca de las leyes y costumbres nacionales, con el fin de asegurar su comportamiento disciplinado mientras se encuentren en Colombia.
Artículo XXIII
Implementación, evaluación y enmienda
1. Las Partes o sus Partes Operativas podrán suscribir los acuerdos de implementación que sean requeridos para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo.
2. Las Partes o sus Partes Operativas, después de consultarse, facilitarán en todo lo posible las actividades que prevé el presente Acuerdo, lo que incluye la cooperación con otras naciones de la región.
3. Con el ánimo de colaborar estrechamente, las Partes Operativas se consultarán de forma periódica con el propósito de asegurar la adecuada aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo y el cumplimiento satisfactorio de las mismas. Anualmente las Partes Operativas se reunirán para evaluar el desarrollo del Acuerdo en términos de las responsabilidades y beneficios compartidos y podrán presentar un informe a sus respectivos gobiernos que incluya, entre otros aspectos, las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y las recomendaciones que se estimen pertinentes.
4. Cualquiera de las Partes podrá solicitar consultas con el fin de enmendar el presente Acuerdo. Toda enmienda al presente Acuerdo, acordada por las Partes, se hará por escrito.
Artículo XXIV
Solución de controversias
Toda controversia que surja en cuanto a la interpretación del presente Acuerdo será resuelta por medio de consulta entre las Partes, incluso si fuera necesario a través de la vía diplomática. Aquellas controversias relativas a la aplicación del presente Acuerdo serán resueltas mediante consultas entre las Partes Operativas. En caso de no lograrse acuerdo, la controversia se resolverá por consulta entre las Partes. Las controversias no se remitirán a ninguna corte o tribunal nacional o internacional u organismo similar ni a terceros para su resolución, salvo acuerdo mutuo entre las Partes.
Artículo XXV
Entrada en vigor y duración
1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma.
2. Este Acuerdo permanecerá vigente durante un período inicial de diez (10) años y en adelante, sujeto a revisión y acuerdo por escrito de las Partes, será prorrogable por periodos adicionales de diez (10) años. Además, cualquiera de las Partes tiene el derecho de terminar este Acuerdo al final de los periodos de diez (10) años respectivos mediante notificación escrita de su propósito de terminar el Acuerdo enviada a la otra Parte por la vía diplomática, con un (1) año de antelación.
Índice
Preámbulo
Artículo I Definiciones
Artículo II Consultas bilaterales sobre defensa y seguridad
Artículo III Objetivo de la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad
Artículo IV Acceso, uso y propiedad de las instalaciones y ubicaciones convenidas
Artículo V Procedimientos de autorización de ingreso y sobrevuelo de aeronaves
Artículo VI Pago de tarifas y otros cargos
Artículo VII Respeto por las leyes nacionales
Artículo VIII Estatus del personal
Artículo IX Documentación para entrar, salir y viajar
Artículo X Importación, exportación, adquisición y utilización de bienes y fondos
Artículo XI Construcción
Artículo XII Contratación y contratistas
Artículo XIII Servicios públicos
Artículo XIV Facilitación administrativa
Artículo XV Uniformes y armas
Artículo XVI Seguridad
Artículo XVII Licencias de conducción, matrículas, seguros de
vehículos y licencias profesionales
Artículo XVIII Trato fiscal
Artículo XIX Reclamaciones
Artículo XX Servicios postales y comunicaciones
Artículo XXI Medio ambiente, salud y seguridad
Artículo XXII Facilitación de los observadores aéreos
Artículo XXIII Implementación, evaluación y enmienda
Artículo XXIV Solución de controversias
Artículo XXV Entrada en vigor y duración
Preámbulo
El Gobierno de la República de Colombia ("Colombia") y el Gobierno de los Estados Unidos de América ("los Estados Unidos"), en adelante "las Partes" o "la Parte", según convenga:
En el marco del Acuerdo de Asistencia Militar entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, suscrito en Bogotá el 17 de abril de 1952 ("el Acuerdo de 1952"); de laConvención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, suscrita en Viena el 18 de abril de 1961("la Convención de Viena"); del Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afín entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América, suscrito en Bogotá el 23 de julio de 1962 ("el Convenio de 1962"); del Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a una Misión del Ejército, una Misión Naval y una Misión Aérea de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos de América en la República de Colombia, suscrito en Bogotá el 7 de octubre de 1974 ("el Acuerdo de Misiones Militares de 1974"); de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988; de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita en Nueva York el 15 de noviembre de 2000; de las convenciones sobre la lucha contra actividades terroristas, suscritas en el marco de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, de las cuales ambos países son signatarios; de la Resolución 1373 de 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; de la Carta Democrática Interamericana de 2001; y de laPolítica de Defensa y Seguridad Democrática de la República de Colombia;
Teniendo en cuenta la Declaración de Cartagena, sobre la producción, el tráfico y la demanda de drogas ilícitas, suscrita en Cartagena el 15 de febrero de 1990, y la Declaración de San Antoniosobre la cooperación regional en la lucha contra el problema mundial de las drogas y los delitos relacionados, suscrita en San Antonio el 27 de febrero de 1992;
Observando el Anexo al Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afín entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América, suscrito en Bogotá el 30 de agosto de 2004, que establece un programa bilateral de control de narcóticos, incluido un programa integral contra el narcotráfico, las actividades terroristas y otras amenazas contra la seguridad nacional de Colombia;
De conformidad con el Memorando de Entendimiento para una Relación Estratégica de Seguridad para Promover la Cooperación entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América, suscrito en Bogotá el 14 de marzo de 2007;
Teniendo en cuenta el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para Suprimir el Tráfico Ilícito por Mar (conocido como "el Acuerdo de Interdicción Marítima"), suscrito en Bogotá el 20 de febrero de 1997 y el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América Relativo al Programa de Supresión del Tráfico Ilícito Aéreo de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas ("Acuerdo Air Bridge Denial"), suscrito en Bogotá el 20 de diciembre de 2007;
Reconociendo el historial de cooperación bilateral, así como la importancia de promover y facilitar la cooperación regional para contrarrestar las amenazas persistentes a la paz y la estabilidad, como el terrorismo, el problema mundial de las drogas, la delincuencia organizada transnacional y la proliferación de armas pequeñas y ligeras;
Reconociendo la necesidad de fortalecer la relación estratégica de seguridad entre las Partes, estrechar la cooperación bilateral en materia de defensa y seguridad, así como para enfrentar las amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia;
Afirmando que esa cooperación se funda en el pleno respeto por la soberanía de cada Parte y por los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas;
Observando la labor que lleva a cabo continuamente durante los últimos años el Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa Colombia - Estados Unidos y su Comité de Dirección, el cual sirve de marco general para orientar la cooperación entre las Partes;
Con el deseo de suscribir un acuerdo que fortalezca la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre las Partes; y
Reconociendo la importancia del fortalecimiento de la interoperabilidad de las Fuerzas Militares de Colombia a través del incremento de su capacidad de cooperar bilateral o multilateralmente con otras fuerzas militares;
Han convenido en lo siguiente:
Artículo I
Definiciones
A efectos del presente Acuerdo:
a) Por "personal civil" se entiende los empleados civiles o personas formalmente asignadas alDepartamento de Defensa de los Estados Unidos que se encuentren en Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo, así como los empleados civiles de otros departamentos u organismos del Gobierno de los Estados Unidos que estén en Colombia apoyando directamente una misión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo.
