INTRODUCCIÓN:
En las últimas tres décadas, la sociedad chilena ha experimentado profundas transformaciones, tanto en el campo de la política, es decir, en las relaciones políticas de dominación y subordinación entre las clases así como entre las fracciones de las clases sociales chilenas, como en el plano económico, o sea, en el patrón y en el movimiento interno de acumulación capitalista.
La implantación de la actual fase de desarrollo del capitalismo chileno no fue consecuencia de simples cambios económicos y/o tecnológicos, sino que fue el resultado del curso de la lucha de clases y del desarrollo de las luchas sociales que se produjeron durante el siglo XX y, en particular, desde la década de los 50 en adelante..
Hoy en día es evidente que las transformaciones experimentadas durante los últimos 30 años en la sociedad chilena forman parte inseparable del conjunto de cambios estructurales que también se produjeron en el sistema capitalista mundial en el mismo lapso, en un proceso que, a partir de la década de los 80, algunos denominaron “proceso de “globalización”.
En otros términos, con sus propias especificidades históricas, la implantación del “patrón neoliberal de acumulación capitalista chileno” respondió, y sigue respondiendo en la actualidad, a un movimiento global de reestructuración del sistema capitalista mundial, caracterizado por inmensas transformaciones que comprendieron y generaron fenómenos tales como la revolución tecnológica en el campo de la informática y las comunicaciones, el desarrollo de nuevas ramas de la producción y de nuevas mercancías, la globalización del capital financiero, la constitución de oligopolios de nivel mundial, la internacionalización y deslocalización de la producción industrial, cambios radicales en el comercio mundial y la conformación de bloques regionales, el desarrollo de nuevas formas de explotación del trabajo y de gestión de la producción, transformaciones estructurales al interior de la clase trabajadora, modificaciones en el papel económico del Estado, la privatización de empresas públicas productivas y de servicios básicos, desregulaciones generalizadas de los mercados, la restauración del capitalismo en los ex países socialistas, etc., etc.
En síntesis, “el desarrollo del modelo neoliberal” en Chile y “el actual proceso de globalización” son manifestaciones específicas, en distintos niveles, de la misma fase de desarrollo del sistema capitalista en el mundo.
A la luz de estas consideraciones es posible entender, a mi juicio, lo que presenta de particular o específico así como aquellas características generales que asume la implantación del “modelo de desarrollo capitalista neoliberal”.
La singularidad del establecimiento de las bases del desarrollo capitalista neoliberal chileno.
Comprender el significado y los alcances específicos de las transformaciones experimentadas en Chile a partir de 1973 implica necesariamente remitirse al nuevo proyecto de sociedad que se propuso materializar la dictadura militar una vez derrocado el gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende.
En efecto, aunque inicialmente las medidas adoptadas por el régimen militar parecieron responder a las supuestamente críticas condiciones políticas, económicas y sociales existentes en esos momentos, sus alcances concretos fueron más allá de lo exigido por la coyuntura. En lo concreto, era sólo el comienzo de un largo proceso de intervenciones tendiente a resolver por la vía autoritaria, y claramente a favor de la clase dominante, la crisis global a la que había llegado el desarrollo del capitalismo chileno después de veinte años de infructuosos intentos por remover, dentro de los cauces democráticos, los obstáculos estructurales que impedían seguir profundizando su desarrollo bajo el modelo de “industrialización sustitutiva de importaciones”.
Consecuentemente, las medidas que la dictadura militar comenzó a imponer drástica y progresivamente a partir de septiembre de 1973 apuntaron hacia tres objetivos estrechamente relacionados:
1. En primer lugar, reimponer plenamente el sistema de relaciones de dominación capitalistas, pero ahora reestructurado y reorganizado bajo la hegemonía del capital financiero, en reemplazo del anterior sistema de relaciones de dominación oligárquico-terrateniente y capitalista industrial que, fuertemente cuestionado durante la década de 1960, había entrado en abierta crisis durante el Gobierno de la Unidad Popular.
2. En segundo lugar, instalar y consolidar un nuevo patrón de acumulación de capital, en sustitución del supuestamente agotado modelo ISI, el cual además debía estar estrechamente alineado con las nuevas tendencias de desarrollo que exhibía el sistema capitalista mundial.
