La propuesta de la derecha es que nos quedemos sin historia. Para Piñera la oferta es seductora, pues sólo si los chilenos toman el camino del olvido él podría llegar a ser Presidente.
Esta semana se conmemoró la mayor fractura institucional del país en el siglo XX: el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Coincidió esta fecha con la inscripción de los candidatos presidenciales en el registro electoral.
Resulta imposible no ligar ambos hechos. Sobre todo cuando el aspirante a La Moneda Sebastián Piñera llamó el 1 de septiembre pasado, cuando se proclamó, a olvidar el pasado y mirar con optimismo el futuro. Es probable que sólo sea una frase cliché para los comicios, pero resulta escalofriante.
La propuesta de la derecha es que nos quedemos sin historia. Para Piñera la oferta es seductora, pues sólo si los chilenos toman el camino del olvido él podría llegar a ser Presidente.
Afortunadamente, la opción de todos los restantes aspirantes a La Moneda es recordar nuestro pasado para proyectarnos al futuro. Es también la alternativa de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, opción que ha hecho explícita el pasado 11 de septiembre. En el palacio presidencial, alguna vez envuelto en llamas por la acción de quienes ahora adhieren a la candidatura de Sebastián Piñera, Bachelet quiso oír el discurso con que Salvador Allende se despidió de los chilenos. En 36 años, nunca antes, su voz había sido escuchada ahí. Fue emocionante. Su propio discurso también lo cerró con las palabras de Allende: “Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores”.
La presencia de Bachelet y de los gobiernos de la Concertación en La Moneda es fruto de un aprendizaje histórico. Fuerzas políticas que, cuando fue el golpe de Estado, estuvieron divididas, se reencontraron a comienzos de los noventa para construir un proyecto común de país, que se ha plasmado en el modelo de protección social articulado por la Presidenta.
Ciertamente, las heridas abiertas por los 17 años de dictadura militar no se han cerrado plenamente. Es probable que sobre el origen del golpe de Estado y su naturaleza nunca se logre un consenso pleno. No obstante, se hace imprescindible tener una visión común sobre la necesidad de castigar con el mayor rigor de la ley las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, cometidas durante el régimen militar.
Sólo de esa manera será posible evitar la repetición de acciones que comprometieron a instituciones completas creadas para exterminar físicamente a los adversarios políticos, como lo fueron la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y su continuadora, la Central Nacional de Informaciones (CNI). La acción criminal cometida desde el Estado se prolongó hasta los últimos momentos del régimen militar. Justamente en estos días se han recordado crímenes cometidos en los últimos cuatro años de dictadura, como los asesinatos de José Carrasco (1986) y Jecar Neghme (1989), que lamentablemente no han tenido penas ejemplarizadoras contra los oficiales del Ejército que los cometieron; y la detención y desaparición de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), efectuadas en 1987. Cuando se ejecutaron estos crímenes eran autoridades de gobierno muchos de los dirigentes y militantes de los dos partidos que respaldan a Piñera. No cabe duda entonces de que su llamado al olvido es absolutamente interesado.
Es evidente que el camino de reconciliación impulsado por los gobiernos concertacionistas se vería truncado si su sentido no se prolonga más allá del bicentenario. Así lo ha dejado claro uno de los diputados piñeristas, Iván Moreira, quien ha propuesto para enfrentar los desmanes vandálicos minoritarios que se producen con motivo del aniversario del golpe de Estado, la instauración del toque de queda. La Alianza por Chile demuestra a través de estas expresiones que en su “disco duro” están las mismas soluciones que hace 20 años implementaba Pinochet. //LND
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