LA COLUSION FARMACEUTICA

CENDA
Carta Económica 05 de Abril de 2009

La colusión farmacéutica
Por Hugo Fazio

La colusión en los mercados oligopólicos –que son muy numerosos en el país- no constituye un hecho nuevo. Las denuncias al respecto en contra de los tres consorcios que controlan la comercialización de productos farmacéuticos -Cruz Verde, Farmacias Ahumada y Salcobrand- han sido numerosas. La concentración sectorial empezó a producirse de comienzo de la década de los noventa, o sea durante los gobiernos de la Concertación. Con su accionar las grandes cadenas liquidaron masivamente a grupos menores y a propietarios individuales. Lo nuevo fue que la investigación efectuada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) desde diciembre de 2008 acusando a tres consorcios de coludirse para elevar los precios de 222 medicamentos entre diciembre de 2007 y abril de 2008 fue corroborada y ampliada por Farmacias Ahumada (FASA), controlada por José Codner y con una fuerte presencia del grupo Solari, poseedor de un 20% de los títulos.

FASA: estructura de propiedad
(Fuente: Fasa. En % del total)

Accionista------------------------------ %
José Codner y flia.--------------------- 51,1
Inv. Institucionales-------------------- 24,7
Grupo Solari (Falabella)--------------- 20,0
AIG------------------------------------ 2,0

Las otras dos cadenas rechazan la existencia de colusión. Los hechos indican que entre Cruz Verde y SalcoBrand existen relaciones muy profundas, desde que el grupo Yarur tomó el control de esta última. “Se concretó una alianza estratégica entre SalcoBrand y Socofar- expresó en diciembre de 2008 la FNE en su informe sobre la necesidad de investigar la existencia de colusión- (…) en virtud de la cual (ésta, Socofar) surte a SalcoBrand, desde el primero de octubre 2007 y hasta la fecha de medicamentos genéricos”. Socofar es la empresa controladora de Cruz Verde. El abastecimiento de genéricos se realiza desde el laboratorio Mintlab, que pertenece a Socofar. Con esta alianza, Mintlab pasó a ser el mayor abastecedor de genéricos en el país, desplazando al Laboratorio Chile, que tradicionalmente –desde que era empresa estatal- ocupaba ese lugar. A su vez, Socofar le compra medicamentos de marca al laboratorio Medipharma, perteneciente a Salcobrand.

Por tanto, las estrechas relaciones van mucho más allá de los acuerdos en materia de precios. La FNE en su requerimiento sobre colusión hace referencias explícitas a esta relación. “Conlleva –se señala en el documento- cierto grado de integración. Dicho convenio -añade- es un instrumento que, evidentemente, facilita y legitima los canales de comunicación entre competidores, y por otra parte permite un traspaso de información respecto al volumen de compra y venta”.

El acuerdo de estas cadenas afectando a los consumidores no es primera vez que se reconoce públicamente. En 1993, frente a otras investigaciones efectuadas por los organismos antimonopólicos, el gerente general a esa fecha de Cruz Verde, Jorge Brenner, en una exposición en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados reconoció la existencia de acuerdos con Ahumada y Salco –controlada por las familias Colodro, Weinstein y Bitrán, que posteriormente se fusionó con Brand, dando origen a SalcoBrand- para fijar determinados precios. La constatación condujo a aplicar multas a las cadenas, que fue menor para la que corroboró las denuncias, Cruz Verde.

No constituyen tampoco los únicos casos de colusión en que participan grandes empresas chilenas. En enero, el Departamento de Justicia norteamericana multó en US$109 millones a Lan Chile por ponerse de acuerdo con Aerolinhas Brasileiras y EL AL de Israel. La empresa aérea es controlada por el grupo Cueto y el candidato presidencial de derecha Sebastián Piñera. “Los consumidores –expresó la resolución judicial- se vieron obligados a pagar más debido a tarifas de embarques infladas y abusivas aplicadas por estas empresas” (27/03/09).