b) Por "personal militar" se entiende los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que estén en Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo.
c) Por "personal de los Estados Unidos" se entiende el personal militar y el personal civil de los Estados Unidos que estén en Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo.
d) Por "contratistas de los Estados Unidos" se entiende las personas naturales o jurídicas que hayan concertado contratos con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para proporcionar bienes y prestar servicios para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo.
e) Por "empleados de contratista de los Estados Unidos" se entiende las personas naturales que sean empleados por un contratista de los Estados Unidos que estén en Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo.
f) Por "observadores aéreos" se entiende los representantes de Colombia o de terceros Estados que, previa autorización de Colombia y por invitación de los Estados Unidos, participen enmisiones aéreas que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo.
g) Por "instalaciones y ubicaciones convenidas" se entiende los sitios, emplazamientos e infraestructura cuyo acceso y uso sea autorizado por Colombia a los Estados Unidos para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo.
h) Por "partes operativas" se entiende el Ministerio de Defensa de Colombia y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
i) Por "personas a cargo" se entiende los cónyuges del personal de los Estados Unidos, o hijos de dicho personal que dependen de ellos para su manutención, así como aquellas personas que por razones de tipo legal, financiero o de salud dependen del personal de los Estados Unidos, son mantenidos por ellos, residen con dicho personal, y que se encuentran en territorio de Colombia bajo órdenes de viaje del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que autorizan su presencia en Colombia, para las actividades que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo.
j) Por "bienes" se entiende, entre otros bienes muebles, los productos, equipos, materiales y suministros que guarden relación con el presente Acuerdo.
k) Por "aeronave de Estado de los Estados Unidos", se entiende una aeronave así designada por los Estados Unidos ante las autoridades colombianas, que lleve a cabo actividades mutuamente acordadas en el marco del presente Acuerdo.
l) Por "buque de Estado de los Estados Unidos", se entiende un buque así designado por los Estados Unidos ante las autoridades colombianas, que lleve a cabo actividades mutuamente acordadas en el marco del presente Acuerdo.
Artículo II
Consultas bilaterales sobre defensa y seguridad
Las Partes convienen en continuar las consultas bilaterales sobre defensa y seguridad en el Grupo de Trabajo Bilateral (GTB) de Defensa Colombia - Estados Unidos para promover la relación estratégica entre las Partes.
Artículo III
Objetivo de la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad
1. En el espíritu del Preámbulo de este Acuerdo y de conformidad con los acuerdos bilaterales y multilaterales pertinentes de los cuales Colombia y los Estados Unidos sean parte, en particular aquellos atinentes a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y con sujeción al ordenamiento jurídico de cada una de las Partes, éstas acuerdan profundizar su cooperación en áreas tales como interoperabilidad, procedimientos conjuntos, logística y equipo, entrenamiento e instrucción, intercambio de inteligencia, capacidades de vigilancia y reconocimiento, ejercicios combinados, y otras actividades acordadas mutuamente, y para enfrentar amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia.
2. Las actividades mutuamente acordadas, mencionadas anteriormente, requerirán ser autorizadas por y coordinadas con las autoridades colombianas pertinentes, quienes podrán tomar las medidas de seguimiento que correspondan. La información derivada de tales actividades será compartida por las Partes de acuerdo con los acuerdos existentes y los futuros acuerdos. Estas actividades mutuamente acordadas no excederán lo establecido en los acuerdos de cooperación bilaterales y multilaterales firmados por las Partes y respetarán las normas colombianas. Para tal fin, las Partes podrán suscribir uno o más acuerdos de implementación que establezcan un mecanismo ágil y eficiente para la autorización, coordinación y seguimiento según la naturaleza de las actividades.
3. Las Partes se comprometen a fortalecer y apoyar iniciativas de cooperación regionales y globales para el cumplimiento de los fines del presente Acuerdo.
4. Las Partes cumplirán sus obligaciones derivadas del presente Acuerdo de manera que concuerde con los principios de la igualdad soberana, de la integridad territorial de los Estados y de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.
5. Las Partes, a través de sus Partes Operativas, tienen la intención de suscribir un acuerdo de implementación en el que se establezcan las líneas y características de la cooperación que los Estados Unidos podrán otorgar a Colombia, para mejorar sus capacidades para el desarrollo de actividades en el marco del presente Acuerdo.
Artículo IV
Acceso, uso y propiedad de las instalaciones y ubicaciones convenidas
1. El Gobierno de Colombia, de conformidad con su legislación interna, cooperará con los Estados Unidos, para llevar a cabo actividades mutuamente acordadas en el marco del presente Acuerdo y continuará permitiendo el acceso y uso a las instalaciones de la Base Aérea Germán Olano Moreno, Palanquero; la Base Aérea Alberto Pawells Rodríguez, Malambo; el Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo; el Fuerte Militar Larandia, Florencia; la Base Aérea Capitán Luis Fernando Gómez Niño, Apíay; la Base Naval ARC Bolívar en Cartagena; y la Base Naval ARC Málaga en Bahía Málaga; y permitiendo el acceso y uso de las demás instalaciones y ubicaciones en que convengan las Partes o sus Partes Operativas. Para tal fin, las Partes Operativas establecerán un mecanismo de coordinación para autorizar el número y categoría de las personas (personal de los Estados Unidos, contratistas de los Estados Unidos, empleados de los contratistas de los Estados Unidos y observadores aéreos) y el tipo y la cantidad de equipos que no excederá la capacidad de las instalaciones y ubicaciones convenidas.