3. Finalmente, reinstaurar la hegemonía de la vieja concepción ideológica liberal, en que se planteaba que sólo a través de la competencia y el esfuerzo personal era posible alcanzar el “éxito individual” y el reconocimiento social, eliminando con ello “las equivocadas ideas socializantes basadas en obsoletos valores democráticos y de solidaridad forjadas en el país desde principios del siglo XX”.
Dadas las características que presentaba la sociedad chilena de esa época, la clase dominante chilena, para imponer sus intereses requería de un régimen político extremadamente autoritario, en que se contara y se utilizaran amplios recursos de coerción física para, por una parte, imponer sin contrapeso su proyecto de refundación capitalista al conjunto de los trabajadores y capas medias –quienes serían los más afectados por las transformaciones a realizar- y, por otra parte, neutralizar las presiones de aquellas fracciones de la propia clase dominante que se verían perjudicadas por la imposición del nuevo modelo de desarrollo.
Desde sus inicios, aunque quizás con una postura más reactiva que estratégica, la dictadura militar adoptó una serie de medidas represivas que configuraron una concentración, históricamente inédita, de poder político en el Estado, proceso que se desarrolló simultáneamente con uno de personalización y centralización del poder en el Ejecutivo. Entre esas medidas figuraron, entre otras:
a) Las destinadas a eliminar o controlar las diferentes instancias de representación propias del régimen democrático anterior. Se prohibieron los partidos y movimientos políticos de la Unidad Popular, mientras los restantes entraron en receso hasta que, en 1977, también quedaron proscritos. Se vedó toda actividad, manifestación pública u organización política de base. Se reglamentó las actividades de las organizaciones gremiales, vecinales, estudiantiles y comunitarias y las de los Colegios Profesionales. Simultáneamente, se dictaron una serie de normas tendientes a privar a las organizaciones sindicales de autonomía y libertad: se suspendieron las elecciones sindicales, el gobierno se reservó el derecho a designar dirigentes laborales y sus reuniones quedaron sujetas a autorización previa de la policía.
b) La clausura del Congreso Nacional, la disolución del Tribunal Constitucional y la quema de los registros electorales. La concentración del ejercicio de los Poderes Constituyentes, Ejecutivo y Legislativo en la Junta Militar, la que se reservó a la vez el control jurídico de sus propias decisiones, al igual que las atribuciones de la Contraloría General de la República. Con ello, la soberanía dejó de residir en el pueblo, -quien manifestaba su voluntad mediante elecciones, con mandatos renovables a plazo fijo-, y desapareció toda norma objetiva e impersonal en la generación del poder político y de las leyes, así como cualquier forma de control sobre el ejercicio y límites de las autoridades de Gobierno.
c) La declaración del estado de sitio; la suspensión de las garantías individuales; la imposición del toque de queda en todo el territorio nacional; la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a principios de 1974, y su sustitución por la Central Nacional de Informaciones (CNI) en 1977; la detención y tortura en campos de concentración de decenas de miles de hombres, mujeres, adolescentes e incluso niños; el asesinato y desaparición forzada de miles de personas; las purgas dentro de la administración pública; la represión dentro de las propias fuerzas armadas, todo bajo el pretexto de estar en un escenario de “guerra interna” contra el terrorismo y el comunismo internacional.
d) El cierre de periódicos, revistas y radios de izquierda, la censura de la prensa escrita, radio y televisión; la autorización para la publicación sólo de medios adscritos al régimen; la intervención de las universidades, la exoneración de cientos de académicos, la eliminación de institutos de investigaciones universitarios, la supresión de carreras del campo de las ciencias sociales y la designación de rectores militares.
e) El inicio de un proceso de descentralización político-administrativo del país cuyo objetivo fue transferir las decisiones que no revestían un carácter político y que, en la práctica, significó aumentar el poder central al reforzar la verticalidad del mando y ubicar al Presidente en la cúspide del poder.
