La tragedia del mar

El mar de Chile está en grave peligro: Sobreexplotado y contaminado, ahora quiere ser privatizado. Todo esto sucede, con el auspicio de los Gobiernos de la Concertación y con la complicidad de la derecha y la "gran prensa" que de esto: nada informa. La Armada tampoco dice ni pío. La defensa del mar recae en pescadores artesanales y de mapuche-lafkenches, y en quienes han dado vida a la campaña "Salvemos el Mar de Chile". Aún queda tiempo.
Francisco Marin
Pdte. Corporación Parque Cultural ex Cárcel de Valparaíso
9-328.5915

El extenso mar de Chile está siendo depredado y contaminado. Prácticamente aniquilado. Amplios fiordos como el de Reñihué (Región de Los Lagos), bahías completas como la de Chañaral (Región de Atacama) o inmensos estuarios como el de Reloncaví (Los Lagos) son hoy tristes trozos de mar muerto. Testimonios de un modelo de desarrollo que tiene en la Naturaleza un objeto de explotación y acumulación de recursos. Nada más.

El daño más grave se ha producido en las últimas dos décadas, periodo que coincide con la mayor expansión de la industria salmonera, con la promulgación de la Ley 19.713, mejor conocida como Ley "corta" de Pesca, y con el inicio de los Gobiernos de la Concertación por la Democracia.
Mientras que la salmonicultura es responsable de la contaminación de extensas zonas del sur de Chile, entre ellas el mar interior de Chiloé desde donde se extrae el 70% de los pescados y mariscos que se consumen en Chile, la Ley Corta ha implicado el agotamiento de las principales pesquerías del país como son el jurel y la merluza común.
Otros responsables de este desastre son las grandes mineras, celulosas y termoeléctricas que han experimentado un gran crecimiento en este periodo. Estas actividades, sumadas a la salmonicultura y a la pesca industrial, son responsables de más del 90% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile.

"(Las empresas contaminantes) han actuado bajo la directa protección de los gobiernos de la Concertación que han creado leyes e instituciones cuyo objetivo es hacer que estas empresas obtengan la mayor cantidad de ganancia en el menor tiempo posible, sin importar las consecuencias sociales, económicas, ecológicas y culturales", expresó Cosme Caracciolo secretario general de la Confederación de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach) en entrevista con El Ciudadano.

Los productos del mar que hasta hace pocos años se podían encontrar en abundancia y eran orgullo de Chile, hoy son muy escasos. Además, se han vuelto peligrosos ya que debido a la extendida contaminación contienen tóxicos causantes de numerosas enfermedades.
En la caleta de Angelmó, que hasta hace 15 años fuera símbolo de la abundancia marina, hoy sólo se encuentran salmones llenos de piojos de mar (caligus sp) y posiblemente contagiados con virus ISA (anemia infecciosa del salmón).

"Lo que sucede con el mar chileno es una tragedia. Comunidades completas que hasta hace pocos años vivían en la frugalidad y la abundancia hoy sobreviven en la más horrible de las miserias como ocurre con los pescadores de Chiloé, San Antonio o Valparaíso y de otras cientos de caletas. Invaluables hábitats marinos han sido destrozados. Y todo esto sucede como resultado de decisiones políticas motivadas por el egoísmo, por la ambición (…) nadie que tenga consciencia de lo que está sucediendo y que quiera la mar puede hablar de esto sin que su alma lloré y sus ojos se humedezcan", dice Caracciolo.

La "Ley Lagos"

Caracciolo expresó que "de todas las políticas que han favorecido la contaminación del mar y la depredación de sus recursos, la más nefasta ha sido la promulgación de la Ley Corta de Pesca" implementada durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000- 2006). "Hasta antes de esa ley los peces eran cosa de nadie (res nullius) y lo que hacía el Estado era velar por su preservación. Lo que hace la 'Ley Lagos' (como él le llama) es cambiar el estatuto jurídico de los peces que pasaron a ser propiedad privada".

Esta Ley, además de generar propiedad sobre los recursos, implicó una nueva distribución de las cuotas de pesca entre los pescadores artesanales y las empresas industriales. La asignación resultante fue del todo desigual: Los grandes empresarios se quedaron con la mayor parte de la torta. Por ejemplo, en el caso de la pesquería de jurel el 95% le fue asignado a los empresarios industriales y sólo el 5% a la pesca artesanal. En el caso de la merluza de cola, el 100% de la cuota fue asignada a los industriales. En la Merluza común el 65% fue asignado a la industria y 35% a los artesanales.