2. Las autoridades de Colombia, sin cobro de alquiler ni costos parecidos, permitirán a los Estados Unidos el acceso y uso de las instalaciones y ubicaciones convenidas y a las servidumbres y derechos de paso sobre bienes de propiedad de Colombia que sean necesarios para llevar a cabo las actividades dentro del marco del presente Acuerdo, incluida la construcción convenida. Los Estados Unidos sufragarán todos los gastos de funcionamiento y de conservación necesarios que se relacionen con la utilización de las instalaciones y ubicaciones convenidas.
3. El personal de los Estados Unidos, los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos tendrán acceso y la capacidad de moverse libremente dentro y entre las instalaciones y ubicaciones mutuamente convenidas que se requieran para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el numeral 5 de este artículo.
4. Los edificios, las estructuras inamovibles y los montajes construidos por los Estados Unidos serán para su uso, salvo acuerdo en contrario entre las Partes o sus Partes Operativas, hasta la entrega de los mismos a Colombia, en concordancia con lo dispuesto por el numeral 7 de este artículo.
5. Para poner en práctica las disposiciones de los numerales 1, 2, 3 y 4 del presente artículo, las Partes, a través de sus Partes Operativas, tienen la intención de suscribir uno o más acuerdos de implementación en los cuales se establecerán los protocolos de seguridad y los términos y condiciones para el acceso a dichas instalaciones y ubicaciones, así como a los edificios, las estructuras inamovibles y los montajes construidos por los Estados Unidos para su uso.
6. Colombia conservará el derecho de propiedad y título con respecto a las instalaciones y ubicaciones convenidas, incluyendo los edificios, las estructuras inamovibles y los montajes conectados a la tierra.
7. Una vez haya concluido el uso de cualquier instalación o ubicación convenida, o de parte de la misma, incluidas las instalaciones construidas, mejoradas, modificadas o reparadas conforme al presente Acuerdo, los Estados Unidos entregarán dichas instalaciones a Colombia, en el estado de uso en que éstas se encuentren. Los Estados Unidos no contraerán ningún gasto por concepto de esa entrega. Los Estados Unidos no estarán obligados a desinstalar cualquier instalación, edificio o mejora de los mismos que se haya construido con sus propios fondos, a menos que se haya acordado esa condición en el momento de la construcción. Las Partes o sus Partes Operativas se consultarán acerca de las condiciones para la devolución de cualquier instalación o ubicación convenida, incluyendo, donde hubiere lugar, consultas sobre la posible compensación por las mejoras u obras de construcción.
Artículo V
Procedimientos de autorización de ingreso y sobrevuelo de aeronaves
1. Las aeronaves de Estado de los Estados Unidos serán autorizadas para entrar al territorio colombiano, de conformidad con la normatividad colombiana.
2. Las Partes suscribirán un acuerdo de implementación en el que se establecerán los procedimientos para la entrada, sobrevuelo y aterrizaje; se designarán los aeropuertos internacionales para el ingreso y salida del país; y se establecerá un mecanismo para determinar el número estimado de vuelos que harán uso de los aeropuertos internacionales, de conformidad con la normatividad colombiana.
3. Cada Parte designará un punto de contacto para coordinar las solicitudes de entrada, sobrevuelo y aterrizaje para las aeronaves de Estado de los Estados Unidos que operen en el marco del presente Acuerdo.
4. Cuando se requiera, las aeronaves de estado de los Estados Unidos que lleven a cabo actividades mutuamente acordadas en el espacio aéreo colombiano tendrán un observador aéreo de Colombia a bordo, de conformidad con los procedimientos mutuamente acordados por las Partes Operativas. Las funciones de dichos observadores y las calidades necesarias de los mismos, se establecerán en el acuerdo de implementación previsto en el artículo III del presente Acuerdo.
Artículo VI
Pago de tarifas y otros cargos
1. Las aeronaves de Estado de los Estados Unidos, cuando se encuentren en el territorio de Colombia, no estarán sujetas al pago de derechos, incluidos los de navegación aérea, sobrevuelo, aterrizaje y parqueo en rampa. Los Estados Unidos pagarán las tarifas estándar establecidas por las empresas comerciales por los servicios requeridos y recibidos. Colombia hará todos los esfuerzos necesarios para que los Estados Unidos paguen tarifas no superiores a aquellas que pagan las Fuerzas Militares de Colombia por los servicios solicitados y recibidos de empresas comerciales.
2. Los buques de Estado de los Estados Unidos recibirán el mismo tratamiento y privilegios que los buques de guerra, y en consecuencia no estarán sujetos al pago de tasas de señalización marítima y fondeo. Los Estados Unidos pagarán las tarifas establecidas en los puertos concesionados por los servicios solicitados y recibidos de las empresas comerciales.
3. Los Estados Unidos certificarán ante las autoridades colombianas que los buques y aeronaves de Estado de los Estados Unidos que se encuentren en Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo cumplen con los estándares internacionales aplicables, incluidos los estándares pertinentes de medio ambiente, salud, sanidad y seguridad.
4. De conformidad con el derecho consuetudinario internacional y la práctica, las aeronaves y buques de Estado de los Estados Unidos no se someterán a abordaje e inspección.
5. Sujeto a disponibilidad de fondos, en el marco de la cooperación bilateral y de conformidad con el artículo IV del Acuerdo de 1952, Colombia sufragará los pagos de peajes de las vías no concesionadas y del componente estatal de las concesionadas, por el uso de la infraestructura que realicen los Estados Unidos para el logro de actividades en el marco del presente Acuerdo. Las Partes tienen la intención de suscribir un acuerdo de implementación para asegurar la circulación expedita de los vehículos por los puntos de peajes en las vías.
Artículo VII
Respeto por las leyes nacionales
El personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo respetarán las leyes de Colombia y se abstendrán de realizar cualquier actividad que sea incompatible con ellas y con el presente Acuerdo. Los Estados Unidos informarán al personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo acerca de las leyes, usos y costumbres colombianas pertinentes.