La drasticidad y lo prolongado con que se aplicaron estas y otras medidas políticas similares, adoptadas inicialmente con un fuerte ánimo revanchista y, posteriormente, con fines de disciplinamiento social, fue configurando el cuadro de un régimen político de características totalitarias nunca antes vistas, que se propuso como misión lograr, en un tiempo no precisado, la refundación, reconstrucción y restauración de una sociedad de nuevo tipo.
Aunque el contenido de clase del proyecto de refundación y recomposición de la sociedad chilena fue, desde el primer momento del golpe militar, claramente capitalista, recién en 1975, con ocasión de la aplicación de un conjunto de medidas económicas “de choque” destinadas a solucionar enérgicamente el problema inflacionario e intensificar las reformas estructurales, se comenzó a perfilar el nuevo patrón de acumulación que se impondría y la fracción de la clase dominante que lo hegemonizaría.
Ciertamente, dados los desequilibrios macroeconómicos que presentaba la economía chilena en septiembre de 1973 y la fuerte intervención que había realizado el gobierno de la Unidad Popular en la estructura de propiedad privada y de administración de los principales medios de producción del país, el primer objetivo que se propuso el régimen militar fue reinstaurar las condiciones mínimas que permitieran el funcionamiento de una economía capitalista.
Para ello, en sus inicios el régimen militar definió e implementó un conjunto de políticas que apuntaron a:
1. Imponer el mercado y el sistema de precios como los principales instrumentos de asignación de recursos de la economía, en detrimento del tradicional y creciente papel que había jugado el Estado como promotor y planificador del desarrollo económico y social. En términos concretos, ello significó la liberación de la mayor parte de los precios sujetos a control estatal, la devaluación del tipo de cambio y la postergación de los reajustes salariales, lo que se tradujo en una caída vertical de los sueldos y salarios reales
Era el comienzo de un proceso de profunda redistribución regresiva del ingreso y de jibarización del Estado.
2. Ampliar el espacio económico del capital privado, restableciendo, por una parte, los derechos de la propiedad privada y de administración que el proyecto de la Unidad Popular, -dirigido a constituir un área de propiedad social-, había restringido y, por otra, reimponer coercitivamente la quebrada disciplina laboral a nivel de las empresas y a nivel global. Lo anterior se tradujo, por un lado, en la devolución de los predios agrícolas ilegalmente ocupados, la disolución de las formas colectivas de la propiedad de la tierra en las áreas reformadas y la devolución de las empresas requisadas e intervenidas según normas legales de excepción y, por otro, en la suspensión de las negociaciones colectivas, la limitación de la actividad sindical y la interdicción de los partidos de izquierda, rompiendo así sus históricos vínculos políticos con el movimiento
sindical.
3. Reintegrar la economía chilena al sistema capitalista mundial y recuperar la confianza de los organismos financieros internacionales,
1Las consecuencias fueron dramáticas: en octubre de 1973, el índice de remuneraciones reales de base 1970=100 cayó a 33.6 como consecuencia directa e inmediata de la liberación de precios. En 1974, el índice alcanzó la cifra de 67.5; en 1975 llegó a 65.7 y en 1976 a 72.8.
Banco Central de Chile, “Indicadores económicos y sociales 1960-1988”, Santiago, 1989.
como el FMI; para obtener su apoyo financiero y renegociar en mejores términos la deuda externa. Entre los gestos que se hicieron en el sentido descrito estuvo la restitución de diversas empresas extranjeras requisadas o intervenidas y el pago de una indemnización a las compañías norteamericanas nacionalizadas, en particular lascupríferas.
A mediados de 1974, y ante la persistencia de los desequilibrios macroeconómicos, los énfasis del programa de estabilización se pusieronen la reducción del déficit fiscal, -y, de paso, de los créditos internos a las empresas de propiedad estatal- lo que se reflejó en el presupuesto para 1975, en el que se contempló una reducción del gasto fiscal superior al 30% en términos reales. Como parte de esta política se dictaron las normas que regirían la privatización de las empresas y la banca comercial estatizada y se introdujeron importantes modificaciones tributarias, como fueron la derogación del impuesto al patrimonio y a las ganancias del capital y la introducción del impuesto al valor agregado
En los hechos, la disminución del déficit fiscal se realizó a través del recorte de la inversión, el gasto y el empleo públicos y la privatización de la mayor parte de las empresas en poder del Estado, provocando, en definitiva, una drástica reducción del tamaño y los ámbitos de acción
económica del Estado
Pero ese no fue el único efecto: simultáneamente al proceso de eliminación o minimización de las funciones de fomento, regulación y conducción económica del Estado se fueron configurando las
condiciones para reducir el papel que históricamente había desempeñado en la promoción del desarrollo social y en la reducción de las desigualdades sociales.