Para capturar sus cuotas los industriales han ocupado el arte o pesca de arrastre. Este es muy poco selectivo, puesto que implica la utilización de redes que arrasan con el fondo marino, hasta con rocas de dos toneladas. Por medio de este arte de pesca, no sólo se capturan las especies buscadas, para las que se cuenta con permiso de pesca, sino que también su fauna acompañante. En el caso de la merluza común, esta fauna esta compuesta por 92 especies, entre las que se cuentan tiburones, diversos tipos de crustáceos y hasta esponjas. Estas, una vez dentro del barco pesquero, son apartadas y arrojadas muertas al mar. Esta práctica es conocida como descarte. También se descartan los ejemplares juveniles de las especies objetivo de la pesca.

Según un estudio de la Conapach (2006), basado en bitácoras de viaje de barcos arrastreros, el descarte en el caso de la merluza común constituyó el 2005, un 36,8% del total de la biomasa de merluza capturada.

Según Caracciolo, otro de los aspectos esenciales de la ley de pesca de 2001 fue que cambió el criterio sobre el que se regía la actividad pesquera. "Antes lo que importaba era la seguridad alimentaria y la sustentabilidad de los recursos. Tras la dictación de esta ley se impuso como criterio fundamental la eficiencia económica. Esto tuvo como consecuencia la depredación de los recursos", sostiene.

Y las cifras le dan la razón: El descenso de la biomasa marina desde el comienzo de la Ley Corta es elocuente. Según el instituto de Fomento Pesquero (IFOP), dependiente del Ministerio de Economía, el jurel existente en la zona económica exclusiva de Chile descendió de 6 millones de toneladas que había el 2001, a las 91 mil toneladas de 2007. A pesar de esto el Consejo Nacional de Pesca, institución encargada de asignar las cuotas año a año y que en su gran mayoría está integrada por representantes de grandes industriales, otorgó una cuota de pesca de esta especie de 1.300.000 toneladas para 2008.
Es decir, el Consejo Nacional de Pesca distribuyó una cuota de captura de jurel que es 13 veces mayor a la biomasa de esta especie. A entender de Caracciolo, este tipo de decisiones "pone en evidencia lo irracional y absurda de la política pesquera hoy vigente en Chile que han llevado al colapso de la mayoría de los recursos pesqueros".
En el caso de la merluza común, que es (o era) la especie más consumida por los chilenos y que fue fuente principal de sustento de decenas de miles de personas dedicadas a la actividad pesquero artesanal durante décadas, desde el comienzo de la aplicación de la Ley de Pesca (2001) la biomasa a descendido de 1.555.000 tns. a las 300.000 tns. de la actualidad según el IFOP. Esto, con el agravante que el 90% de estas merluzas son especies juveniles que no han alcanzado la etapa de reproducción. Debido a esta grave situación, y previendo la extinción de esta especia, la Conapach pidió en agosto de 2007 la veda total a la explotación de este recurso. El Consejo Nacional de Pesca, sin embargo, optó por inclinarse ante las demandas de los industriales arrastreros –que usan el arte de arrastre- asignando 55 mil toneladas de cuotas para el 2008.

Es importante mencionar que todas las pesquerías en la que la flota industrial usa el arte de arrastre y entre las que se cuenta también el congrio dorado, el besugo, el alfonsino y el bacalao de profundidad, se encuentran en estado crítico.

En estos momentos se debate en la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputados un proyecto de ley impulsado por la Conapach por el que se busca poner fin a la pesca de arrastre. Este proyecto es respaldado por una decena de diputados encabezados por el diputado René Alinco (Partido por la Democracia). El 7 de enero esta Comisión deberá decidir si impulsa este proyecto y lo lleva al pleno de la Cámara o, si por el contrario, lo deja morir antes de nacer.

Los impulsores de esta ley entre los que también se encuentran Greenpeace y organizaciones sociales congregadas en torno al Movimiento de los Pueblos y a la campaña Salvemos el Mar Chileno, sostienen que, de no aprobarse esta ley, en unos pocos años desaparecerán buena parte de los más importantes recursos marinos chilenos.