Artículo VIII
Estatus del personal
1. De conformidad con los artículos 5 y 11 del Acuerdo de Misiones Militares de 1974, Colombia otorgará al personal de los Estados Unidos y a las personas a cargo los privilegios, exenciones e inmunidades otorgadas al personal administrativo y técnico de una misión diplomática, bajo la Convención de Viena.
2. En relación con la presencia de personal militar de Colombia en los Estados Unidos, para llevar a cabo actividades relacionadas con la cooperación bilateral, dentro del marco del presente Acuerdo, las Partes reafirman lo previsto en el Artículo V del Acuerdo de 1952. Los Estados Unidos brindarán a dicho personal militar de Colombia, las cortesías usualmente disponibles para el personal militar de los Estados Unidos de rango similar, hasta el máximo permitido por la ley de los Estados Unidos.
3. De conformidad con el numeral 1 del presente artículo, Colombia garantizará que sus autoridades verificarán, en el menor tiempo posible, el estatus de inmunidad del personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo, que sean sospechosos de una actividad criminal en Colombia y los entregarán a las autoridades diplomáticas o militares apropiadas de los Estados Unidos en el menor tiempo posible. Por su parte, los Estados Unidos tomarán todos los pasos necesarios para asegurar que el personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo, de que trata el presente numeral por supuestos crímenes cometidos en territorio colombiano, sean investigados con la cooperación de las autoridades colombianas y, si se amerita, sean procesados con todo el rigor de la ley. Adicionalmente, los Estados Unidos informarán periódicamente a las autoridades colombianas y atenderán, en el marco de sus capacidades, los requerimientos de información que éstas formulen sobre el desarrollo de las investigaciones y procesamientos que se adelanten en contra del personal de los Estados Unidos o sus personas a cargo que hayan cometido supuestos delitos en territorio colombiano, así como la decisión final de las investigaciones o procesamientos.
4. Colombia reconoce la importancia del control disciplinario que ejercen las autoridades de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos sobre el personal militar de los Estados Unidos. En concordancia con el artículo 12 del Acuerdo de Misiones Militares de 1974, los Estados Unidos podrán ejercer autoridad disciplinaria sobre el personal militar de los Estados Unidos en Colombia.
5. Las autoridades pertinentes de los Estados Unidos considerarán con el debido interés cualquier solicitud de renuncia a la inmunidad en las causas que las autoridades de Colombia consideren de especial importancia.
6. Las Partes se brindarán mutua asistencia con fundamento en los acuerdos vigentes, para realizar investigaciones de los supuestos crímenes cometidos por el personal de los Estados Unidos o sus personas a cargo que se encuentren en Colombia para los propósitos de este Acuerdo. Las Partes buscarán establecer y fortalecer procedimientos para dicha asistencia mutua, incluso, si fuere apropiado, con la conclusión de acuerdos adicionales.
7. Teniendo en cuenta que al personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo, Colombia les otorga una visa preferencial de servicio, estarán exonerados de obtener permisos laborales y de residencia por concepto de las actividades que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo.
Artículo IX
Documentación para entrar, salir y viajar
1. Las autoridades de Colombia permitirán al personal de los Estados Unidos, el ingreso y permanencia hasta por 90 días, a menos que se acuerde mutuamente de otra manera, para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo. Con tal propósito este personal registrará sus entradas y salidas del territorio colombiano, con la debida documentación de identidad (militar o civil) expedida por los Estados Unidos, sin la necesidad de presentar pasaporte o visa. El personal civil y las personas a cargo que no sean titulares de pasaporte de los Estados Unidos podrán ingresar con visa de cortesía.
2. Las autoridades de Colombia permitirán a los contratistas de los Estados Unidos y a los empleados de los contratistas de los Estados Unidos, el ingreso y permanencia hasta por 90 días, a menos que se acuerde mutuamente de otra manera, para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo. Para este efecto, cuando entren y salgan del territorio colombiano, los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos presentarán el respectivo pasaporte en el momento del registro migratorio.
3. Las autoridades de Colombia facilitarán los procedimientos de migración para la entrada y salida sin demora de Colombia del personal de los Estados Unidos, las personas a cargo, los contratistas de los Estados Unidos, los empleados de los contratistas de los Estados Unidos y los observadores aéreos que entren o salgan de Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo.
4. Para poner en práctica las disposiciones de este artículo, las Partes tienen la intención de suscribir un acuerdo de implementación, en el cual se definirán: las características de los documentos de identificación; los trámites migratorios expeditos para el personal de nacionalidad estadounidense; los criterios para el ingreso de nacionales de terceros países; los puertos de ingreso y salida; los términos para obtener el visado correspondiente; los parámetros necesarios para hacer efectivo el registro y control migratorio; y las condiciones para prolongar el término de permanencia estipulado para los ciudadanos estadounidenses. En ningún caso se excederán los límites establecidos por la normatividad migratoria colombiana en cuanto a permanencia sin visa en el territorio nacional.
5. El personal de los Estados Unidos, sus personas a cargo, los contratistas de los Estados Unidos, los empleados de los contratistas de los Estados Unidos y los observadores aéreos que ingresen y salgan de Colombia, para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo, estarán exentos de pagos por entrada y salida del país u otros impuestos de salida, a menos que utilicen aeropuertos comerciales.
Artículo X
Importación, exportación, adquisición y utilización de bienes y fondos
1. De conformidad con el Artículo IV, numeral 2, del Acuerdo de 1952 y el literal (a) del Artículo IV del Acuerdo de 1962, Colombia exonerará a los Estados Unidos y a los contratistas de los Estados Unidos, salvo los ciudadanos colombianos y los extranjeros con residencia permanente en Colombia, de todas las tarifas, aranceles, impuestos y demás tributos que de otra forma se gravarían en Colombia, por la importación, adquisición y utilización de bienes en Colombia y sobre los fondos que se utilicen en Colombia para las actividades que se efectúen de conformidad con el presente Acuerdo. El título de propiedad de dichos bienes seguirá perteneciendo a los Estados Unidos, sus contratistas o las personas que se encuentren en Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo, según el caso, y dichos bienes podrán sacarse de Colombia en cualquier momento.