En 1975, ante la subsistencia de los desequilibrios internos y en un contexto externo desfavorable a consecuencias del aumento del precio internacional del petróleo y la caída en los precios del cobre, el régimen militar decidió llevar a cabo un programa de ajuste o de recuperación económica que se distinguió por la drasticidad de su aplicación.
Con relación a favorecer el desarrollo del capital financiero se dictaron las normas que
liberaban el funcionamiento del mercado de capitales y, respecto del sector externo, se inició un
proceso de rebaja unilateral de aranceles y se dictó un nuevo estatuto para atraer inversionistas
extranjeros. A este período corresponde el inicio de las transformaciones destinadas a crear una
nueva institucionalidad económica. Ver Vergara, P. Op. cit.
Al inicio del Gobierno Popular, el Estado poseía 46 empresas; hacia septiembre de 1973 se
había constituido un área de propiedad social con 460 empresas y 19 bancos. En 1980, sólo
quedaban en poder del Estado 24 empresas, incluyendo 1 banco.
En 1970, el Gasto Público ascendía al 40.6% del PGB, cifra que aumentó fuertemente durante
el Gobierno de la Unidad Popular. A partir de 1974, comenzó a disminuir rápidamente llegando
al 30.7% del PGB en 1976, porcentaje en torno al cual osciló hasta 1979. Por su parte, el
empleo en el sector público disminuyó entre 1974 y 1979 de un 11.3% de la PEA al 8.8%.
Vergara, P. Op. cit. p. Cuadro 1.
En lo esencial, el “tratamiento de choque” como se denominó, mantuvo las orientaciones de política que se venían implementando: contraer el gasto público, acentuar la liberalización de la economía y fortalecer el área privada, disminuir la emisión de dinero, aumentar los ingresos tributarios, potenciar el desarrollo del mercado de capitales, acelerar el proceso de minidevualuaciones del tipo de cambio, etc
El costo para la sociedad que tuvo la aplicación de este programa de ajuste fue altísimo, pero con él se establecieron las bases definitivas de lo que posteriormente sería conocido como el modelo de desarrollo neoliberal. Lo esencial del proyecto global de la dictadura, como era la privatización de la economía, la transferencia de recursos desde el sector asalariado y el Estado a la clase capitalista, la consolidación del núcleo financiero como fracción hegemónica de la clase dominante y la destrucción del Estado
Benefactor, hacia 1979 estaba realizado. La “mano invisible” del mercado había sido repuesta con la ayuda de la “mano militar” y juntas mostraban el verdadero contenido de clase del discurso ideológico y del modelo neoliberal impuesto.
“Dos años después del golpe militar, se privatiza la mayor parte de la banca estatizada. La
rapidez con que CORFO vende sus acciones en un año fuertemente recesivo como 1975, da una
idea del alto interés de la autoridad de la época por liberalizar el mercado financiero”. Zahler, R,
“Políticas recientes de liberalización y estabilización en los países del Cono Sur: el caso
chileno: 1974-1982”, en Rodríguez G, Jorge (Editor), “Perspectivas económicas para la
Democracia: Balance y lecciones para la experiencia chilena”, Instituto Chileno de Estudios
Humanísticos, Santiago, 1984.
Ver: Bardón, A, “Una década de cambios económicos: la experiencia chilena: 1973-1983”,
Editorial Andrés Bello, Santiago, 1985.
A modo de muestra: en 1975, la producción global cayó en un 12.9 % respecto del año anterior
y la desocupación llegó prácticamente al 19% de la PEA
Eduardo Felipe Toro Leontic
Mayo 3 de 2006.
