CENDA
Centro de Estudios Nacionales
de Desarrollo Alternativo
Las votaciones registradas en el parlamento en la semana que finaliza es necesario colocarlas en una perspectiva más general. Se vota una Ley General de Educación con el apoyo cerrado de los parlamentarios de derecho en medio del más abierto rechazo del estudiantado y el profesorado, actores fundamentales en el proceso educativo. Se aprueba una inyección de US$1.000 millones en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que tiene un efecto reductivo de la inflación en el corto plazo en negociaciones directas entre los más altos personeros ministeriales y el candidato presidencial Sebastián Piñera. Finalmente se aprueba su reajuste en los salarios mínimos a partir del primero de julio, que es inferior al movimiento del IPC en los quintiles donde se ubica esta capa de trabajadores, sin que además se les compense por la reducción en sus remuneraciones producida mes a mes por la fuerte alza de los precios.
Acuerdos “transversales” y salario mínimo.
Los entendimientos gubernamentales para sacar adelante algunos de sus proyectos de ley resultan sorprendentes. Los votos para aprobar inyectar US$1.000 millones al Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (FEPC) se negoció con el precandidato presidencial de derecha Sebastián Piñera. Paralelamente el acuerdo para obtener la aprobación de la Ley General de Educación, en medio de la abierta oposición de estudiantes de la enseñanza media y universitaria, del profesorado y otros sectores sociales, se buscó en consenso con el presidente del udista Instituto Libertad y Desarrollo, Cristián Larroulet, nominado para este propósito por la Alianza por Chile.
El acuerdo con Sebastián Piñera se empezó a gestar, según el relato de La Tercera en el mes de abril en el aeropuerto de Miami en donde coincidieron Piñera y el ministro de Hacienda Andrés Velasco “En esa ciudad –relata el periódico- intercambiaron diagnósticos del difícil momento que vive la economía mundial y encontraron varios puntos afines. El empresario de RN ha dicho –continuó la publicación- que si se elimina el impuesto a los combustibles y el precio del cobre cae, el superávit fiscal podría estar en riesgo, lo que sería un mal escenario para un próximo gobierno” (15/06/08). Análisis plenamente coincidente con el de Velasco.
Piñera actúo estimándose el futuro presidente. “De disminuirse el impuesto sin compensación –manifestó el senador José García Ruminot, con quien concordó el empresario su formulación considerando su calidad de miembro de la comisión de Hacienda de la cámara alta-, y dado el bajo crecimiento económico, podíamos llegar a una situación de déficit fiscal. Ese es un escenario –enfatizó- no deseado” (22/06/08). Alberto Espina fue aún más claro: “Debemos actuar -declaró- con responsabilidad fiscal, en la convicción de que llegaremos al Gobierno” (22/06/08). El equipo económico de Piñera ya está estudiando el probable escenario macroeconómico de 2010. Considerando este criterio que motivó la intervención y la posición del candidato de RN es inexplicable que el gobierno haya buscado su intermediación, concediéndole protagonismo para un proyecto que igualmente iba a ser aprobado.
De allí que frente a la iniciativa de inyectar US$1.000 millones al Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, en vez de reducir el impuesto específico que los grava, disminuyendo futuros ingresos fiscales permanentes coincidieron, poniéndose de acuerdo en subsidios transitorios como serian los recursos entregados al Fondo. Si se considerase este subsidio gasto público, que es su verdadero carácter, y de continuar elevado el precio del petróleo, la regla fiscal vigente no se cumpliría, ya que se destinarían a este fin ingresos que deben ser contabilizados como superávit y, por tanto, no se podrían utilizar. Ante esta coincidencia, Velasco flexibilizó su posición extendiendo el beneficio ya concordado con los dueños de camiones a los microbuses rurales e interurbanos, dueños de colectivos y de transportes escolares. Ampliando, a la vez, el fondo destinado a subsidiar la parafina y el gas licuado, que el empresario de derecha presentó demagógicamente como su aporte para alcanzar el acuerdo.
El entendimiento se refrendó en los días siguientes, no en La Moneda sino en la casa habitación de Sebastián Piñera, hasta donde concurrieron el vicepresidente Edmundo Pérez y el ministro de Hacienda con el abierto respaldo de Michelle Bachelet. La reunión fue utilizada, además, para reforzar –en la versión de Piñera- el entendimiento entre el Gobierno y Renovación Nacional en el proyecto de ley general de educación. Los dirigentes de los partidos de la Concertación criticaron las negociaciones con Piñera, fundamentalmente no por lo que ello significa y las concepciones de políticas económicas que están detrás de ellas, sino por asuntos secundarios como que el candidato presidencial no da garantías, “no es capaz –dijo Camilo Escalona- de cumplir con los compromisos” (16/06/08).