2. Los Estados Unidos presentarán las declaraciones de aduanas de los bienes importados o exportados para las actividades que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo, los cuales obtendrán el levante automático, en virtud del cual no serán objeto de inspección. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que las autoridades competentes de Colombia puedan ejercer, previa coordinación entre las Partes, a través de canales diplomáticos.
3. En virtud de lo establecido en el numeral 1 del Artículo VIII del presente Acuerdo, el equipaje, los efectos personales, productos u otros bienes que sean para uso personal, del personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo, y que se importen o utilicen en Colombia o se exporten de Colombia, están exentos de derechos de importación y exportación, aranceles, impuestos, matriculación y autorización de vehículos y demás tributos, que de otra forma se causarían en Colombia. Esos bienes muebles podrán cederse a otro personal de los Estados Unidos, o sus personas a cargo, exentos de derechos, aranceles, impuestos y tributos similares. En el caso de que dichos bienes se cedan en Colombia a personas o entidades a las que no corresponda la exoneración de derechos, aranceles, impuestos y otros gravámenes, los mismos los pagarán las personas que reciban dichos bienes, conforme a las leyes y los reglamentos locales.
4. En concordancia con el literal (b) del Artículo IV del Acuerdo de 1962, Colombia exonerará al personal de los Estados Unidos que esté presente en Colombia, para las actividades que se desarrollen en el marco del presente Acuerdo, de impuestos en la compra, propiedad, uso y disposición de bienes para su propio uso.
Artículo XI
Construcción
1. Las construcciones nuevas y modificaciones mayores en las instalaciones y ubicaciones convenidas requerirán el consentimiento de la Parte Operativa colombiana. Las autoridades de Colombia permitirán que los Estados Unidos, con la debida consideración de las operaciones existentes y planificadas, emprendan reparaciones, mejoras, modificaciones y remociones menores para satisfacer las necesidades que se relacionen con las actividades desarrolladas en el marco del presente Acuerdo.
2. En el caso de que las especificaciones internas no concuerden con las de los Estados Unidos, las Partes Operativas se consultarán para resolver el asunto de forma práctica.
3. Con base en lo dispuesto en el numeral 1 del presente Artículo y en los planes y estudios técnicos proporcionados por los Estados Unidos, la Parte Operativa de Colombia será responsable de facilitar la expedición de los permisos y/o licencias requeridos por las autoridades competentes de Colombia. Los impuestos u otros tributos asociados a las construcciones serán asumidos por Colombia.
Artículo XII
Contratación y contratistas
1. Respetando la ley colombiana y de conformidad con las leyes y reglamentos de los Estados Unidos, los Estados Unidos podrán adjudicar contratos para la adquisición de artículos o servicios en Colombia, incluidas las obras de construcción. Los Estados Unidos podrán adjudicar contratos a cualquier oferente y llevar a cabo obras de construcción y otros servicios con su propio personal. De conformidad con la política de los Estados Unidos de que el procedimiento de solicitud de contrato sea abierto y plenamente competitivo, los Estados Unidos recibirán con agrado las ofertas que presenten los contratistas colombianos o los contratistasresidentes en Colombia. Los contratistas de los Estados Unidos podrán emplear a nacionales de los Estados Unidos o de otros países.
2. Las controversias contractuales se resolverán de conformidad con las cláusulas correspondientes de los contratos respectivos. Los Estados Unidos instarán a los contratistas de los Estados Unidos a que obtengan y mantengan los seguros necesarios u otras garantías necesarias que permitan atender el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se generen con ocasión de la ejecución de los contratos y conforme a la normatividad colombiana.
3. Los Estados Unidos instarán a los contratistas de los Estados Unidos a que obtengan y mantengan los seguros necesarios u otras garantías necesarias que permitan atender las reclamaciones por responsabilidad civil extracontractual.
4. En cualquier contrato adjudicado en relación con las actividades dentro del marco del presente Acuerdo, los Estados Unidos incluirán disposiciones que informen al contratista que su conducta en el pasado, así como las observaciones que sobre ésta tenga Colombia, será considerada antes de adjudicar futuros contratos relacionados con actividades que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo.
Artículo XIII
Servicios públicos
Los Estados Unidos y los contratistas de los Estados Unidos podrán usar agua, electricidad y otros servicios públicos para la construcción, mejora y utilización de las instalaciones y ubicaciones convenidas para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo. Cada una de las Fuerzas Militares colombianas seguirá siendo titular de sus respectivas cuentas de los servicios públicos, por lo que asumirán los derechos u otros gravámenes que puedan cobrarse de manera adicional en las facturas. Los Estados Unidos y los contratistas de los Estados Unidos pagarán exclusivamente los valores correspondientes a los servicios públicos efectivamente solicitados y consumidos. Los Estados Unidos y los contratistas de los Estados Unidos pagarán las mismas tarifas legalmente establecidas para los militares colombianos por los servicios públicos solicitados y recibidos. Las autoridades de Colombia, previa solicitud, ayudarán a las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos a obtener suministros de agua, electricidad y otros servicios públicos.
Artículo XIV
Facilitación administrativa
Los Estados Unidos, el personal de los Estados Unidos, los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos que estén llevando a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo, recibirán de las autoridades colombianas toda la colaboración necesaria con respecto a la tramitación sin demora de todos los procedimientos administrativos.
Artículo XV
Uniformes y armas
1. El personal de los Estados Unidos estará autorizado a usar uniforme de conformidad con el Artículo 8 del Acuerdo de Misiones Militares de 1974.
2. El personal de los Estados Unidos podrá portar armas para actividades que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo, de conformidad con los procedimientos acordados por las Partes Operativas en un acuerdo de implementación y con el debido respeto de la normatividad colombiana.
Artículo XVI
Seguridad
Las autoridades de los Estados Unidos y Colombia se consultarán y adoptarán las medidas necesarias para velar por la seguridad del personal de los Estados Unidos, sus personas a cargo, los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos y los bienes de los Estados Unidos. Las autoridades de Colombia tienen la responsabilidad por la seguridad física de las instalaciones y ubicaciones convenidas. Las Partes Operativas desarrollarán protocolos y establecerán responsabilidades para la seguridad, acceso y uso de las instalaciones, y equipos para los cuales los Estados Unidos requieren medidas de seguridad especiales.