En las últimas tres décadas, la sociedad chilena ha experimentado profundas transformaciones, tanto en el campo de la política, es decir, en las relaciones políticas de dominación y subordinación entre las clases así como entre las fracciones de las clases sociales chilenas, como en el plano económico, o sea, en el patrón y en el movimiento interno de acumulación capitalista.
La implantación de la actual fase de desarrollo del capitalismo chileno no fue consecuencia de simples cambios económicos y/o tecnológicos, sino que fue el resultado del curso de la lucha de clases y del desarrollo de las luchas sociales que se produjeron durante el siglo XX y, en particular, desde la década de los 50 en adelante..
Hoy en día es evidente que las transformaciones experimentadas durante los últimos 30 años en la sociedad chilena forman parte inseparable del conjunto de cambios estructurales que también se produjeron en el sistema capitalista mundial en el mismo lapso, en un proceso que, a partir de la década de los 80, algunos denominaron “proceso de “globalización”.
En otros términos, con sus propias especificidades históricas, la implantación del “patrón neoliberal de acumulación capitalista chileno” respondió, y sigue respondiendo en la actualidad, a un movimiento global de reestructuración del sistema capitalista mundial, caracterizado por inmensas transformaciones que comprendieron y generaron fenómenos tales como la revolución tecnológica en el campo de la informática y las comunicaciones, el desarrollo de nuevas ramas de la producción y de nuevas mercancías, la globalización del capital financiero, la constitución de oligopolios de nivel mundial, la internacionalización y deslocalización de la producción industrial, cambios radicales en el comercio mundial y la conformación de bloques regionales, el desarrollo de nuevas formas de explotación del trabajo y de gestión de la producción, transformaciones estructurales al interior de la clase trabajadora, modificaciones en el papel económico del Estado, la privatización de empresas públicas productivas y de servicios básicos, desregulaciones generalizadas de los mercados, la restauración del capitalismo en los ex países socialistas, etc., etc.
En síntesis, “el desarrollo del modelo neoliberal” en Chile y “el actual proceso de globalización” son manifestaciones específicas, en distintos niveles, de la misma fase de desarrollo del sistema capitalista en el mundo.
A la luz de estas consideraciones es posible entender, a mi juicio, lo que presenta de particular o específico así como aquellas características generales que asume la implantación del “modelo de desarrollo capitalista neoliberal”.
La singularidad del establecimiento de las bases del desarrollo capitalista neoliberal chileno.
Comprender el significado y los alcances específicos de las transformaciones experimentadas en Chile a partir de 1973 implica necesariamente remitirse al nuevo proyecto de sociedad que se propuso materializar la dictadura militar una vez derrocado el gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende.
En efecto, aunque inicialmente las medidas adoptadas por el régimen militar parecieron responder a las supuestamente críticas condiciones políticas, económicas y sociales existentes en esos momentos, sus alcances concretos fueron más allá de lo exigido por la coyuntura. En lo concreto, era sólo el comienzo de un largo proceso de intervenciones tendiente a resolver por la vía autoritaria, y claramente a favor de la clase dominante, la crisis global a la que había llegado el desarrollo del capitalismo chileno después de veinte años de infructuosos intentos por remover, dentro de los cauces democráticos, los obstáculos estructurales que impedían seguir profundizando su desarrollo bajo el modelo de “industrialización sustitutiva de importaciones”.
Consecuentemente, las medidas que la dictadura militar comenzó a imponer drástica y progresivamente a partir de septiembre de 1973 apuntaron hacia tres objetivos estrechamente relacionados:
1. En primer lugar, reimponer plenamente el sistema de relaciones de dominación capitalistas, pero ahora reestructurado y reorganizado bajo la hegemonía del capital financiero, en reemplazo del anterior sistema de relaciones de dominación oligárquico-terrateniente y capitalista industrial que, fuertemente cuestionado durante la década de 1960, había entrado en abierta crisis durante el Gobierno de la Unidad Popular.
2. En segundo lugar, instalar y consolidar un nuevo patrón de acumulación de capital, en sustitución del supuestamente agotado modelo ISI, el cual además debía estar estrechamente alineado con las nuevas tendencias de desarrollo que exhibía el sistema capitalista mundial.