La privatización del mar

El último y más polémico de los conflictos que dicen relación con el mar y la lucha por su defensa es el que enfrenta a las empresas salmoneras con los pescadores de Aysén. Estos se oponen tajantemente a que se privatice el mar, lo que se quiere hacer –casi sin difusión- en el contexto de un plan de ayuda solicitado por las salmoneras, y que es respaldado por el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
Como hoy es de público conocimiento, a la industria salmonera la acechan plagas y epidemias. Está extinguiéndose siendo casi seguro que desaparezca como actividad económica dentro de este 2009. La crisis había sido anticipada en la edición Nº 50 de El Ciudadano (octubre de 2007).
Pero las salmoneras no se quieren ir sin antes llenar por última vez sus alforjas. Para ello han solicitado al Estado que les entregue 450 millones de dólares para superar la crisis. Lo hacen, a pesar del grave daño medioambiental, económico y sociocultural que han dejado como secuela. Y, a pesar de las inmensas ganancias obtenidas en los últimos 20 años, periodo en el cual se le han entregado cuantiosos subsidios. Sólo este 2008, el Estado chileno ha reconocido haberle regalado a esta industria más de 30 millones de dólares en subsidios fundamentalmente destinados a combatir el ISA y mejorar su dañada imagen.

Es importante considerar que las salmoneras prácticamente no pagan nada por el agua que usan y contaminan. Y que la mayor parte de ellas son propiedad de empresas extranjeras, principalmente noruegas como es el caso de Marine Harvest y Mainstream.

Por todo lo anterior, causó sorpresa el anuncio hecho por Bachelet ante el empresariado reunido en el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade), que tuvo lugar el pasado 28 de noviembre, en Casa de Piedra, Santiago. Allí la presidenta de Chile anunció que los recursos pedidos por esta industria, con el fin de revertir los efectos de la "crisis sanitaria" que tiene en el virus ISA su máxima expresión. Este virus se ha expandido desde Chiloé, hasta Magallanes pasando por Aysén lo que equivale a 2.400 kilómetros lineales de mar territorial chileno.
Según expresó a El Ciudadano Héctor Kol, encargado del Programa de salmonicultura de la Agrupación de Pescadores Artesanales de Aysén (AGO de Aysén), "Mientras a la industria causante de ese desastre ambiental y social el Gobierno le quiere regalar más US$ 450 millones de recursos que nos pertenecen a todos los chilenos, a los pescadores que han hecho un manejo responsable y sustentable de los recursos marinos se les quiere condenar al exterminio".
El miércoles 17 de diciembre, Felipe Sandoval, gerente de la Mesa de Trabajo del Salmón, organizada por el gobierno para abordar la crisis de la Industria salmonera, dio mayores detalles de su proyecto ante la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Dijo que para hacer efectivo estos traspasos de fondos era necesario hacer modificaciones legales que en la práctica suponen la privatización de las concesiones salmoneras, que actualmente son bienes fiscales.
La cosa funcionaría así: El gobierno transfiere los 450 millones de dólares comprometidos a bancos privados. Estos se lo entregan a la salmoneras las que para recibir el dinero, deben entregar en hipoteca las concesiones acuícolas a los bancos. Un día antes el senador Camilo Escalona había reconocido que ya se inició en el Senado la tramitación de la Ley de Concesiones Acuícolas a través de la cual se buscan hacer los cambios legislativos aquí reseñados. La tramitación de esta ley se ha manejado con extremo secreto.
El Estado y las salmoneras acordaron -en la citada Mesa del Salmón-, crear "barrios salmoneros". Estos buscan extender el área de dominio de las salmoneras e impedir el desarrollo de otras actividades –turismo, pesca artesanal- en las zonas bajo su influencia. Esto también sería motivo de adecuaciones legislativas.

Por todo lo anterior, y a pesar que son empresas que ya están desapareciendo, las empresas salmoneras están solicitando miles de concesiones de acuicultura en las regiones de Aysén y Magallanes, las que se entregan en forma gratuita. Una vez tramitadas, estas concesiones pasan a ser parte de los activos de las salmoneras. Ocurrido esto, sus tenedores pueden transferir a los bancos o al mejor postor estas concesiones que sólo costaron las molestias de la tramitación. ¡Negocio redondo!.

A este respecto Kol señaló: "el Estado no sólo le permitió a las salmoneras que hicieran pedazos el mar territorial austral, sino que ahora quiere regalárselo. Las salmoneras no podrán devolver los créditos que solicitarán a los Bancos y que respaldarán con estas hipotecas y, por lo tanto, los bancos se quedarán con el mar territorial austral". Y agrega: "Esto, en ningún caso lo permitiremos (…) exigiremos a todas las instituciones vinculadas con el tema, en particular al parlamento y a la Armada, que se pronuncien al respecto. Queremos que digan si están dispuestas a aceptar que el mar deje de pertenecer a todos los chilenos", señaló.
Los cambios legislativos antes mencionados implican privatizar el mar de Chile, tal como la dictadura de Augusto Pinochet hizo con las aguas continentales al dictar el Código de Aguas (1981). Una de las múltiples consecuencias que esto tendría, sería acabar con la actividad pesquero artesanal desde la Décima a la Duodécima regiones, puesto que los bancos podrían impedir el libre tránsito por los canales y fiordos australes que ahora pasarían a formar parte de su propiedad.