Artículo XVII
Licencias de conducción, matrículas, seguros de vehículos y licencias profesionales
1. De conformidad con la normatividad colombiana, para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo, las autoridades colombianas aceptarán la validez, sin exámenes ni cobros, de las licencias o permisos de conducción de vehículos, buques o aeronaves expedidos por las autoridades competentes de los Estados Unidos al personal de los Estados Unidos, los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos, que se encuentren temporalmente presentes en Colombia. Los vehículos tácticos de propiedad de los Estados Unidos y operados por éstos, que se encuentren temporalmente presentes en Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente Acuerdo, estarán exentos de inspecciones técnicas, de licencias y matriculación por las autoridades de Colombia pero llevarán las debidas identificaciones.
2. El personal de los Estados Unidos, las personas a cargo y los contratistas de los Estados Unidos obtendrán seguros acordes con las leyes de Colombia para los vehículos de su propiedad, incluido seguro de responsabilidad civil extracontractual.
3. En conexión con las actividades efectuadas en relación con el presente Acuerdo, las autoridades de Colombia aceptan como válidas las credenciales y licencias profesionales expedidas por las autoridades competentes de los Estados Unidos al personal de los Estados Unidos, los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos.
Artículo XVIII
Trato fiscal
1. En virtud de lo establecido en el numeral 1 del Artículo VIII del presente Acuerdo, para efectos fiscales, los períodos en los que el personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo se encuentren en Colombia por razón de las actividades efectuadas conforme al presente Acuerdo, no se considerarán períodos de residencia ni de domicilio.
2. En virtud de lo establecido en el numeral 1 del Artículo VIII del presente Acuerdo y del Artículo IV literal b) del Convenio de 1962, los ingresos que perciba el personal de los Estados Unidos por los servicios prestados para el desarrollo de las actividades relacionadas con el presente Acuerdo no estarán sometidos a los gravámenes de Colombia. Los ingresos provenientes de fuera de Colombia del personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo que gocen de la condición de no residentes en Colombia no estarán sometidos a gravámenes de Colombia.
3. En virtud de lo establecido en el Artículo IV del Convenio de 1962, los fondos usados por los Estados Unidos, incluidos los fondos recibidos por los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos, en conexión con las actividades desarrolladas en el marco del presente Acuerdo, están exentos de cualquier gravamen de Colombia.
4. En virtud de lo establecido en el numeral 1 del Artículo, VIII del presente Acuerdo, Colombia exonerará al personal de los Estados Unidos y a sus personas a cargo, de los gravámenes por concepto de la propiedad, posesión, uso o cesión a otro personal de los Estados Unidos y personas a cargo, o la transferencia por defunción, de bienes que se encuentren en Colombia sólo por la presencia de esas personas en Colombia con relación al presente Acuerdo.
5. Nada de lo establecido en este Artículo se aplicará a los colombianos o los residentes en Colombia.
Artículo XIX
Reclamaciones
1. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del presente Acuerdo es la profundización de la cooperación para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, entre otros, cada Parte se compromete a asumir los costos por daños, pérdida o destrucción de su respectiva propiedad o por la muerte o lesión del personal militar de sus respectivas fuerzas u otro personal de sus Gobiernos que ocurran en el cumplimiento de tareas oficiales relacionadas con actividades que se desarrollen en el marco del presente Acuerdo, de conformidad con su normatividad respectiva. Lo anterior sin perjuicio de las reclamaciones que puedan presentar los terceros, como se establece en el numeral 2 del presente Artículo. Cualquier controversia que surja con relación a este Artículo será resuelta de conformidad con el Artículo XXIV de este Acuerdo.
2. Los Estados Unidos pagarán conforme a sus leyes y reglamentos aplicables indemnizaciones para conciliar las reclamaciones justificadas de terceros. Esas reclamaciones se presentarán a las autoridades que estén a cargo de actividades de los Estados Unidos en Colombia llevadas a cabo en el marco del presente Acuerdo. Las autoridades de los Estados Unidos tramitarán dichas reclamaciones sin demora, de conformidad con las leyes y los reglamentos de los Estados Unidos.
Artículo XX
Servicios postales y comunicaciones
1. Las autoridades de Colombia reconocen que los Estados Unidos pueden recolectar, transportar y distribuir documentos y correspondencia, para el personal de los Estados Unidos, sus personas a cargo, los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos, fuera de la red postal colombiana, sin trámite o concesión de licencias y sin costo alguno, siempre que ello no constituya prestación de servicios postales en Colombia. Estos documentos y correspondencia podrán llevar estampillas de los Estados Unidos siempre y cuando no ingresen al sistema postal colombiano. Los documentos y la correspondencia oficial tendrán el tratamiento equivalente de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Convención de Viena en cuanto a inviolabilidad, inspección y detención.
2. Los Estados Unidos podrán establecer estaciones receptoras por satélite para la difusión de radio y televisión, sin trámite o concesión de licencias y sin costo alguno para los Estados Unidos. Dichas difusiones podrán transmitirse a las instalaciones y ubicaciones convenidas por mutuo acuerdo entre las Partes, en consulta con las autoridades competentes.
3. La Parte Operativa de Colombia, de conformidad con la legislación colombiana, permitirá a los Estados Unidos el uso de la infraestructura de red de telecomunicaciones requerida, como sedefine "telecomunicaciones" en la Constitución y la Convención de 1992 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para el logro de las actividades que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo y sin trámite o concesión de licencias y sin costo alguno, para los Estados Unidos. Las frecuencias de radio y el espectro de telecomunicaciones que se utilizarán serán objeto de consultas entre las Partes teniendo en cuenta las capacidades disponibles.
Artículo XXI
Medio ambiente, salud y seguridad
Las Partes convienen en aplicar el presente Acuerdo de forma compatible con la protección del medio ambiente y la salud y seguridad de las personas.
Artículo XXII
Facilitación de los observadores aéreos
Previa autorización de las autoridades colombianas, las autoridades de los Estados Unidosfacilitarán la estadía de los observadores aéreos de terceros países en las instalaciones y ubicaciones convenidas, e, inter alia, informarán a los observadores aéreos de terceros paísesacerca de las leyes y costumbres nacionales, con el fin de asegurar su comportamiento disciplinado mientras se encuentren en Colombia.