El requerimiento iniciado por la FNE en diciembre de 2008 incluyó un medicamento que en sólo cinco meses experimentó en las tres cadenas un aumento de 187%, sin que funcionase ningún mecanismo en defensa de los consumidores. FASA fue aún más lejos. Informó de alzas en ese periodo en 298 medicamentos reconociendo que el producto de mayor incremento lo hizo en 310,6%. Los antecedentes proporcionados hacen partícipes, además, a nueve laboratorios en la concertación de precios. El fiscal nacional económico, Enrique Vergara destacó como un acontecimiento sin precedentes “que venga un participante de un cartel, se acerque voluntariamente a la Fiscalía, reconozca el hecho y colaborase” (26/03/09).

En el acuerdo entre la FNE y FASA la cadena farmacéutica se compromete a entregar un millón de dólares bajo la figura de un “beneficio social” y a mejorar su gestión para no volver a caer en acciones del mismo tipo. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) al conocer el acuerdo de conciliación estableció explícitamente en su resolución la aclaración “que el pago monetario al que pretende quedar obligado la parte de FASA es una multa y que por ende supone reconocimiento de responsabilidad por hechos constitutivos de infracción a las normas sobre protección de Libre Competencia (…)”. El monto fijado en la conciliación es ridículo, no tiene ninguna relación con las utilidades obtenidas. El director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), José Roa, ha declarado que se trata de una suma muy inferior a la esperada y no descarta interponer una demanda colectiva. El representante de las farmacias no miembro de las cadenas oligopólicas (Unfach), Gilberto Rudolph, se pronunció por que se aplique la “ máxima multa” establecida en las leyes vigentes, ascendente a US$15 millones (03/04/09).

En EE.UU. la colusión puede llevar a sanciones hasta de US$100 millones y a penas de cárcel para los responsables, con un máximo de diez años, además de tener que cancelar personalmente una multa que puede alcanzar al millón de dólares. En Chile, la ley que estableció el TDLC durante el gobierno Lagos las acciones contrarias a la libre competencia se despenalizaron, porque la derecha se opuso a establecerlas y el ejecutivo concilió frente a esta posición, significando un retroceso en este aspecto frente a la legislación existente con anterioridad.

Desde luego, la gravedad del asunto no se resuelve únicamente con una sanción pecuniaria, ya que revela un problema de salud pública y de carencia de regulaciones, muy grave. La dirección de Fasa ha señalado su desconocimiento de los pasos dados por los altos empleados que acordaron la colusión. Es una afirmación no creíble. De ser así no estarían cumpliendo con sus funciones directivas, no desapareciendo por ende su responsabilidad.

El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, destacó que constituía “un juicio histórico”, para lograr que “el mercado funcione bien y funcione para todos” (26/03/09). Los hechos confirman que realmente no funcionan mecanismos de mercado y que deben establecerse regulaciones que enfrenten los altos niveles de concentración del sector y de la economía chilena, asunto central que, desde luego, no se resuelve con la constatación de la colusión y las multas a aplicarse, lo cual no significa restar significación a la investigación efectuada por la FNE. Se trata, precisamente, que sirva de fundamento para medidas de fondo. El gobierno no puede limitarse a esperar que la FNE y el TDLC hagan “lo que les corresponde”, como manifestó el ministro (02/04/09)

Llama la atención que un ex fiscal económico durante los gobiernos de la Concertación, Pedro Mattar, defienda a una de las empresas que se coludieron, Cruz Verde, ratificando una vez más el movimiento que se produce desde cargos públicos a funciones en consorcios privados o viceversa, que explica en no pocos casos la no defensa de los intereses de la población. Más aún, Mattar pidió al TDLC que rechace el acuerdo entre la FNE y FASA, afirmando que la conciliación, en su opinión, tendría visos de ilegalidad. De esta manera, pretende negar en la práctica la existencia de colusión.