La maniobra de Sandoval, los salmoneros y la Banca, está encontrando una creciente resistencia de organizaciones sociales que intentan frenar la destrucción y privatización del mar. Muestra de esto es que el pasado 6 de diciembre las organizaciones que están dando vida al Movimiento de los Pueblos (MP) acordaron en su reunión fundacional -que tuvo lugar en Valparaíso-, lanzar la campaña Salvemos el Mar Chileno. Esta campaña tendrá un momento clave cuando en los primeros días de enero se presente el proyecto de Ley a través del cual se intenta modificar las normas ambientales que rigen la acuicultura, y que será patrocinado por el senador Nelson Ávila.
Es importante mencionar que la AGO de Aysén ha realizado numerosas denuncias respecto del a su entender "inmundo" accionar de la Industria Salmonera. El 8 de diciembre pasado, denunció ante la Contraloría General de la República (oficina de Aysén) que las empresas salmoneras utilizan el territorio marítimo como un vertedero industrial, donde descargan millones de toneladas de residuos orgánicos (heces de salmones y alimentos industriales). Respaldándose con fotos que muestran el fondo marino, la AGO dio a conocer la existencia de cinco vertederos de plásticos y otras estructuras no biodegradables, en las zonas de Canal Jacaf y Puyuhuapi. Específicamente de estructuras metálicas que corresponden a balsas-jaulas completas (incluidos los pasillos también metálicos), mallas loberas que cubren una amplia superficie del sedimento y redes con cadáveres de salmones en estado de putrefacción. Todo esto, en dos sectores que fueron clasificados como "Zonas Preferentes para la Conservación" o "el Turismo" en el proceso de Zonificación del Uso del Borde Costero vigente desde el año 2005. En su denuncia, la AGO identificó a las empresas Aquachile y Multiexport entre las responsables de la creación de vertederos industriales en el fondo del mar de la Comuna de Puerto Cisnes.
La AGO también acotó que había hecho en septiembre esta denuncia ante el Servicio Nacional de Pesca, y que el director regional de Aysén de dicha repartición, Gabriel Aqueveque, se negó a investigar estos hechos.

La pesca industrial y la salmonicultura no son las únicas grandes amenazas que afectan al mar de Chile. La gran minería, en las cuatro regiones del Norte chileno, ha destinado sus relaves tóxicos hacia el mar por medio de emisarios (tuberías) que han provocado desastrosas consecuencias de la que la contaminación de la bahía de Chañaral es un oscuro ejemplo. En las regiones del Centro Sur, es la industria forestal y celulosa la que se encarga de destruir el mar, como ocurre en el caso del Golfo de Arauco, que está completamente contaminado por dioxinas generadas por la industria forestal local.
Esto mismo ocurriría en caso de concretarse el proyecto de CELCO-Valdivia, que quiere arrojar al mar un ducto en la costa de Mehuín. Este intento ha sido consistentemente frenado por los pescadores y comuneros lafkenches que durante 12 años han cerrado el paso a la celulosa.
Junto a la defensa territorial que realizan para impedir que se hagan los estudios que la celulosa necesita para hacer el ducto, los lafkenches están recurriendo a las alternativas que ofrece la recientemente aprobada Ley de Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios, mejor conocida como Ley Lafkenche, cuya utilización se está convirtiendo en una eficaz herramienta que tienen en su lucha los defensores del mar. Esto por que da prioridad a las solicitudes de uso del mar hechas por representantes de pueblos originarios, reconociendo entre los usos que respalden las solicitudes: prácticas culturales, sociales y económicas, que hayan sido realizadas en el pasado por los solicitantes o sus antecesores.
Hay dos proyectos termoeléctricos que también están dando que hablar en lo relativo a la defensa del mar. Se trata de los proyectos por los que se busca construir termoeléctricas en Punta de Choros (región de Coquimbo) y junto a la desembocadura del río Maule (proyecto Los Robles). Estos, que han sido aprobados por las autoridades ambientales en procesos muy dudosos, han generado una gran respuesta de oposición ciudadana, a la que se han sumado científicos de prestigio internacional que hacen incierto su futuro. Los primeros días de diciembre visitó Chile Celine Cousteau, nieta del celebre oceanógrafo Jacques Cousteau, quien se dirigió a bucear a Punta de Choros. También se entrevistó con la presidenta Bachelet a quien le solicitó evite destruir el medioambiente de Punta de Choros que es vecino a la reserva de Pingüinos de Humboldt, ubicada en Isla Damas.