Artículo XXIII
Implementación, evaluación y enmienda
1. Las Partes o sus Partes Operativas podrán suscribir los acuerdos de implementación que sean requeridos para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo.
2. Las Partes o sus Partes Operativas, después de consultarse, facilitarán en todo lo posible las actividades que prevé el presente Acuerdo, lo que incluye la cooperación con otras naciones de la región.
3. Con el ánimo de colaborar estrechamente, las Partes Operativas se consultarán de forma periódica con el propósito de asegurar la adecuada aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo y el cumplimiento satisfactorio de las mismas. Anualmente las Partes Operativas se reunirán para evaluar el desarrollo del Acuerdo en términos de las responsabilidades y beneficios compartidos y podrán presentar un informe a sus respectivos gobiernos que incluya, entre otros aspectos, las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y las recomendaciones que se estimen pertinentes.
4. Cualquiera de las Partes podrá solicitar consultas con el fin de enmendar el presente Acuerdo. Toda enmienda al presente Acuerdo, acordada por las Partes, se hará por escrito.
Artículo XXIV
Solución de controversias
Toda controversia que surja en cuanto a la interpretación del presente Acuerdo será resuelta por medio de consulta entre las Partes, incluso si fuera necesario a través de la vía diplomática. Aquellas controversias relativas a la aplicación del presente Acuerdo serán resueltas mediante consultas entre las Partes Operativas. En caso de no lograrse acuerdo, la controversia se resolverá por consulta entre las Partes. Las controversias no se remitirán a ninguna corte o tribunal nacional o internacional u organismo similar ni a terceros para su resolución, salvo acuerdo mutuo entre las Partes.
Artículo XXV
Entrada en vigor y duración
1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma.
2. Este Acuerdo permanecerá vigente durante un período inicial de diez (10) años y en adelante, sujeto a revisión y acuerdo por escrito de las Partes, será prorrogable por periodos adicionales de diez (10) años. Además, cualquiera de las Partes tiene el derecho de terminar este Acuerdo al final de los periodos de diez (10) años respectivos mediante notificación escrita de su propósito de terminar el Acuerdo enviada a la otra Parte por la vía diplomática, con un (1) año de antelación.
domingo, 1 de noviembre de 2009
EL PAPEL DE LOS COMUNICADORES SOCIALES EN LA LUCHA POR FRENAR EL DOMINIO HEGEMÓNICO Y TRASNACIONAL
Expertos de la comunicación se dieron cita en Cuba.
Renombrados teóricos de la comunicación, como el español Jesús Martín Barbero y el argentino Mario Kaplún, participaron en el XIII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, en esta capital.
El XIII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social tuvo lugar por primera vez en Cuba, desde 22 de octubre, bajo el lema: "La comunicación en la sociedad del conocimiento: desafíos para la Universidad".
En un contexto de integración y fortalecimiento de las democracias, el papel de los comunicadores sociales y las instituciones universitarias adquiere relevancia, sobre todo, por su capacidad para frenar el dominio hegemónico y trasnacional.
La realización del encuentro en nuestro país, prototipo de modelo alternativo hace ya cinco décadas, pudiera impulsar el avance de la comunicación hacia posiciones más acordes con los cambios que, en el terreno político, económico, social y cultural experimentan los países de América Latina, expresó el Doctor Julio García Luis, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.
Por ello, esta no será una actividad mediática, sino académica, un espacio para intercambiar experiencias, buscar consensos y debatir sobre la formación de los profesionales y el aporte de estos al progreso social.
En las circunstancias actuales de Latinoamérica —comentó García Luis— "resulta necesario superar el paradigma oligárquico de comunicación dominante, devenido agente contra procesos progresistas, como el de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Honduras, para después defender con mayor fuerza el derecho de los pueblos a elegir modelos propios de desarrollo".
Auspiciado por la UNESCO-Cuba y la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, el principal evento de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación contó con la presencia de 350 delegados cubanos y 934 extranjeros procedentes de 23 países.
VOZSIGLO21 pronto publicará documentos de este importante evento
Renombrados teóricos de la comunicación, como el español Jesús Martín Barbero y el argentino Mario Kaplún, participaron en el XIII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, en esta capital.
El XIII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social tuvo lugar por primera vez en Cuba, desde 22 de octubre, bajo el lema: "La comunicación en la sociedad del conocimiento: desafíos para la Universidad".
En un contexto de integración y fortalecimiento de las democracias, el papel de los comunicadores sociales y las instituciones universitarias adquiere relevancia, sobre todo, por su capacidad para frenar el dominio hegemónico y trasnacional.
La realización del encuentro en nuestro país, prototipo de modelo alternativo hace ya cinco décadas, pudiera impulsar el avance de la comunicación hacia posiciones más acordes con los cambios que, en el terreno político, económico, social y cultural experimentan los países de América Latina, expresó el Doctor Julio García Luis, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.
Por ello, esta no será una actividad mediática, sino académica, un espacio para intercambiar experiencias, buscar consensos y debatir sobre la formación de los profesionales y el aporte de estos al progreso social.
En las circunstancias actuales de Latinoamérica —comentó García Luis— "resulta necesario superar el paradigma oligárquico de comunicación dominante, devenido agente contra procesos progresistas, como el de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Honduras, para después defender con mayor fuerza el derecho de los pueblos a elegir modelos propios de desarrollo".
Auspiciado por la UNESCO-Cuba y la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, el principal evento de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación contó con la presencia de 350 delegados cubanos y 934 extranjeros procedentes de 23 países.
VOZSIGLO21 pronto publicará documentos de este importante evento
domingo, 13 de septiembre de 2009
EL RECUERDO DE LA DICTADURA CON VISTA A LAS PRESIDENCIALES
La propuesta de la derecha es que nos quedemos sin historia. Para Piñera la oferta es seductora, pues sólo si los chilenos toman el camino del olvido él podría llegar a ser Presidente.
Esta semana se conmemoró la mayor fractura institucional del país en el siglo XX: el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Coincidió esta fecha con la inscripción de los candidatos presidenciales en el registro electoral.
Resulta imposible no ligar ambos hechos. Sobre todo cuando el aspirante a La Moneda Sebastián Piñera llamó el 1 de septiembre pasado, cuando se proclamó, a olvidar el pasado y mirar con optimismo el futuro. Es probable que sólo sea una frase cliché para los comicios, pero resulta escalofriante.