El mercado farmacéutico tiene un grado de concentración muy elevado, lo cual facilita el entendimiento, aunque en otros momentos conduce –como efectivamente en un momento aconteció- a guerra de precios. Las tres cadenas controlan un 92,1% del mercado. En conjunto poseen 1.280 locales. La colusión adquiere aún más gravedad por tratarse de un mercado inelástico, ya que en muchos casos los usuarios deben adquirir un medicamento específico por prescripción médica aunque su precio se eleve. No tienen alternativa a no ser dejar de consumirlo.

Mercado farmacéutico: nivel de concentración
(Fuente: Diario Financiero. En porcentaje de ventas y número de locales)

Cadena ---------%------------ Nº locales--------------- controlada por:
Cruz Verde ---40,6%------------ 511------------------- Guillermo Harding
FASA--------- 27,7%------------ 347------------------- José Codner
Salcobrand---- 23,8%----------- 422------------------- Grupo Yarur

Fasa tiene inversiones, además, en México y Perú. Completando en los tres países 1.176 locales, de los cuales un 55% está en México, 31% en Chile y 14% en Perú. En el año 2000 adquirió la cadena Drogamed en Brasil, que posteriormente vendió a causa de las fuertes pérdidas registradas. Es uno de los grupos económicos chilenos que se ha expandido en América Latina. Lo sucedido de inmediato planteó la interrogante de sí las mismas prácticas las trasladó a otros países de la región. En Perú, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso solicitó al Instituto Nacional de Defensa de la Libre Competencia investigar a Boticas Fasa –su filial en el vecino país- si había o no recurrido a iguales prácticas. En México, la Comisión Federal de Competencia estudia lo acontecido para ver si amerita una investigación a Farmacias Benavidas, la filial azteca de FASA.

El reconocimiento de la existencia de colusión condujo a una división en el directorio de la cadena farmacéutica. Los representantes del grupo Solari (Falabella) y de las AFP criticaron el actuar de la mayoría del directorio y de los principales ejecutivos. Falabella respaldó la petición de las AFP de una junta extraordinaria de accionistas, en la cual el grupo Harding tiene la mayoría, pidiendo además la salida del vicepresidente ejecutivo y el fiscal. “A mi me sorprende el llamado de renuncia que han hecho estos cuatro directores –comentó el director Alexander Fernández, elegido con los votos del grupo Harding-, cuando en las últimas dos reuniones de directorio ellos nunca expresaron disconformidad con el acuerdo que se había llevado a cabo” (31/03/09).

Frecuentemente las disputas entre intereses económicos entregan antecedentes para formarse una opinión más profunda sobre los manejos efectuados. Los accionistas mayoritarios hicieron trascender la realización de una reunión en enero entre José Codner y el vicepresidente de Falabella Juan Cuneo, lo que demostraría su conocimiento de las gestiones que ya entones se efectuaban con la FNE. Cuneo confirmó la realización de la cita, pero negó que en ella se hubiese tratado el acuerdo con la Fiscalía. Por lo demás, Falabella tiene historial de haber participado en otros actos de colusión reconocidos por la Corte Suprema. Así aconteció en la llamada “guerra del Plasma” durante la cual se puso de acuerdo con Cencosud, controlada por el grupo Paulmann, para presionar a proveedores tecnológicos.

El Mercurio inmediatamente salió al paso de cualquier intento de establecer regulaciones. “Este incidente probablemente dará origen –editorializó- a propuestas de establecer límites máximos de participación de mercado en determinadas industrias con el argumento de la inconveniencia de que ellas estén dominadas por un reducido número de operadores. Pero eso sería –pontificó- inadecuado para el país, porque impediría traspasar a los consumidores el ahorro de costos derivado de un mejor aprovechamiento de las economías de escala (…)” (26/03/09). Las personas groseramente afectadas por la colusión deben estar preguntándose cuál es el “traspaso de costos” en su beneficio y cómo se expresa el aprovechamiento de los mecanismos de economía a escala.