3. Finalmente, reinstaurar la hegemonía de la vieja concepción ideológica liberal, en que se planteaba que sólo a través de la competencia y el esfuerzo personal era posible alcanzar el “éxito individual” y el reconocimiento social, eliminando con ello “las equivocadas ideas socializantes basadas en obsoletos valores democráticos y de solidaridad forjadas en el país desde principios del siglo XX”.
Dadas las características que presentaba la sociedad chilena de esa época, la clase dominante chilena, para imponer sus intereses requería de un régimen político extremadamente autoritario, en que se contara y se utilizaran amplios recursos de coerción física para, por una parte, imponer sin contrapeso su proyecto de refundación capitalista al conjunto de los trabajadores y capas medias –quienes serían los más afectados por las transformaciones a realizar- y, por otra parte, neutralizar las presiones de aquellas fracciones de la propia clase dominante que se verían perjudicadas por la imposición del nuevo modelo de desarrollo.
Desde sus inicios, aunque quizás con una postura más reactiva que estratégica, la dictadura militar adoptó una serie de medidas represivas que configuraron una concentración, históricamente inédita, de poder político en el Estado, proceso que se desarrolló simultáneamente con uno de personalización y centralización del poder en el Ejecutivo. Entre esas medidas figuraron, entre otras:
a) Las destinadas a eliminar o controlar las diferentes instancias de representación propias del régimen democrático anterior. Se prohibieron los partidos y movimientos políticos de la Unidad Popular, mientras los restantes entraron en receso hasta que, en 1977, también quedaron proscritos. Se vedó toda actividad, manifestación pública u organización política de base. Se reglamentó las actividades de las organizaciones gremiales, vecinales, estudiantiles y comunitarias y las de los Colegios Profesionales. Simultáneamente, se dictaron una serie de normas tendientes a privar a las organizaciones sindicales de autonomía y libertad: se suspendieron las elecciones sindicales, el gobierno se reservó el derecho a designar dirigentes laborales y sus reuniones quedaron sujetas a autorización previa de la policía.
b) La clausura del Congreso Nacional, la disolución del Tribunal Constitucional y la quema de los registros electorales. La concentración del ejercicio de los Poderes Constituyentes, Ejecutivo y Legislativo en la Junta Militar, la que se reservó a la vez el control jurídico de sus propias decisiones, al igual que las atribuciones de la Contraloría General de la República. Con ello, la soberanía dejó de residir en el pueblo, -quien manifestaba su voluntad mediante elecciones, con mandatos renovables a plazo fijo-, y desapareció toda norma objetiva e impersonal en la generación del poder político y de las leyes, así como cualquier forma de control sobre el ejercicio y límites de las autoridades de Gobierno.
c) La declaración del estado de sitio; la suspensión de las garantías individuales; la imposición del toque de queda en todo el territorio nacional; la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a principios de 1974, y su sustitución por la Central Nacional de Informaciones (CNI) en 1977; la detención y tortura en campos de concentración de decenas de miles de hombres, mujeres, adolescentes e incluso niños; el asesinato y desaparición forzada de miles de personas; las purgas dentro de la administración pública; la represión dentro de las propias fuerzas armadas, todo bajo el pretexto de estar en un escenario de “guerra interna” contra el terrorismo y el comunismo internacional.
d) El cierre de periódicos, revistas y radios de izquierda, la censura de la prensa escrita, radio y televisión; la autorización para la publicación sólo de medios adscritos al régimen; la intervención de las universidades, la exoneración de cientos de académicos, la eliminación de institutos de investigaciones universitarios, la supresión de carreras del campo de las ciencias sociales y la designación de rectores militares.
e) El inicio de un proceso de descentralización político-administrativo del país cuyo objetivo fue transferir las decisiones que no revestían un carácter político y que, en la práctica, significó aumentar el poder central al reforzar la verticalidad del mando y ubicar al Presidente en la cúspide del poder.