La propuesta de la derecha es que nos quedemos sin historia. Para Piñera la oferta es seductora, pues sólo si los chilenos toman el camino del olvido él podría llegar a ser Presidente.
Afortunadamente, la opción de todos los restantes aspirantes a La Moneda es recordar nuestro pasado para proyectarnos al futuro. Es también la alternativa de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, opción que ha hecho explícita el pasado 11 de septiembre. En el palacio presidencial, alguna vez envuelto en llamas por la acción de quienes ahora adhieren a la candidatura de Sebastián Piñera, Bachelet quiso oír el discurso con que Salvador Allende se despidió de los chilenos. En 36 años, nunca antes, su voz había sido escuchada ahí. Fue emocionante. Su propio discurso también lo cerró con las palabras de Allende: “Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores”.
La presencia de Bachelet y de los gobiernos de la Concertación en La Moneda es fruto de un aprendizaje histórico. Fuerzas políticas que, cuando fue el golpe de Estado, estuvieron divididas, se reencontraron a comienzos de los noventa para construir un proyecto común de país, que se ha plasmado en el modelo de protección social articulado por la Presidenta.
Ciertamente, las heridas abiertas por los 17 años de dictadura militar no se han cerrado plenamente. Es probable que sobre el origen del golpe de Estado y su naturaleza nunca se logre un consenso pleno. No obstante, se hace imprescindible tener una visión común sobre la necesidad de castigar con el mayor rigor de la ley las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, cometidas durante el régimen militar.
Sólo de esa manera será posible evitar la repetición de acciones que comprometieron a instituciones completas creadas para exterminar físicamente a los adversarios políticos, como lo fueron la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y su continuadora, la Central Nacional de Informaciones (CNI). La acción criminal cometida desde el Estado se prolongó hasta los últimos momentos del régimen militar. Justamente en estos días se han recordado crímenes cometidos en los últimos cuatro años de dictadura, como los asesinatos de José Carrasco (1986) y Jecar Neghme (1989), que lamentablemente no han tenido penas ejemplarizadoras contra los oficiales del Ejército que los cometieron; y la detención y desaparición de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), efectuadas en 1987. Cuando se ejecutaron estos crímenes eran autoridades de gobierno muchos de los dirigentes y militantes de los dos partidos que respaldan a Piñera. No cabe duda entonces de que su llamado al olvido es absolutamente interesado.
Es evidente que el camino de reconciliación impulsado por los gobiernos concertacionistas se vería truncado si su sentido no se prolonga más allá del bicentenario. Así lo ha dejado claro uno de los diputados piñeristas, Iván Moreira, quien ha propuesto para enfrentar los desmanes vandálicos minoritarios que se producen con motivo del aniversario del golpe de Estado, la instauración del toque de queda. La Alianza por Chile demuestra a través de estas expresiones que en su “disco duro” están las mismas soluciones que hace 20 años implementaba Pinochet. //LND
Esta semana se conmemoró la mayor fractura institucional del país en el siglo XX: el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Coincidió esta fecha con la inscripción de los candidatos presidenciales en el registro electoral.
Resulta imposible no ligar ambos hechos. Sobre todo cuando el aspirante a La Moneda Sebastián Piñera llamó el 1 de septiembre pasado, cuando se proclamó, a olvidar el pasado y mirar con optimismo el futuro. Es probable que sólo sea una frase cliché para los comicios, pero resulta escalofriante.
La propuesta de la derecha es que nos quedemos sin historia. Para Piñera la oferta es seductora, pues sólo si los chilenos toman el camino del olvido él podría llegar a ser Presidente.
Afortunadamente, la opción de todos los restantes aspirantes a La Moneda es recordar nuestro pasado para proyectarnos al futuro. Es también la alternativa de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, opción que ha hecho explícita el pasado 11 de septiembre. En el palacio presidencial, alguna vez envuelto en llamas por la acción de quienes ahora adhieren a la candidatura de Sebastián Piñera, Bachelet quiso oír el discurso con que Salvador Allende se despidió de los chilenos. En 36 años, nunca antes, su voz había sido escuchada ahí. Fue emocionante. Su propio discurso también lo cerró con las palabras de Allende: “Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores”.
La presencia de Bachelet y de los gobiernos de la Concertación en La Moneda es fruto de un aprendizaje histórico. Fuerzas políticas que, cuando fue el golpe de Estado, estuvieron divididas, se reencontraron a comienzos de los noventa para construir un proyecto común de país, que se ha plasmado en el modelo de protección social articulado por la Presidenta.
Ciertamente, las heridas abiertas por los 17 años de dictadura militar no se han cerrado plenamente. Es probable que sobre el origen del golpe de Estado y su naturaleza nunca se logre un consenso pleno. No obstante, se hace imprescindible tener una visión común sobre la necesidad de castigar con el mayor rigor de la ley las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, cometidas durante el régimen militar.
Sólo de esa manera será posible evitar la repetición de acciones que comprometieron a instituciones completas creadas para exterminar físicamente a los adversarios políticos, como lo fueron la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y su continuadora, la Central Nacional de Informaciones (CNI). La acción criminal cometida desde el Estado se prolongó hasta los últimos momentos del régimen militar. Justamente en estos días se han recordado crímenes cometidos en los últimos cuatro años de dictadura, como los asesinatos de José Carrasco (1986) y Jecar Neghme (1989), que lamentablemente no han tenido penas ejemplarizadoras contra los oficiales del Ejército que los cometieron; y la detención y desaparición de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), efectuadas en 1987. Cuando se ejecutaron estos crímenes eran autoridades de gobierno muchos de los dirigentes y militantes de los dos partidos que respaldan a Piñera. No cabe duda entonces de que su llamado al olvido es absolutamente interesado.
Es evidente que el camino de reconciliación impulsado por los gobiernos concertacionistas se vería truncado si su sentido no se prolonga más allá del bicentenario. Así lo ha dejado claro uno de los diputados piñeristas, Iván Moreira, quien ha propuesto para enfrentar los desmanes vandálicos minoritarios que se producen con motivo del aniversario del golpe de Estado, la instauración del toque de queda. La Alianza por Chile demuestra a través de estas expresiones que en su “disco duro” están las mismas soluciones que hace 20 años implementaba Pinochet. //LND
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