El tema de fondo es que la salud –así como acontece con la educación y la previsión- pasó a ser un negocio más. Esta aberración es lo que debe modificarse. A la población debe garantizársele la atención adecuada y quienes deseen –y puedan- contratar servicios adicionales tendrían que correr con los gastos consiguientes. La indignación pública hacia el “negocio de la salud” constituye una de las razones que condujo a diez de las trece Isapres a no reajustar sus planes durante el año que se inicia en junio próximo, aunque suben en términos nominales al estar fijados en U.F. Por lo demás, las elevadas alzas en el año en curso condujo a un traspaso de afiliados al sistema de salud estatal, disminuyendo las isapres sus cotizantes, con la excepción de Masvida que mantuvo sus planes inalterables.

Las victimas de la colusión son los consumidores. En la práctica significa un traspaso ilegítimo de recursos hacia las grandes cadenas farmacéuticas, que debe establecerse los mecanismos para que se revierta. Ello se produjo antes y puede volver a darse. Por tanto, sería muy insuficiente si la preocupación nacional se radicase únicamente en los momentos de colusión reconocidos. En 2008, el mercado farmacéutico chileno efectuó operaciones ascendentes a US$1.060 millones en medicamentos, con un incremento de 15% con relación al año precedente. Como ya se señaló en su mayor parte el proceso de comercialización se materializó a través de las cadenas aludidas.

Los hechos muestran la precariedad de la legislación existente frente a actos de colusión. De otra parte, llevan a la conclusión que las autoridades deben enfrentar el tema de fondo: los exorbitantes precios cobrados en multitud de productos por las cadenas farmacéuticas. Un solo ejemplo, los inhaladores Salbutamol que la estatal Central Nacional de Abastecimiento vende en $690, los principales consorcios del sector los comercializan en $6.015.

El Colegio Médico, así como diferentes organizaciones sociales y parlamentarios han planteado la creación de farmacias estatales que contrarresten la acción especulativa de los consorcios farmacéuticos, contribuyendo así a regular los precios. Más aún, debe volverse a la producción estatal de medicamentos esenciales en la salud de las personas, como acontece en muchos países. Otra alternativa, no excluyente, es poner precios máximos a productos de consumo masivo, varios de los cuales precisamente fueron en los que se produjo la colusión y han seguido experimentando alzas elevadas. Entre los medicamentos en que se expresó el acuerdo estuvieron los utilizados para la diabetes, hipertensión, ansiedad, insomnio y pastillas anticonceptivas. La salud es un problema social fundamental, que requiere del Estado medidas efectivas en defensa de los consumidores, más aún frente a acciones especulativas condenables.

La indignación pública frente a esta acción deleznable va en crecimiento, convirtiéndose en una de las mayores acciones de protesta ciudadanas de los últimos años. Miles de personas suscribieron en Internet la convocatoria a que el 7 de abril nadie compre en las farmacias comprometidas en la colusión. Otros centenares se sumaron a las demandas colectivas en contra de las tres cadenas presentadas ante los tribunales. Estas acciones no pueden limitarse a la condena de los responsables, sino deben exigir al Gobierno que enfrente el problema de fondo, garantizar a la población una adecuada atención, a los costos más bajos posibles en los medicamentos.

Los reclamos ante posibles acuerdos no se agotan sólo con el mercado farmacéutico. La Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) efectuó una presentación ante el TDLC argumentando que los consorcios del sector, Nestlé, Watt´s y Soprole, concuerdan los precios de adquisición. La Compañía Chilena de Fósforos, que controla un 93% del mercado, enfrenta un requerimiento de la FNE. Las tres empresas hegemónicas en Telefónica móvil, los consorcios extranjeros telefónica, VTR y Claro, fueron requeridos por la Fiscalía ante la denuncia que impiden el ingreso de nuevos actores. La solicitud de fusión entre Soquimich y Anegra conduciría de concretarse a que posean un 60% de la comercialización de fertilizantes, etc, etc. Los índices de concentración en los mercados chilenos son en muchos sectores muy elevados. Los niveles de regulación y las políticas para detener los procesos de concentración en cambio son muy débiles.

HUGO FAZIO