La drasticidad y lo prolongado con que se aplicaron estas y otras medidas políticas similares, adoptadas inicialmente con un fuerte ánimo revanchista y, posteriormente, con fines de disciplinamiento social, fue configurando el cuadro de un régimen político de características totalitarias nunca antes vistas, que se propuso como misión lograr, en un tiempo no precisado, la refundación, reconstrucción y restauración de una sociedad de nuevo tipo.
Aunque el contenido de clase del proyecto de refundación y recomposición de la sociedad chilena fue, desde el primer momento del golpe militar, claramente capitalista, recién en 1975, con ocasión de la aplicación de un conjunto de medidas económicas “de choque” destinadas a solucionar enérgicamente el problema inflacionario e intensificar las reformas estructurales, se comenzó a perfilar el nuevo patrón de acumulación que se impondría y la fracción de la clase dominante que lo hegemonizaría.
Ciertamente, dados los desequilibrios macroeconómicos que presentaba la economía chilena en septiembre de 1973 y la fuerte intervención que había realizado el gobierno de la Unidad Popular en la estructura de propiedad privada y de administración de los principales medios de producción del país, el primer objetivo que se propuso el régimen militar fue reinstaurar las condiciones mínimas que permitieran el funcionamiento de una economía capitalista.
Para ello, en sus inicios el régimen militar definió e implementó un conjunto de políticas que apuntaron a:
1. Imponer el mercado y el sistema de precios como los principales instrumentos de asignación de recursos de la economía, en detrimento del tradicional y creciente papel que había jugado el Estado como promotor y planificador del desarrollo económico y social. En términos concretos, ello significó la liberación de la mayor parte de los precios sujetos a control estatal, la devaluación del tipo de cambio y la postergación de los reajustes salariales, lo que se tradujo en una caída vertical de los sueldos y salarios reales
Era el comienzo de un proceso de profunda redistribución regresiva del ingreso y de jibarización del Estado.
2. Ampliar el espacio económico del capital privado, restableciendo, por una parte, los derechos de la propiedad privada y de administración que el proyecto de la Unidad Popular, -dirigido a constituir un área de propiedad social-, había restringido y, por otra, reimponer coercitivamente la quebrada disciplina laboral a nivel de las empresas y a nivel global. Lo anterior se tradujo, por un lado, en la devolución de los predios agrícolas ilegalmente ocupados, la disolución de las formas colectivas de la propiedad de la tierra en las áreas reformadas y la devolución de las empresas requisadas e intervenidas según normas legales de excepción y, por otro, en la suspensión de las negociaciones colectivas, la limitación de la actividad sindical y la interdicción de los partidos de izquierda, rompiendo así sus históricos vínculos políticos con el movimiento
sindical.
3. Reintegrar la economía chilena al sistema capitalista mundial y recuperar la confianza de los organismos financieros internacionales,
1Las consecuencias fueron dramáticas: en octubre de 1973, el índice de remuneraciones reales de base 1970=100 cayó a 33.6 como consecuencia directa e inmediata de la liberación de precios. En 1974, el índice alcanzó la cifra de 67.5; en 1975 llegó a 65.7 y en 1976 a 72.8.
Banco Central de Chile, “Indicadores económicos y sociales 1960-1988”, Santiago, 1989.
como el FMI; para obtener su apoyo financiero y renegociar en mejores términos la deuda externa. Entre los gestos que se hicieron en el sentido descrito estuvo la restitución de diversas empresas extranjeras requisadas o intervenidas y el pago de una indemnización a las compañías norteamericanas nacionalizadas, en particular lascupríferas.
A mediados de 1974, y ante la persistencia de los desequilibrios macroeconómicos, los énfasis del programa de estabilización se pusieronen la reducción del déficit fiscal, -y, de paso, de los créditos internos a las empresas de propiedad estatal- lo que se reflejó en el presupuesto para 1975, en el que se contempló una reducción del gasto fiscal superior al 30% en términos reales. Como parte de esta política se dictaron las normas que regirían la privatización de las empresas y la banca comercial estatizada y se introdujeron importantes modificaciones tributarias, como fueron la derogación del impuesto al patrimonio y a las ganancias del capital y la introducción del impuesto al valor agregado
En los hechos, la disminución del déficit fiscal se realizó a través del recorte de la inversión, el gasto y el empleo públicos y la privatización de la mayor parte de las empresas en poder del Estado, provocando, en definitiva, una drástica reducción del tamaño y los ámbitos de acción
económica del Estado
Pero ese no fue el único efecto: simultáneamente al proceso de eliminación o minimización de las funciones de fomento, regulación y conducción económica del Estado se fueron configurando las
condiciones para reducir el papel que históricamente había desempeñado en la promoción del desarrollo social y en la reducción de las desigualdades sociales.