La ley General de Educación fue votada en la Cámara de Diputados cerradamente a favor por la derecha mientras que hasta horas antes de la votación 34 diputados de la Concertación estaban decididos a rechazarla teniendo presente la oposición existente entre profesores y estudiantes. El gobierno debió anunciar en medio del proceso de aprobación, para superar oposiciones, el próximo envío de otro proyecto destinado a fortalecer la educación pública. Estos hechos confirman a la vez el proceso de debilitamiento que vive la coalición gobernante.
Este tipo de acuerdos es lo que llevó a Eliodoro Matte, cabeza de uno de los mayores grupos económicos del país y máxima figura del Centro de Estudios Públicos a afirmar esos mismos días en la ceremonia de egreso del MBA de la Universidad de Chicago en donde se graduó en 1972: “La centroizquierda ha estado en el poder (en Chile) por los últimos 18 años y, esto es importante, todos los partidos políticos relevantes han aceptado el modelo de Chicago que aprendimos aquí” (16/06/08). Matte, en su intervención, calificó “El Ladrillo”, el programa económico aplicado en los años de dictadura, de “documento revolucionario”, lo cual, en su opinión, condujo a que Chile pasase a tener “el ambiente económico más progresista, más exitoso y más justo de América Latina”, sin recordar en ningún momento que Chile sigue estando, después de más de tres décadas de aplicación de este “modelo”, entre los países de peor distribución de los ingresos a nivel mundial. Es claro con una concentración de la riqueza gigantesca en muy pocas manos, entre las cuales se encuentra desde luego el grupo Matte y que, en consecuencia, ha sido “exitoso” para su patrimonio. De acuerdo a las cifras de Forbes, el grupo Matte cuenta con un patrimonio neto de US$7.900 millones, inferior a los del grupo Luksic que lo cifra en US$10.000 millones.
El impacto en los precios debe enfrentarse amortiguando sus efectos en los sectores de menores ingresos de la población, destinar recursos para estimular incrementos productivos a mediano y largo plazo, al tiempo que en el caso de los combustibles tener presente el desfase mundial entre demanda y oferta, así como sus efectos medioambientales negativos.
El criterio de aminorar las repercusiones de la inflación en los sectores de menor ingreso no estuvo presente al aprobarse el reajuste del salario mínimo a partir del primero de julio, ya que no hubo una compensación especial para los sectores de la población más golpeados por el alza en los precios. El monto decidido de $159.000 con un incremento nominal de 10,4%, no alcanza a cubrir el aumento experimentado por el IPC de los dos quintiles de la población de menores ingresos, si tomamos como referencia las cifras de inflación de mayo. Además tampoco se compensó la pérdida que se fue produciendo crecientemente desde julio del año pasado, por efecto de la fuerte alza en los precios que se aproxima a un 60% de una remuneración mensual. Para compensar esta pérdida debiera haberse otorgado a los receptores del salario mínimo un bono especial de unos $67.000. Todo ello sin considerar los aportes que se deben haber realizado por concepto de productividad. ¿Puede este reajuste nominal ser calificado como lo hizo la presidenta de la República de “un tremendo avance en equidad, en justicia social”? Sin duda que no. De mantenerse la inflación elevada ese deterioro se seguirá dando en los próximos meses. De allí la necesidad que se adopten medidas efectivas para amortiguar las alzas en bienes esenciales.
Evolución del Ingreso Mínimo Mensual : 2000-2008
(Salario nominal a julio de cada año. En pesos)
Evolución del Ingreso Mínimo Mensual : 2000-2008
(Salario nominal a julio de cada año. En pesos)
Año Monto Año Monto Año Monto
2000 100.000 2003 115.648 2006 135.000
2001 105.500 2004 120.000 2007 144.000
2002 111.200 2005 127.500 2008 159.000
La evolución general de los salarios es similar A abril, última cifra disponible, el índice nominal general de remuneraciones por hora del INE, registró un crecimiento en doce meses de 8,7%, aumentando en términos reales apenas 0,4%. El sector público, a su vez, en diciembre experimentó un descenso en sus remuneraciones reales. Es decir la crisis se busca enfrentarla constriñendo los salarios, cuando la desaceleración económica plantea la necesidad de expandir la demanda interna. Como objetivo de política económica se privilegia el antiinflacionario con efectos negativos en crecimiento, calidad de vida de grandes sectores de la población y distribución de los ingresos. “(…) No extrañaría ver propuestas de control salarial –como escribió el gerente general de Aserta Consultores, Hernán Frigolett- para seguir evitando la inflación, donde nadie se refiere al esfuerzo que debe provenir de los márgenes de operación, es decir del aporte de los pagos al capital, incluido el sector financiero”(18/06/08).