En 1975, ante la subsistencia de los desequilibrios internos y en un contexto externo desfavorable a consecuencias del aumento del precio internacional del petróleo y la caída en los precios del cobre, el régimen militar decidió llevar a cabo un programa de ajuste o de recuperación económica que se distinguió por la drasticidad de su aplicación.
Con relación a favorecer el desarrollo del capital financiero se dictaron las normas que
liberaban el funcionamiento del mercado de capitales y, respecto del sector externo, se inició un
proceso de rebaja unilateral de aranceles y se dictó un nuevo estatuto para atraer inversionistas
extranjeros. A este período corresponde el inicio de las transformaciones destinadas a crear una
nueva institucionalidad económica. Ver Vergara, P. Op. cit.
Al inicio del Gobierno Popular, el Estado poseía 46 empresas; hacia septiembre de 1973 se
había constituido un área de propiedad social con 460 empresas y 19 bancos. En 1980, sólo
quedaban en poder del Estado 24 empresas, incluyendo 1 banco.
En 1970, el Gasto Público ascendía al 40.6% del PGB, cifra que aumentó fuertemente durante
el Gobierno de la Unidad Popular. A partir de 1974, comenzó a disminuir rápidamente llegando
al 30.7% del PGB en 1976, porcentaje en torno al cual osciló hasta 1979. Por su parte, el
empleo en el sector público disminuyó entre 1974 y 1979 de un 11.3% de la PEA al 8.8%.
Vergara, P. Op. cit. p. Cuadro 1.
En lo esencial, el “tratamiento de choque” como se denominó, mantuvo las orientaciones de política que se venían implementando: contraer el gasto público, acentuar la liberalización de la economía y fortalecer el área privada, disminuir la emisión de dinero, aumentar los ingresos tributarios, potenciar el desarrollo del mercado de capitales, acelerar el proceso de minidevualuaciones del tipo de cambio, etc
El costo para la sociedad que tuvo la aplicación de este programa de ajuste fue altísimo, pero con él se establecieron las bases definitivas de lo que posteriormente sería conocido como el modelo de desarrollo neoliberal. Lo esencial del proyecto global de la dictadura, como era la privatización de la economía, la transferencia de recursos desde el sector asalariado y el Estado a la clase capitalista, la consolidación del núcleo financiero como fracción hegemónica de la clase dominante y la destrucción del Estado
Benefactor, hacia 1979 estaba realizado. La “mano invisible” del mercado había sido repuesta con la ayuda de la “mano militar” y juntas mostraban el verdadero contenido de clase del discurso ideológico y del modelo neoliberal impuesto.
“Dos años después del golpe militar, se privatiza la mayor parte de la banca estatizada. La
rapidez con que CORFO vende sus acciones en un año fuertemente recesivo como 1975, da una
idea del alto interés de la autoridad de la época por liberalizar el mercado financiero”. Zahler, R,
“Políticas recientes de liberalización y estabilización en los países del Cono Sur: el caso
chileno: 1974-1982”, en Rodríguez G, Jorge (Editor), “Perspectivas económicas para la
Democracia: Balance y lecciones para la experiencia chilena”, Instituto Chileno de Estudios
Humanísticos, Santiago, 1984.
Ver: Bardón, A, “Una década de cambios económicos: la experiencia chilena: 1973-1983”,
Editorial Andrés Bello, Santiago, 1985.
A modo de muestra: en 1975, la producción global cayó en un 12.9 % respecto del año anterior
y la desocupación llegó prácticamente al 19% de la PEA
Eduardo Felipe Toro Leontic
Mayo 3 de 2006.
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