Como es usual centros de estudios de derecha y dirigentes del empresariado se manifestaron en contra del reajuste afirmando, como lo hizo Christian Johnson de la elitista Universidad Adolfo Ibáñez, que tendría como consecuencia la detención de las contrataciones y aumentar los despidos de las empresas cuyos costos les impiden mantener su actual personal (18/06/08). Rodrigo Castro, del Instituto de Libertad y Desarrollo, va aún más lejos cifrando los supuestos puestos de trabajo que se perderían en un año. Estas formulaciones, como señaló el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, “es parte de una película vista todos los años. Pero –añadió fundadamente- la experiencia posterior señala exactamente lo contrario” (20/06/08).
Los hechos negativos en materia de empleo se producen por otras razones, como la desaceleración económica o la crítica situación de muchas pequeñas empresas, pero en ningún caso si los salarios reales se reducen. En definitiva la oposición es a la existencia del salario mínimo, posición permanente de quienes sostienen que los desequilibrios incluidos los sociales, deben resolverse a través de un “libre” movimiento
del mercado, aunque este sea tan asimétrico como el que se da entre los empresarios y los trabajadores de menor calificación y sin organización.
Otros de los supuestos efectos negativos del reajuste en el salario mínimo que se entregan profusamente en muchos medios de comunicación es que tendría un efecto inflacionario, dado que empujaría a un alza –por lo demás muy necesaria- del conjunto de las remuneraciones. El presidente del Banco Central, José de Gregorio, ha constatado, utilizando como fuente las “evidencias disponibles”, que el “salario mínimo tiene poco o nulo impacto en el salario promedio de la economía” (20/06/08). De Gregorio, al mismo tiempo, insistió que la institución a su cargo “tienen que cuidar que al fenómeno inflacionario se le agreguen presiones salariales más allá de lo normal”. No precisó que entiende por normal. ¿Lo puede ser el casi nulo incremento experimentado en el país por los salarios reales? Su antecesor, Vittorio Corbo –ahora miembro de los directorios de ING Seguros, donde asumió como presidente, Farmacias Cruz Verde e Inmobiliaria Simonetti, además de volver a asumir como asesor en Chile del Banco Santander- insiste en que “pone más presión a la inflación” (22/06/08), a pesar que su monto real se redujo. La preocupación de voceros de sectores empresariales no es precisamente el salario mínimo, sino que su monto influye en las gratificaciones legales que se cancelan utilizándolo como referencia.
Para el diario Diario Financiero, propiedad del grupo económico encabezado por Ricardo Claro, el acuerdo alcanzado significa “un retroceso”, ya que en los años anteriores el Gobierno utilizó para analizar el monto del reajuste el concepto de “inflación esperada”, que por lo demás corresponde a cifras entregadas por el Banco Central o el ministerio de Hacienda. Si se reajusta en base a este parámetro antojadizo no se recupera ni siquiera el nivel real de los salarios del año anterior en los períodos de inflación descendente. Usando este concepto su editorial sostiene considerando que “las proyecciones de inflación para los próximos doce meses son cercanas al 5%, el alza de de 10,4%, lo que en términos reales equivale –concluye sin usar formas de cálculo matemáticas elementales- a un crecimiento cercano del 5%”(19/06/08). No se requieren conocimientos muy avanzados para concluir que si, por ejemplo, los salarios mínimos hace un año eran de cien y la inflación es, como aconteció hasta mayo, de dos dígitos su remuneración real desciende a menos de noventa. Si se reajustase en 5% como defiende el Diario Financiero, se produciría una baja en lo percibido superior al 5%.
Este conjunto de hechos lleva a una interrogante de gran importancia en un período electoral como en el que se encuentra el país. ¿Qué diferencia existe entre un gobierno de la Concertación y otro de la Alianza por Chile si los criterios fundamentales que utilizan para resolver temas de importancia es absolutamente el mismo? Para enfrentar la difícil coyuntura económica que vive el país y temas de la trascendencia de la Ley de Educación se requiere construir un movimiento muy vasto que interprete los intereses de las grandes mayorías y los del país.
HUGO FAZIO
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